ASTILLERO Ť Julio Hernández López

Ha cambiado el titular de la Secretaría de Gobernación, pero de ninguna manera el enfoque ni los criterios políticos superiores a ese ámbito que hasta ahora han regido en la esfera oficial para entender y atender el conflicto chiapaneco.

Mexiquense o sinaloense, emparentada con el hankismo o con la corriente política en la que participa el senador Esteban Moctezuma, lo cierto es que la mano dura es, hasta ahora, la misma, tanto en su vertebración civil como en su expresión castrense.

Prueba clara de esa rígida persistencia la dan los primeros pasos de Francisco Labastida Ochoa como secretario de Gobernación, al hilvanar sus declaraciones inaugurales en el cargo con referencias dolosamente incorrectas a los ``propósitos planteados en San Andrés'' y a las ``técnicas jurídicas'' presuntamente necesarias para traducir en normas los acuerdos firmados por el gobierno (analizado todo esto con precisión por Carlos Montemayor este domingo recién pasado en su artículo ``Chiapas y la Secretaría de Gobernación''), y en su reiteración ayer mismo de un tono declarativo poco esperanzador.

Ayer, por la noche, en su boletín 004/98, la oficina de Comunicación Social de Gobernación expresó, por ejemplo, en respuesta a dos desplegados de ciudadanos, publicados un día antes en La Jornada, que la observancia gubernamental de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas ``ha sido y continuará siendo puntual'', y advierte que ``el gobierno tiene facultades y legitimidad jurídica, ética y política para proceder contra quienes ilegalmente poseen, transportan o usan armas''.

Desde un punto de vista de la técnica jurídica que el propio secretario Labastida Ochoa ha mencionado antes como instrumento indispensable para convertir los enunciados en hechos, pueden resultar impecables ambos señalamientos, tanto el relativo al respeto a la ley como a las facultades y legitimidad gubernamentales para actuar contra el uso o manejo ilegal de armas.

Pero, teniendo tras de sí y en su favor tal alegato jurídico, el economista sinaloense recién asentado en el Palacio de Covián parece invocar en favor del interés gubernamental tan sólo las facultades, pero no las obligaciones.

¿Acaso se puede decir que un gobierno tiene legitimidad ``jurídica, ética y política'' para actuar contra quienes tengan o transporten armas ilegalmente, y así pretender la justificación de maniobras militares en el entorno zapatista -y de operativos emprendidos y luego desactivados, como el de La Realidad-, cuando ese mismo gobierno no fue capaz de impedir que bandas paramilitares reiteradamente denunciadas ante la opinión pública masacraran a decenas de indígenas en Acteal?

¿Se puede tener legitimidad para aplicar con efectivos militares una ley de armas de fuego y explosivos en Chiapas, cuando no se ha podido (o querido) aplicar la ley a los verdaderos responsables de la matanza de indígenas, y cuando se siguen manteniendo intencionalmente las mismas estructuras de poder que crearon las condiciones para ese crimen y que maniobran hoy para ganar impunidad mediante el mero ofrecimiento de chivos expiatorios?

Los efectos colaterales

La caída de Emilio Chuayffet ha generado ya turbulencias en el mundillo político priísta que continuarán en los días venideros. Una de las primeras especulaciones se refiere a la depreciación de los vapuleados líderes camarales, Genovevo Figueroa y Arturo Núñez, llegados a sus cargos actuales gracias al empuje del gobernador mexiquense con licencia.

Damnificados ambos por la histórica pifia en la que senadores y diputados priístas fueron exhibidos negativamente en el amago de crisis constitucional a la hora de instalar el Congreso de la Unión, Figueroa y Núñez quedaron sellados por una silenciosa reticencia de sus correligionarios, que ahora será reactivada al desaparecer la fuente de sustento del michoacano y el tabasqueño. El caso de Figueroa será más espectacular pues, aparte de haber llegado mediante una indecorosa maniobra de Gobernación (instrumentada personalmente por el entonces subsecretario Arturo Núñez), él y su círculo cercano cerraron el paso a la posibilidad de que Esteban Moctezuma asumiera la coordinación de los trabajos de esa cámara. Ahora, dicen, Moctezuma podría al fin ocupar ese cargo.

Otro personaje que pierde apoyo es el gobernador raulsalinista de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, quien ha desparramado dinero para ganarse presuntos apoyos populares, y que ha pervertido al máximo tanto la función pública de gobernar como el uso de los fondos para desarrollo social.

Pieza esencial de Raúl Salinas de Gortari en el fraude a Conasupo, Ruiz Ferro ocupa el palacio de gobierno chiapaneco para garantizar los intereses tanto de ese raulsalinismo todavía vigente (sobre todo en el ámbito de los negocios) como del hankismo. Desde luego, Chuayffet protegió cuanto pudo a su compañero de equipo, y la salida de escenario de tal secretario de Gobernación promoverá las presiones para destituir a Ruiz Ferro y procesarlo por su eventual responsabilidad en los crímenes de aquella entidad.

Cuestión de matices

No debe escapar a este primer acercamiento a la nueva circunstancia de Gobernación, con el arribo de Labastida, y a pesar de las evidencias preocupantes ya antes mencionadas (y que una versión inicial adjudicaría más a instrucciones superiores precisas que a decisiones propias), el hecho de que se reinstala en ese punto clave una corriente política más proclive al diálogo y a la conciliación (de hecho una suerte de reinserción de la línea desarrollada por Esteban Moctezuma como primer secretario de esa área). Para sí misma o para el propio Moctezuma, esa corriente comenzará a recibir con una gran anticipación el embate de sus adversarios políticos. Tempranos prospectos a candidatos presidenciales, Labastida y Moctezuma aparecen como cartas volteadas sobre la mesa a la que asisten con rostro endurecido los viejos tahúres expertos en las cartas ocultas. El costo de esa maniobra anticipada se habrá de ver en lo inmediato.

Por otra parte, el presidente Zedillo recupera para sí ese espacio político prioritario antes endosado a la corriente hankista en busca de una presunta mayor experiencia política que, finalmente, no produjo los resultados esperados. El deshacerse de Chuayffet, sin embargo, puede traer desequilibrios políticos que en un escenario tan delicado como el actual pueden resultar desestabilizantes.

Astillas: ¿La incursión militar en La Realidad habrá sido como los embarazos a medias? ¿Sí fue, pero nomás a medias, o nomás tantito? Pedro Joaquín Coldwell es uno de los nombres que se han incorporado a las versiones de remplazos en puerta... La juez penal capitalina María Claudia Campuzano Caballero ordenó la ``inmediata libertad'' de los presuntos homicidas confesos del estadunidense Peter John Zárate Junghans, muerto el pasado 15 de diciembre a bordo de un taxi, pues quien habría accionado el arma homicida es ``un moderno Robin Hood, que no sólo roba y reparte lo que obtiene en el robo, sino que da dinero de más a sus compinches, sin obtener ganancia alguna''. La resolución, que cualquiera supondría propia del 28 de diciembre, generará reacciones fuertes tanto en el ámbito de la Procuraduría capitalina, que encabeza Samuel del Villar (cuyos agentes lograron la detención de los presuntos asesinos), como del gobierno estadunidense, que en este episodio encontrará buen material para advertir a sus ciudadanos de los graves riesgos que corren no sólo en las calles de la ciudad de México sino, también, en las resoluciones judiciales relativas a delitos en su contra...