Hay tres prioridades para el gobierno federal en Chiapas: hacer justicia por lo sucedido en Acteal; restaurar la gobernabilidad en el estado, y restablecer las condiciones para continuar el diálogo con el EZLN. Todo esto debe hacerse en los próximos días sin regateos ni dilaciones o se corre el riesgo de enfrentar un descrédito irreparable. Estos sí serían los errores de diciembre.

La masacre en el municipio de Chenalhó no es sólo una más de las canalladas que a diario se cometen en contra de la población pobre de este país. Si nos atenemos a la información proporcionada por diferentes medios, nos encontramos tal vez ante la semilla de un horror más grande. En Chiapas, algunos funcionarios y caciques tuvieron la brillante idea de armar, entrenar y garantizar impunidad a integrantes de comunidades que guardaban diferencias con el zapatismo. Los rencores se volvieron, así, odios armados ante la mirada displicente de las autoridades. El golem que crearon está fuera de control y se vuelve contra todo lo que se mueve. Acteal es el resultado más dantesco de este engendro.

El gobierno federal ha garantizado que no quedará impune la matanza. Sin embargo, el recuerdo de Aguas Blancas, de los asesinatos de Colosio, Ruiz Massieu, el cardenal Posadas y el abogado Polo Uscanga, de las persecuciones y asesinatos cometidos en contra de integrantes de la oposición y tantos y tantos hechos que han quedado sin castigo, arrojan una sombra de incredulidad sobre el compromiso de esclarecer los hechos.

Hacer justicia en Acteal no sólo significa aprehender, consignar y condenar a los que accionaron los gatillos. Debe ser también investigar y castigar a quienes los armaron, entrenaron e instigaron, y a quienes se hicieron de la vista gorda ante sus actos. Más aún, hay que llevar la acción hasta los otros grupos civiles que han sido armados y que ahora operan en Chiapas.

Si la gobernabilidad es la capacidad de las autoridades y las instituciones de resolver y/o encauzar los problemas que enfrentan los ciudadanos respetando las leyes y los derechos de éstos, entonces no hay gobernabilidad en vastas zonas del estado. Si las autoridades estatales se han vuelto parte del problema, es hora de buscar soluciones mayores. Se ha argumentado que la renuncia del gobernador no resolverá por sí sola la problemática chiapaneca y, en efecto, así es. Por eso, además de su salida es urgente restaurar la legitimidad de los actos del gobierno estatal. Para ello se necesita, por lo menos, impulsar un acuerdo político entre las principales fuerzas del estado y un gobierno de transición que convoque y organice la elección del gobernador.

En relación al restablecimiento del diálogo, hoy se escuchan voces que exigen al EZLN sentarse a la mesa de la concertación. Pero ¿hay las condiciones para ello? Los antecedentes hablan: primero la delegación gubernamental se desistió de facto de lo que había firmado en febrero de 1996 en San Andrés; luego, emitió la propuesta alterna a la de la Cocopa de reformas constitucionales en materia de derechos y cultura de los pueblos indígenas, misma que no ha sido oficialmente retirada; posteriormente, se actuó para inducir la parálisis de la Cocopa y ahora la masacre de Acteal. Entonces, ¿se está pidiendo dialogar o se está solicitando una rendición disfrazada? Antes de que el llamado al diálogo prospere, es conveniente cumplir lo ya firmado.

Algunos se han quejado de que los medios de comunicación y la opinión pública internacional han sido muy duros en sus críticas. No es así. Han sido justos en relación al oprobio cometido en contra de mexicanos indefensos. En este sentido, no ayuda a la causa de la justicia y a la credibilidad la imagen de un secretario de Gobernación que parece más empeñado en exculpar el gobierno que en señalar caminos para aclarar lo sucedido, y de un secretario de Relaciones Exteriores que parece más molesto por las voces internacionales que exigen se aclare la matanza que por el hecho mismo.

La matanza de Acteal acotó el ya de por sí reducido margen de maniobra de las partes. Un análisis serio mostraría que, como resultado de estos hechos, la única posición que ha salido fortalecida es la de aquellos que reclaman una ``solución'' de fuerza a los conflictos del estado. Por eso, es urgente que el gobierno federal asuma con firmeza la única forma válida de enfrentar la circunstancia actual, respondiendo a las expectativas que la Nación tiene de él en este difícil momento.

La urgente reconciliación en Chiapas pasa necesariamente por la construcción de una gobernabilidad democrática.