CNDH: en Acteal, policías estatales intentaron ocultar cuerpos
No cumplió el gobierno en dar protección a desplazados, insiste

Angeles Mariscal, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 1o. de enero Ť La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Mireille Roccatti, dio a conocer un informe preliminar sobre el caso de la masacre de Acteal. Las evidencias indican que el gobierno del estado actuó con negligencia e incumplió con la medida cautelar respecto de proporcionar seguridad a los desplazados.

Agregó que también hay evidencias de que efectivos policiacos intentaron esconder los cuerpos de las 45 personas que perdieron la vida.

Roccatti subrayó que se teme que este tipo de acciones efectuadas por ``grupos de civiles armados'' se repitan en otras partes de la entidad donde también tienen presencia, particularmente en la zona norte.

Acompañada por Adolfo Hernández Figueroa, tercer visitador general de la CNDH, la ombudsman informó que las indagatorias del expediente CNDH/122/97/ CHENA/SO2966.123 se remontan al 18 de noviembre de 1997, cuando se recibió una queja de los habitantes de Chenalhó acerca de que la Policía de Seguridad Pública detuvo a dos personas luego de un enfrentamiento entre habitantes de las comunidades Aurora Chica, Bojoveltic y Chimix, en que murieron seis personas.

Al solicitar información a la Procuraduría General de Justicia del estado, la CNDH encontró que no se había iniciado ninguna averiguación previa; y luego de una visita a varias comunidades, el organismo constató que se percibía un ambiente de ``inseguridad y zozobra, en razón de que se habían registrado acciones armadas por parte de algunas personas con pasamontañas''.

A raíz de este hecho y de otras visitas a la zona, la CNDH solicitó al gobierno del estado, el 2 de diciembre, se efectuarán medidas cautelares a favor de los habitantes de las comunidades desplazadas de Chenalhó, consistentes, además de la entrega de ropa y medicina, en proporcionar seguridad a los desplazados. ``Sin embargo no se llevaron a cabo acciones eficaces para proporcionar y garantizar el retorno pacífico de las personas a sus respectivas comunidades en un ambiente de seguridad y cordialidad''.

Las investigaciones hasta ahora realizadas indican que a las 10:30 horas del día en que sucedieron los hechos, el coordinador general de Policía y el director de Seguridad Pública fueron notificados de que ``estaba ocurriendo algún tipo de ilícito en la comunidad Acteal''. Sin embargo, a las 13:05 reportaron un ``sin novedad''.

En este sentido, Mireille Roccatti dijo que las investigaciones ``pueden ir hasta los más altos niveles, según la responsabilidad que exista de acciones u omisiones'', siendo que además de que aparentemente los cuerpos policiacos no actuaron tan pronto supieron de los hechos que iniciaron aproximadamente a las 11 horas, ``el señor gobernador atendió las medidas cautelares que la CNDH emitió, pero en parte, no en su totalidad'', es decir, cumplió por lo que respecta a la parte humanitaria pero no al proporcionar seguridad a los grupos desplazados.

Roccatti subrayó que según las constancias que integran la averiguación previa, ``se constata que efectivamente los cuerpos --de las víctimas-- fueron desplazados del lugar donde fallecieron, fueron movidos unos cuantos metros (É) Los cuerpos estaban concentrados todos en un sólo lugar y unos encima de otros'', cuando otras instancias diferentes a la policía llegaron al lugar, además de que no permitieron el ingreso de la Cruz Roja.

Los hechos, dijo, fueron realizados por un grupo de civiles que poseen armas de alto poder, sin embargo esta instancia no los puede catalogar como paramilitares, porque ``nosotros no nos hemos topado con un grupo de éstos ni hemos estado en contacto con ellos, tenemos conocimiento a través de testimonios de las personas''.

Agregó que se va a supervisar y verificar por dónde están entrando esas armas, si es por la frontera sur o si las traen de otra zona, y si son lugares que tienen que estar preservados por el Ejército; siendo que al momento, en sus declaraciones los detenidos únicamente señalan al presidente municipal, Jacinto Arias, de ser el que les ha proporcionado las armas.

--Estos hechos que se dan en Chenalhó, ¿harían temer a la CNDH sobre nuevas agresiones de grupos armados en otras zonas, particularmente la norte, donde también hay evidencias de su existencia?

--Estamos investigando en varias zonas de Chiapas y tenemos algunos expedientes abiertos a ese respecto. Tendríamos que estar muy atentos a estas circunstancias.

Abundó que derivado de estas investigaciones, la CNDH podría solicitar también se tomaran medidas cautelares en favor de las personas que se sienten amenazadas por los grupos de civiles armados, pero ``sobre todo supervisar que esos señalamientos se cumplan (É), estamos muy atentos a todas las zonas''.

Finalmente, la ombudsman mencionó que se entregó a la PGR una serie de documentos, un álbum fotográfico y un videocasete que contienen información que puede contribuir en la investigación.