Luego de la matanza de 45 indígenas indefensos perpetrada en Acteal por grupos paramilitares --identificados, según múltiples indicios, documentos y testimonios, con grupos de poder económico y político de signo priísta-- la situación en las regiones de Los Altos y norte de Chiapas permanece en un estado de extrema tensión y desasosiego.
Por un lado, los miles de indígenas desplazados que se concentran en diversas localidades del municipio de Chenalhó para escapar de la violencia --a los que hay que sumar otros muchos que podrían salir de sus comunidades en los próximos días-- se encuentran en condiciones deplorables y enfrentan ahora, además del miedo constante y la amenaza de nuevos ataques, el grave riesgo de contraer enfermedades como el cólera y de padecer, por la escasez de alimentos y la insuficiencia de los albergues, los estragos del hambre y del frío. En este sentido, cabe hacer un llamado urgente a la sociedad civil para que, con la generosidad y el espíritu solidario que ha demostrado en otros momentos amargos de la historia reciente del país, asista a los compatriotas afectados por la inadmisible y criminal violencia que los grupos paramilitares han desatado en Chiapas y exija, ante todas las instancias competentes, la realización de una investigación a fondo de esos cruentos acontecimientos y el castigo conforme a derecho de sus responsables.
Por otra parte, pese a las reiteradas denuncias que han formulado múltiples organizaciones sociales, políticas y religiosas y medios de comunicación, nada se ha hecho para desactivar a los grupos de homicidas armados que operan en Chiapas --Paz y Justicia, Máscara Roja, Los Chinchulines, entre muchos otros-- y la posibilidad de que se cometan nuevos ataques y asesinatos permanece vigente. Existen reportes de que estos escuadrones de la muerte preparan nuevas incursiones contra comunidades indefensas, sin que las autoridades hayan actuado de forma suficiente y efectiva para desarticularlos.
Por añadidura, resulta muy preocupante que en momentos en que los grupos criminales promovidos y pertrechados por las oligarquías locales y los caciques de Chiapas podrían emprender nuevas acciones de exterminio, efectivos del Ejército Mexicano, según informaron fuentes castrenses citadas por diversos medios informativos, se encuentren tomando posiciones en puntos estratégicos de las zonas de influencia del EZLN para, supuestamente, prevenir nuevas acciones insurgentes con motivo del cuarto aniversario del alzamiento zapatista. Las autoridades, tanto locales como federales, deben comprender que en la solución del conflicto chiapaneco y en la prevención de nuevos sucesos violentos no tienen cabida las movilizaciones castrenses ni el reforzamiento de las prácticas represivas. Por el contrario, resulta urgente e indispensable el desmantelamiento de los grupos paramilitares, la realización de acciones que propicien la distensión en la zona, la detención y el castigo en apego a las disposiciones legales de los responsables materiales e intelectuales de la matanza de Acteal y el reinicio del proceso de paz en Chiapas mediante la aceptación de la iniciativa de ley de la Cocopa en materia de derechos y cultura indígenas.
En esta perspectiva, resultan pertinentes las declaraciones formuladas ayer por el secretario de Gobernación --durante su encuentro con legisladores-- en las que propone iniciar un proceso de conciliación en las zonas norte, selva y Altos de Chiapas, con la participación del EZLN, y reimpulsar la iniciativa de la Cocopa. Sin embargo, debe reconocerse que mientras continúen las movilizaciones del Ejército Mexicano en las zonas de conflicto, permanezcan activos los grupos paramilitares y no se le dé carácter de ley a los acuerdos de San Andrés, las propuestas del gobierno tendrán escasa repercusión, persistirán los riesgos de muerte y los sufrimientos de miles de indígenas, y permanecerá estancada la búsqueda de la paz.
De igual modo, cabe reiterar la improcedencia de los señalamientos que equiparan al EZLN con los grupos paramilitares, pues mientras el primero ha sido reconocido por la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas --instrumento en que se estipula que deberán ser resueltas las causas que originaron el levantamiento zapatista y atendidas sus demandas mediante soluciones consensuadas--, los segundos se encuentran al margen de la legalidad y sus actividades son abiertamente criminales e ilegítimas.
Por último, en las acciones que se emprendan para alcanzar la paz en Chiapas debe tenerse en cuenta, de forma indispensable, a la Conai, en el entendido de que es la única instancia de mediación con la legitimidad, el conocimiento y la capacidad suficientes para servir de puente entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la Cocopa y el gobierno federal.