Masiosare, domingo 4 de enero de 1998



LA RUTA DE LA GUERRA


Julio Moguel


En unos cuantos trazos, el autor desmenuza la ruta de la estrategia gubernamental en Chiapas tras el fracaso de la ofensiva militar de febrero de 1995.



El fracaso de la batida militar contra los insurgentes de la selva en febrero de 1995 marcó el fin de una fase de la guerra de Chiapas y el inicio de otra. Derrotada la vía del ``descabezamiento'', los mandos de inteligencia del gobierno pusieron su resto en construir una filigránica estrategia de combate contra la población civil de la zona de conflicto, ya para entonces a todas luces ``parte del problema'' y, como tal, imposible de vencer por la acostumbrada vía de los cañonazos pronasoleros.

Entre febrero y julio de 1995 se abonó el terreno de la nueva etapa contrainsurgente, mientras Gustavo Iruegas y compañía pretendían convencer a los representantes del EZLN en los primeros diálogos de San Andrés (de ``Larráinzar I'' a ``Larráinzar V'') que se rindieran. Fue en agosto ``cuando los gobiernos federal y estatal acordaron su actual estrategia antizapatista'' (subcomandante Marcos, comunicado del EZLN sobre ``las investigaciones del CCRI'', La Jornada, 28 de diciembre de 1997). Entonces comenzó la guerra que ahora se vive en Chenalhó.

Desde julio de 1995 hubo importantes ``reacomodos'' del Ejército en la selva Lacandona y en Los Altos, mientras en una revista de circulación nacional se anunciaba la espectacular aparición del libro de Carlos Tello Jr. sobre ``la rebelión de las Cañadas'', donde con información clasificada del Ejército se daban pelos y señales de las redes sociales y políticas construidas por años por los insurgentes.

Los cuchillos terminaron de afilarse cuando fracasó la estrategia ``dialogante'' del embajador Gustavo Iruegas, quien pensó posible convencer al zapatismo de que era mejor rendirse a tiempo que sobrellevar el terrible peso de una guerra de seguro más corta que larga y de improbables victorias. Por ello fue que entre abril y julio de 1995 la delegación gubernamental puso sobre la mesa de San Andrés la denominada propuesta de ``distensión por aproximación'', consistente en agrupar a los miembros de EZLN en zonas específicas dentro de la selva. En la idea Irueguista el Ejército federal asentaría sus campamentos en siete rutas que cruzarían todo el territorio del conflicto, con plena libertad de movimiento para cumplir sus ``funciones de vigilancia y sus necesidades de avituallamiento''. El colmo de la generosa oferta de los delegados oficiales fue cuando adelantaron la especie de que en dicho marco los miembros del EZLN se convertirían en ``cuidadores del orden público local, con el compromiso de observar la ley, de informar de presuntos hechos delictivos y, en su caso, de poner en disposición de las autoridades competentes a los presuntos responsables''...

Cuadricular la selva para constituir espacios cerrados de reservación para los rebeldes; dejarles, por no dejar, algunas armas para cuidarse de sí mismos; enjaular los afanes comunitarios de los pobladores de la zona; emplear a algunos de los mandos medios y altos del EZLN para volverlos servidores públicos al servicio de la justicia estatal, tan eficiente y limpia; regalarles a granel migajas pronasoleras para dar de comer a las lombrices. Tal fue el pasaporte que se ofrecía al zapatismo para dejar el monte.

Pero el EZLN dijo no a la rendición abyecta. ¿De qué había que pedir perdón? ¿Por qué tendrían que rendirse? A contrapunto, abrieron la consulta nacional e internacional en la que un millón 300 mil personas respondieron con un sí a la propuesta zapatista. Era agosto de 1995. Fue cuando se abrió la nueva fase de guerra en el estado de Chiapas.

Iruegas se fue de las negociaciones de San Andrés y entraron al quite Marco Antonio Bernal y Jorge del Valle. El nuevo equipo flexibilizó formalmente su posición para dar paso al proceso de discusiones que, desde ``Larráinzar VI'', abrió la Mesa de Derechos y Cultura Indígena que llevó a la firma de los ``Acuerdos de San Andrés'', el 16 de febrero de 1996. Viejo truco: fintar con la izquierda para golpear con la derecha. Mientras los negociadores gubernamentales pretendían poner una cara amable en el momento de la firma, alrededor de 60 mil efectivos del Ejército federal asentaban sus reales en una superficie superior a los 20 mil kilómetros cuadrados, entre Los Altos y la Selva. Se preparaba ya aceleradamente a diversas bandas paramilitares.

El grupo gubernamental responsable de las negociaciones de San Andrés se reforzó con la presencia de los polizontes del gobierno del estado y de asesores ex guerrilleros o ex izquierdistas deseosos de mostrar sus habilidades intelectuales y políticas para la contrainsurgencia.

El tiempo del desquite se instaló con la apertura de la Mesa II del diálogo de San Andrés (``Democracia y Justicia''), cuando en su primera fase la delegación oficial impuso lo que en otro lugar y en su momento denominamos ``la dictadura del silencio''. Ya en diciembre de 1995 el señor Del Valle había caracterizado la nueva fase como de ``achicamiento'' del EZLN y ``aliados'', mientras efectivos del Ejército pretendían barrer las instalaciones de ``Aguascalientes II'' en Oventic.

En la segunda y tercera fases de la Mesa de Democracia y Justicia la delegación gubernamental apuesta ``más al desgaste de su contraparte que a la celebración de acuerdos''; pretende el ``acorralamiento y la negociación bajo presión, muy similar a los cánones propuestos por los manuales tradicionales de la lucha antiguerrillera''; focaliza ``la solución de la problemática global en el aislamiento y la derrota del EZLN, con todos los riesgos que ello entraña'' (Jaime Martínez Veloz, La Jornada, 19 de mayo de 1996). Y aborta en definitiva el proceso de negociación cuando un juez menor condena a Javier Elorriaga y Sebastián Entzin, a 13 y seis años de prisión... por terroristas.

De agosto de 1996 a diciembre de 1997 lo que sigue es el rudo camino de la guerra. El rechazo gubernamental a aceptar lo que había firmado en San Andrés se vuelve ley de hierro en todos los órdenes y niveles del gobierno. La zona norte de Chiapas se convierte en el laboratorio macabro de lo que a finales del periodo se llevará a cabo a ciencia y a conciencia en Chenalhó. Paz y Justicia cobra al Pronasol por sus servicios y de Los Chorros y otras áreas de Los Altos se prepara a los ``elegidos'' para llevar a cabo el genocidio.