Octavio Rodríguez Araujo
La responsabilidad del Presidente
Según la información disponible, la renuncia del secretario de Gobernación se llevó a cabo mientras La Realidad, en Chiapas, era rodeada por un operativo militar desusado, que provocó alarma y profunda preocupación, incluso en el extranjero -pues estas noticias, literalmente, vuelan.
Varios analistas han querido ver en la nueva ofensiva militar y en las agresiones de los grupos paramilitares a la población civil en Chiapas pruebas de la existencia de una crisis de gabinete en el gobierno de la República. No descarto que esta crisis exista, como tampoco que el régimen político también está en crisis. Pero pensar que la matanza de Chenalhó y los operativos militares de ayer son consecuencia de tales crisis llevaría a la conclusión de que el presidente Zedillo no tiene nada que ver con los muy lamentables sucesos de estos días.
Desde el 29 de mayo del año pasado, en estas páginas escribí sobre la táctica de la media luna que se inició en Palenque y llegaría a Chenalhó para después continuar hasta Las Margaritas que, casualmente, está en el mismo meridiano que Palenque. En aquella ocasión insistí en que esa estrategia, de grupos paramilitares y de guardias blancas (y entonces sólo existían Paz y Justicia y Los Chinchulines), para dividir a las comunidades, para crear una aparente guerra interna y para matar, no era excluyente de la estrategia militar preparada desde el inicio del gobierno de Zedillo, y que se desplegaría a partir del 9 de febrero de 1995 bajo el argumento legaloide de que el Ejército Mexicano sería coadyuvante de la PGR para aprehender a los presuntos dirigentes zapatistas.
La estrategia, a la guatemalteca, es conocida y ha sido denunciada por muchos que saben de esto. Pero en medio, por decirlo así, se atravesó, por vasta presión popular nacional y extranjera, el diálogo de San Andrés y la ley correspondiente. El diálogo de San Andrés, pese a todos los obstáculos presentados por el gobierno, llegó a acuerdos entre las partes, pero la Presidencia de la República no quiso respetarlos, como arrepentida de lo que había aprobado su delegación. Se le dieron largas al asunto, y mientras se entrenó y armó a grupos de indígenas priístas para hacer el trabajo sucio y complementario del cerco militar que siguió cerrándose alrededor de las comunidades zapatistas (con pretextos varios, como por ejemplo la existencia de sembradíos de mariguana en la región de Los Altos).
La Ley del Diálogo, sin embargo, protegía (y protege) al EZLN de posibles agresiones militares (que de todas formas se dieron, aunque aisladas), mientras el diálogo de San Andrés no fuera roto. Ahora, bajo otro pretexto legaloide y que ostensiblemente tira a la basura una ley que da por supuesto que los zapatistas están armados, pues es un ``grupo armado'' con el que se estableció el diálogo, el Ejército Mexicano ha cateado comunidades y pueblos buscando armas en zona zapatista, incluyendo el cerco a La Realidad, según diversas versiones. El argumento legaloide, esta vez, se fundamenta en la ley de armas y explosivos, con lo cual no sólo se ha reanudado una situación de guerra, sino que se ha creado, sin ser declarado constitucionalmente, un verdadero Estado de sitio en la región.
El responsable de esta guerra de contrainsurgencia, planeada desde hace tres años según toda evidencia, es el responsable de la nación, el presidente Zedillo, y los funcionarios que de él dependen, incluidos los secretarios de Gobernación y Defensa y, fácticamente, al gobernador de Chiapas. Si Zedillo no es el responsable, que lo diga y actúe en consecuencia resolviendo lo que sólo en apariencia fue responsabilidad de su secretario de Gobernación, pero Emilio Chuayffet dejó las oficinas de Bucareli antes de que concluyera la ofensiva militar de ayer.