Antonio García de León
La nueva ofensiva

Al parecer, el gobierno federal ha tomado la decisión de pagar el costo político nacional e internacional de una ofensiva militar abierta contra los zapatistas, empezando por el intento de ocupación de la aldea de La Realidad y por el aumento de la presencia militar en las comunidades que han osado desafiarlo. El objetivo de esto es humillar militarmente a los rebeldes ocupando sus lugares estratégicos, drenando el agua de sus estanques sociales, para desmoralizar a sus bases de apoyo y preparar el terreno hacia una ofensiva final. Ahora es más claro que nunca que la masacre de Acteal, perpetrada por grupos paramilitares protegidos por el gobierno federal y estatal, se encontraba dentro del esquema de ofensiva programada en varios tiempos desde el 22 de diciembre pasado. La pausa generada por el vacío de negociaciones introdujo una nueva modificación en la acción militar, estableciendo un desequilibrio de fuerzas. El supuesto hallazgo de un arsenal del EZLN en Yalchiptic (Altamirano), la impunidad con que se mueven las bandas paramilitares y la campaña actual indican otro aspecto de la guerra de contrainsurgencia: tender una red que haga aceptable la ofensiva a través del manejo de rumores, declaraciones falsas, retractaciones y mentiras. Así, en los últimos meses hemos visto, y se ha documentado hasta la saciedad, la forma como el gobierno ha creado varios grupos armados paramilitares para intentar meterlos en el mismo costal de los insurgentes, y manejar a su antojo la versión de los ``conflictos intercomunitarios'', poder erigirse en juez siendo parte y, posteriormente, proceder a ``desarmar a todos''. La acción de Yalchiptic (``acción de patrullaje, no de cateo...'') es la señal clara de que la Ley de Concordia y Pacificación ha sido abiertamente violada por el gobierno federal, y como confesión de parte se reconoce el haber iniciado ``acciones de desarme'' y ofensiva que se ubican fuera del marco legal que hasta ahora daba cobijo a las negociaciones. Con la ruptura de esta última compuerta se desbordaría el anterior marco del conflicto y se daría paso a la ofensiva militar disfrazada de ``desarme indiscriminado''. Las declaraciones del nuevo secretario de Gobernación, más amenazantes que las del anterior, hablan ya de ``los propósitos de San Andrés''; es decir, expresan abiertamente el desconocimiento de cualquier compromiso gubernamental previo con los acuerdos firmados. Pero la decisión gravísima de resolver un gigantesco problema social por la vía militar y policiaca conduce aún más rápidamente a la generalización del conflicto. Habría que recordarle al gobierno que no es prudente abrir cualquier caja de Pandora, pues un mayor poder y mayores recursos no garantizan la superioridad táctica, sobre todo cuando el enemigo a vencer posee razones y superioridad moral.

La acción en Altamirano marca una nueva escalada del conflicto: el inicio de la persecución de la dirigencia zapatista, ahora confirmada por la ocupación militar por varias horas de la aldea de La Realidad, y el avance sobre otras posiciones rebeldes en espera de capturarla o exterminarla. La provocación es evidente y consiste en obligar a los rebeldes a que respondan militarmente. Apostando a la inmovilidad y al desgaste de la sociedad civil, a la aceptación pasiva de la violencia, a la lentitud de reacciones de la Cocopa, al avasallamiento del Congreso por una mayoría derechista y al arrinconamiento de la Conai, el gobierno de Zedillo ha decidido lanzarse a fondo; no a resolver el conflicto, no a respetar los acuerdos firmados, sino a continuar en el sendero de la guerra y el exterminio. La simple sospecha de que el Estado apoya a las bandas paramilitares debilita aún más la endeble situación de la procuración de justicia y provoca una mayor pérdida de credibilidad. Con estas acciones lo único que se logra es socavar el consenso colectivo que es fuente esencial de fortaleza de las instituciones que se pretenden democráticas. La ofensiva actual es también una ofensiva para frenar la transición y así hay que leerla: prueba de ello es que se ha decidido ignorar al Poder Legislativo, violando una ley que había sido elaborada por consenso y que protegía los diálogos de paz.