En amplias zonas de Chiapas, especialmente en las zonas Norte y los Altos, se viven momentos de elevada tensión. Múltiples actores y organizaciones sociales, políticas y religiosas de la entidad han alertado sobre el riesgo de que ocurran nuevos ataques contra comunidades indígenas indefensas --ayer mismo se denunció el asesinato de un integrante de las bases zapatistas del municipio de Tila, a manos de Paz y Justicia-- sin que, hasta ahora, las autoridades locales y federales hayan desmantelado de forma completa a los grupos paramilitares que operan en la zona.

Además, el hallazgo de arsenales en diversas localidades chiapanecas, armas que la autoridad ha señalado como pertenecientes al EZLN, recrudeció aún más las tensiones existentes entre el gobierno federal y los alzados, en el entendido de que los decomisos de armamento estarían inscritos en una estrategia que intenta trasladar la responsabilidad de la violencia de los grupos homicidas vinculados a las oligarquías políticas y económicas locales, a las bases zapatistas. Si se considera que la mayoría de las víctimas, tanto de la matanza de Acteal como de los numerosos ataques, saqueos y quemas de poblaciones que se registraron en fechas anteriores, han sido las comunidades simpatizantes del zapatismo, la pretensión de identificar al EZLN con el recrudecimiento de la violencia carece de sustento, confunde a la sociedad e introduce nuevos factores de inestabilidad en la región.

Cabe recordar que la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas establece claramente que deben alcanzarse, mediante la vía del consenso, acuerdos y soluciones que atiendan las causas de fondo del levantamiento zapatista y que permitan poner fin al conflicto chiapaneco. Ni los decomisos de armas ni el estancamiento en que se encuentra el proceso negociador luego del rechazo del Ejecutivo federal a la propuesta de la Cocopa, han servido para generar un clima de paz y para promover la búsqueda de los consensos necesarios para la solución de las justas demandas de los indígenas chiapanecos. Por el contrario, el inclumplimiento de los acuerdos de San Andrés, recogidos en la iniciativa de la Cocopa, es causa directa del exacerbamiento de la violencia y de la creciente descomposición social que se padece en Chiapas. De igual modo, el decomiso de arsenales presuntamente pertenecientes al EZLN, más que coadyuvar a la distensión podría interpretarse como una vulneración de las garantías mínimas necesarias para la reactivación del proceso de paz, pues mientras el Ejército Zapatista ha desistido de realizar acciones armadas desde enero de 1994, el gobierno federal ha emprendido actos unilaterales de desarme que deberían estar determinados y normados dentro del marco de los acuerdos de paz y validados por el consenso de los involucrados en las negociaciones.

La tensa situación que se vive actualmente en Chiapas requiere de una acción decidida e inmediata en favor de la paz, que el gobierno federal debe asumir cuanto antes. Al hacerlo, deberá atender de manera obligada las consideraciones y las propuestas provenientes de la Cocopa y la Conai, pues éstas son las únicas instancias con la legitimidad y la capacidad suficientes para servir como puentes de mediación e interlocución. De igual modo, la sociedad debe exigir, por un lado, poner un alto a la violencia desatada y, por el otro, demandar el cese de las movilizaciones del Ejército Mexicano en la zona del conflicto para prevenir nuevos momentos de tensión, como los acontecidos ayer entre pobladores de las comunidades de Altamirano y X'oyep y efectivos militares.

Por añadidura, si se tiene en cuenta que los grupos paramilitares -- fuerzas represivas totalmente al margen de la legalidad-- no han sido desmantelados y conservan su capacidad de acción criminal, el riesgo de que ocurra una escalada de violencia en las regiones Norte y los Altos es extremadamente elevado. Por ello, es más que nunca urgente e indispensable la desintegración de los grupos paramilitares, el castigo conforme a derecho de los autores materiales e intelectuales de la matanza de Acteal, el cese de las movilizaciones castrenses y el reinicio del proceso de paz mediante la elevación a rango de ley de la iniciativa de la Cocopa en materia de derechos y cultura indígenas. ¿Cuántas vidas, cuánto sufrimiento humano será necesario para que se comprenda que la paz en Chiapas es hoy el punto más importante de la agenda nacional y un elemento indispensable para el mantenimiento de la estabilidad política y económica del país y para la consolidación del desarrollo social y democrático al que aspiran con toda justicia no sólo los chiapanecos, sino todos los mexicanos.