La Jornada 2 de enero de 1998

Los delegados tienen 15 días para revisar las actas de entrega-recepción

José Galán Ť Los 16 delegados del gobierno capitalino tienen 15 días hábiles --prácticamente hasta el 20 de enero-- para revisar sus respectivas administraciones a la luz de las actas de entrega-recepción preparadas por los funcionarios priístas salientes.

Sin embargo, los delegados perredistas están en proceso de integración de gruesos vólumenes de información que, a través de sus contralores delegacionales, transmiten al contralor general interno del gobierno capitalino, Gastón Luken Garza, a fin de hacer constar las graves irregularidades con que han ido tropezando cada día que se sumergen en la administración que les corresponde.

Además, consideran la posibilidad de contratar personal externo que les respalde en la realización de auditorías, y la comprobación física de los bienes muebles e inmuebles de la demarcación bajo su responsabilidad, a fin de poder tener en tiempo y forma los documentos de comprobación del acta de entrega-recepción. De igual forma, la información política de la administración es enviada a la Secretaría de Gobierno que encabeza Rosario Robles Berlanga, donde se están integrando las principales políticas de lucha contra la corrupción, la manipulación política y la extorsión en que podrían haber incurrido las pasadas administraciones.

El problema, dice Jorge Legorreta, delegado en la Cuauhtémoc, es que los priístas se deshicieron de todos los archivos, expedientes y documentos que en un momento dado podrían dar pauta para el descubrimiento de probables malos manejos, además de que el tiempo es muy corto para realizar una verdadera comprobación del estado que guardan las delegaciones.

Todo, añade el delegado político, fue diseñado realmente para la corrupción. Sin equipo moderno, comprobantes adecuados, registros confiables, sistemas de archivo de trámites la corrupción; ``fue llevada a nivel de arte'' por los administradores priístas que, ``mañosos'', borraron todas las huelas, ``o casi todas''.

``Apuesto que lo mismo sucede con mis compañeros en las otras 15 delegaciones. En mi caso, y como la delegación es muy amplia, deberé contratar personal externo para poder comprobar fehacientemente los activos y los pasivos de la demarcación'', añade.

Para los delegados ha resultado decepcionante no encontrar al menos computadoras en los puntos más estratégicos como los juzgados cívicos o el registro de licencias que, como en el caso de la Cuauhtémoc, no hay ningún rastro de las licencias de manejo expedidas en los últimos dos años.

``Ni siquiera nos dejaron eso. No hay herramientas básicas para el trabajo, y la ausencia de tecnologías fomenta, asimismo, la corrupción, el trámite por debajo de la mesa, la iguala sin comprobantes'', se lamenta Jorge Legorreta.

Legorreta pone como ejemplo el hecho de que tan sólo en la Cuauhtémoc hay más de 650 inspectores de Vía Pública, ``mal pagados, mal acostumbrados'', que requieren de un control ``difícil de impornerles en este momento''.

Pero se mostró optimista al insistir en que ``no todo se ha perdido'', y adelanta que ``pronto habrá noticias''.