Salgado omitió respuestas en una recomendación de la CDHDF sobre el caso de la Buenos Aires

Ricardo Olayo Ť La recomendación que emitió el ombudsman capitalino por el homicidio de seis jóvenes de la colonia Buenos Aires revela que el ex secretario de Seguridad Pública, Enrique Salgado Cordero, no contestó preguntas que se le hicieron por escrito en torno a las grabaciones de radio y la responsabilidad de mandos superiores en los sucesos del pasado 8 de septiembre.

``¿Qué personas están autorizadas para dar órdenes superiores (R1, como se escucha en las frecuencias de la policía) y, en el caso concreto, quién dio la orden superior?'', le pregunta la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Su única respuesta fue: ``¿Cuál orden superior?''

En el contexto de las investigaciones y del operativo realizado, la pregunta tenía el claro sentido de identificar quién comandaba las acciones, pero Salgado prefirió responder con otra interrogante.

Por la radio de la policía se menciona la puesta en práctica de un operativo carroña después de la balacera en las calles de la Buenos Aires. ``¿Qué es operativo carroña y qué fin tenía? ¿Se trata de una clave que se utiliza frecuentemente?'', es otra de las preguntas en el cuestionario enviado a Salgado la segunda quincena de octubre.

La respuesta fue: ``no existe ningún operativo con ese nombre y tampoco es una clave''. No hay más datos después.

La CDHDF sostiene en su recomendación que la Procuraduría General de Justicia capitalina no investigó el citado operativo e indica que según el Diccionario del uso del español, de María Moliner, carroña ``significa carne podrida, particularmente la de una animal muerto y abandonado en el campo''.

La recomendación 16/97, aceptada por la PGJDF --pero que hasta ahora no se había hecho pública-- pide indagar sobre la autoría intelectual de los homicidios de vecinos y ``de quienes los toleraron y encubrieron'', además de efectuar pesquisas correctas para evitar que inocentes queden tras las rejas o que otros autores materiales y/o cómplices queden impunes. Fuentes de la Procuraduría indicaron que la recomendación fue aceptada y las nuevas autoridades trabajan para darle cumplimiento.

Deficiencias concretas

La Procuraduría no investigó el destino del automóvil Golf blanco que fue visto por varios testigos y en el cual agentes policiacos llevaban a algunos de los detenidos que luego aparecieron acribillados en un paraje de Tláhuac.

``Según la cinta grabada de la central de radio de la SSP, Ricardo Lerín Barragán fue la última persona que vio al Golf blanco salir de la colonia Buenos Aires (y de hecho lo sigue hasta que sus ocupantes, policías de civil, le advierten que los deje continuar solos)''. Lerín murió casi un mes después -- el 4 de octubre--, aparentemente durante un asalto. ``No puede descartarse la posibilidad de que su muerte tenga alguna conexión con los hechos que nos ocupan'', indica la CDHDF.

Otra irregularidad es que de acuerdo con las grabaciones recabadas el día de los hechos, los jefes policiacos iban a utilizar el canal Andrómeda --exclusivo de los altos mandos-- para conocer lo ocurrido; sin embargo, el Ministerio Público no requirió esa cinta para hacer la investigación correspondiente.

Hay inconsistencias en los peritajes realizados al armamento de la SSP, pues de 553 armas enlistadas para su revisión, sólo se analizaron 537, y ``ni la pistola ni la metralleta del policía Eleazar Armando Pérez Zavala, ni ninguna de las armas analizadas, dispararon los casquillos encontrados en la colonia Buenos Aires y Tláhuac''; este policía está acusado de disparar en contra de una persona que se encontraba en el interior de un automóvil, pero las pruebas en su contra no son sólidas.

Falta indagar a policías vestidos de civil

A pesar de que se documentan irregularidades en la SSP, la recomendación sólo se emitió hace más de un mes a la PGJDF y no menciona investigación alguna sobre los efectivos de civil que actuaron en la Buenos Aires. Alfonso Rivera, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la ALDF, precisa que la intención siempre fue que la Procuraduría perfeccionara la indagatoria y fuera al fondo de todos los hechos irregulares.

El diputado del PRI subrayó que desconoce el motivo por el que no se hizo pública la recomendación, pero ayudó a la consignación de algunos de los responsables. En todo caso, la CDHDF tiene una facultad discrecional para hacerla pública.