Hay muertes que cuando ocurren se llevan pedazos del alma y dejan un profundo dolor. Más cuando, se sabe, son producto de un crimen y los criminales siguen gozando de impunidad. De este tipo son las registradas el 22 de diciembre en la comunidad indígena de Acteal, municipio de Chenalhó, en el estado de Chiapas, en donde alrededor de medio centenar de hermanos indígenas fueron acribillados cobardemente, y otros tantos resultaron heridos mientras rezaban por la paz.

Las huellas de este miserable crimen son tan profundas que los criminales no pudieron ocultarlas, y el mismo Presidente de la República se ha visto obligado a llamar a las cosas por su nombre. ``La violencia es, por definición, un acto criminal, y eso fue lo que ocurrió el día de ayer en Acteal. Tan cruel, absurdo, inaceptable acto criminal que sólo puede tener como respuesta la aplicación más firme y severa de la justicia'', dijo en un mensaje público dirigido a la nación, un día después de la masacre.

Tiene razón el Presidente de la República cuando califica de criminal el acto cometido por los grupos paramilitares priístas, en el cual indefensos e inocentes hermanos indígenas perdieron la vida, pero yerra al equiparar a toda violencia como criminal. La violencia institucionalizada, por ejemplo, es un rasgo distintivo que define a un Estado como el que él representa, y lo diferencia de cualquier banda de asesinos, lo que no impide afirmar que puedan existir Estados criminales cuando actúan de manera ilegítima. Otro caso de violencia no criminal es la que se ejerce en legítima defensa, o la de las rebeliones populares que buscan terminar con las injusticias provenientes de Estados que generalmente hacen uso de la fuerza más allá de sus mandatos legales.

Tampoco tienen razón los secretarios de Relaciones Exteriores, José Angel Gurría, y de Gobernación, Emilio Chuayffet, cuando, cada uno por su lado y a su modo, tratan de cubrir los hechos criminales en lugar de esclarecerlos. El primero, ante las protestas internacionales por la matanza, no ha dudado en calificarlas de ``intervencionistas'', es decir, violatorias de la soberanía del Estado mexicano. Curioso concepto de soberanía que se usa para ofertar en todo el mundo el patrimonio de los mexicanos, comprometiéndose incluso a respetar los derechos humanos para obtener clientes, y cuando éstos le señalan su falta de palabra los acusa de violar la soberanía.

Igual sucede con el secretario de Gobernación, quien apresuradamente ha declarado que ``ni por omisión (mucho menos por acción) puede involucrarse al gobierno en este crimen''. Olvida el responsable de la política interna de nuestro país que una de sus obligaciones derivadas de la investidura que ostenta, es velar por el orden social y no andar extendiendo cartas de inocencia en un acto que guarda demasiados visos de ser un crimen de Estado. Recordemos que la responsabilidad en un crimen no sólo es de quien directamente lo ejecuta, sino también de quien lo planea y lo prepara. Y en estos aspectos no hay nada claro todavía.

El Presidente de la República se ha comprometido a que quienes hayan participado en la planeación y ejecución de este crimen reciban el castigo que se merecen, sin importar su condición política, social o religiosa; y el secretario de Gobernación ha declarado por enésima vez estar dispuesto a cumplir con los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a través de él con los pueblos indígenas de México. Dada la magnitud y la trascendencia del crimen, estas posturas difícilmente funcionan siquiera como pretexto; así lo han dicho cada vez que un conflicto aflora, sin cumplir su palabra; no hay razón visible para creer que esta vez cumplirán.

El asunto no exige declaraciones, sino hechos. Desaparecer los poderes en Chiapas y consignar ante los tribunales a los funcionarios a quienes se les encuentre responsabilidad en este y otros crímenes anteriores, puede ser el inicio. A ello debería seguir el desarme de todos los grupos paramilitares de la entidad; la aceptación de la propuesta de reforma constitucional en materia indígena, elaborada por la original Comisión de Concordia y Pacificación, y cumplir todas las condiciones para la reanudación del Diálogo de Paz en Chiapas.

De seguir queriendo ocultar el problema de fondo, no nos extrañemos que el día de mañana las balas vengan de regreso, y entonces sean los criminales de hoy quienes comiencen a gritar, haciéndose pasar por víctimas.

(*) Abogado mixteco, integrante del Congreso Nacional Indígena.