De las declaraciones formuladas a este diario por el procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, acerca de las investigaciones de la matanza de Acteal, se desprenden múltiples consideraciones que deben ser analizadas y sopesadas a cabalidad.

Aunque el procurador señaló que se realizan indagatorias para determinar la posible participación de grupos externos a Chenalhó en los cruentos acontecimientos del pasado 22 de diciembre, mientras las autoridades no asuman -y actúen en consecuencia- que el asesinato de 45 indígenas a manos de grupos paramilitares se inscribe en un contexto de guerra y de aguda descomposición social generado por el estancamiento del proceso de paz en Chiapas, y que la matanza de Acteal no es un hecho limitado a pugnas intercomunitarias o interfamiliares sino que en su preparación y ejecución estuvieron involucrados personas y grupos tolerados -si no es que apoyados- por instancias del poder político o económico, las pesquisas aportarán resultados incompletos.

En este sentido, es indispensable que la PGR investigue la posible participación de ex policías, ex militares e incluso efectivos castrenses en activo, en el entrenamiento de los grupos paramilitares que perpetraron la matanza de Acteal. Como lo han señalado múltiples testimonios recogidos en medios informativos locales y nacionales, se ha identificado a Mariano Pérez Ruiz, sargento en activo, como presunto responsable del entrenamiento de grupos paramilitares en la comunidad de Pechiquil. La PGR debe esclarecer a plenitud estos hechos y, en su caso, detener a los posibles involucrados, pues representan indicios claros de que la violencia desatada en las regiones de los Altos y el norte de Chiapas habría sido instigada y planificada por individuos vinculados a instancias y recursos externos a las comunidades.

Si bien la detención y consignación de 40 personas acusadas de participar en la matanza es un dato importante, las investigaciones deben alcanzar, de manera obligada, a quienes toleraron o permitieron que se cometieran los brutales asesinatos. En esta labor no deben dejarse de lado los señalamientos que indican que autoridades estatales conocieron de la inminencia del ataque y no hicieron nada para evitarlo, pues es evidente que la pasividad del gobierno local ante las actividades de los grupos paramilitares -acciones que no iniciaron con los asesinatos de Acteal, sino que incluyen múltiples ataques anteriores- incidió en la generación de un clima de violencia exacerbada en la zona.

Por ello, a la par que se realizan las pesquisas sobre estos cruentos acontecimientos, es imperativo que las autoridades lleven a cabo de manera inmediata la desarticulación de todos los grupos paramilitares que operan en Chiapas, pues en tanto estos grupos permanezcan activos y gocen de impunidad, el riesgo de nuevos ataques y asesinatos permanece vigente. En esta perspectiva, el decomiso de un arsenal en la localidad de Altamirano, armas que han sido identificadas como pertrechos del EZLN -formulación desmentida por los zapatistas-, introduce un factor preocupante en el contexto chiapaneco, ya que podría traducirse, más que como un acto de distensión armada en la zona, como un inaceptable intento de equiparar a los simpatizantes zapatistas, las víctimas directas de la violencia, con los grupos paramilitares.

Si el gobierno federal está dispuesto, como se afirma en el comunicado de ayer de la Secretaría de Gobernación, a reiniciar el proceso de paz con el EZLN, debe incluir en su llamado la validación de la iniciativa de ley formulada por la Cocopa. Sólo de esta manera será posible destrabar el proceso de paz, sentar las bases para la recomposición y la reconciliación social en Chiapas, y comenzar a atender las demandas legítimas de justicia, salud, educación, y oportunidades de vida digna de los pueblos indígenas de México.