A la conmoción nacional e internacional causada por la matanza en Acteal, el pasado 22 de diciembre, la Secretaría de Gobernación había venido respondiendo con un manejo político altisonante, improcedente e ineficaz. Aunque ese solo precedente bastaría para justificar la salida de esa dependencia de Emilio Chuayffet, no debe olvidarse que, en vísperas del 1o. de septiembre del año recién pasado, desde las oficinas de Bucareli se hizo todo lo posible por enturbiar y complicar la instalación de la 57 Legislatura y que el empantanamiento del proceso pacificador de Chiapas es producto, en gran medida, de las actitudes del ahora ex secretario de Gobernación.

Es un dato positivo el tono conciliador y de preocupación social en el que habló Francisco Labastida Ochoa en su primera alocución como secretario de Gobernación. En ocho de los diez puntos abordados por el nuevo jefe del gabinete -reforma del Estado, seguridad pública, gobiernos de los estados, partidos políticos, iglesias, comunicación social, sociedad civil, protección civil- pueden percibirse propósitos acordes con las preocupaciones centrales de la sociedad y de sus organizaciones, en tanto que el punto diez, que se refiere a la próxima restructuración de la dependencia que encabeza a partir de ayer, queda pendiente para los próximos días.

En cambio, en el tema de Chiapas, pareciera que Labastida Ochoa hubiera heredado los equívocos puntos de vista de su antecesor en el cargo. Resulta significativo, por una parte, que en ningún momento el nuevo secretario de Gobernación se haya referido de manera explícita al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y haya optado por referirse a la determinación gubernamental de ``impedir la posesión, el tránsito y el uso ilegal de armas por parte de cualquier grupo o persona'', y al hablar de ``la aplicación estricta de la ley, sin distinción de grupos étnicos, militancias políticas o grupos religiosos''.

Con estas palabras, Labastida pareciera persistir en la falsa analogía, esgrimida en semanas pasadas por los ámbitos oficiales, según la cual el EZLN es semejante a los grupos paramilitares armados y organizados desde el poder público y desde las estructuras oligárquicas locales. Más grave aún, este lenguaje elusivo podría ser reflejo de una decisión gubernamental de intentar desarmar por la fuerza a los zapatistas, al margen de los procesos para pacificar y reinsertar en la vida institucional a los rebeldes, procesos claramente estipulados en la Ley para el Diálogo y la Pacificación de 1995, la cual reconoce al EZLN como interlocutor del gobierno federal.

Es evidente que una tentativa gubernamental de desarmar a los zapatistas no sólo no resolvería el conflicto chiapaneco, sino que llevaría a una peligrosísima escalada de las tensiones que se viven en ese estado y, posiblemente, a la generalización de los enfrentamientos y a nuevos actos de violencia.

Estas consideraciones resultan fundamentales para analizar las versiones y los rumores que circularon ayer -justo en los momentos en que se realizaba el relevo en la SG- en torno a supuestas operaciones del Ejército Mexicano en el poblado zapatista de La Realidad, municipio de Las Margaritas. En un primer momento se habló de un ataque militar a esa población, versión que fue recogida por un comunicado del EZLN firmado por el comandante David; la Conai, por su parte, citando fuentes de la PGR y la propia SG, informó de una incursión militar con propósitos de cateo en la localidad referida, en tanto que la séptima Región Militar de la Sedena negó que se hubiese producido cualquier movimiento de tropas en torno a La Realidad y otras poblaciones.

El contenido de tales informaciones es por demás preocupante y resulta indispensable que se despejen a cabalidad las inquietudes suscitadas. Por otra parte, no debe desconocerse que las tensiones y el desgobierno que prevalecen en Chiapas constituyen una circunstancia propicia para la confusión y la propagación de rumores que, a su vez, incrementan la explosividad en ese estado.

En lo inmediato, es claro que las primeras tareas de la Secretaría de Gobernación en el tema de Chiapas debieran ser, en primer término, dar una aclaración inequívoca a las insistentes versiones sobre incursiones militares en poblaciones zapatistas, y garantizar que semejantes acciones no tendrán lugar; asimismo, superar el impasse provocado en el proceso de pacificación por el rechazo gubernamental a la iniciativa de reformas legales en que la Cocopa plasmó los Acuerdos de San Andrés; coordinar las acciones gubernamentales para procurar justicia efectiva en la matanza de Acteal e impedir la impunidad de los responsables, independientemente de su nivel y de sus cargos, y desarmar a los grupos paramilitares que siguen operando en la entidad.

Por lo que respecta a la sociedad, ésta debe aprovechar el recambio ocurrido ayer en Bucareli para demandar soluciones efectivas a la terrible situación que siguen enfrentando, cuatro años después del alzamiento zapatista, los indígenas chiapanecos.