La presencia de ONG no impide los abusos contra indígenas en Jalisco

Cayetano Frías, enviado/II y última, Sierra de Manantlán, Cuautitlán, Jal., 3 de enero Ť El testimonio oral de los habitantes de esta sierra indica que los asesinatos son frecuentes en esta zona y los grupos de gavilleros operan a sus anchas; algunas veces se uniforman como policías preventivos y otras se cubren con pasamontañas.

Los delincuentes huyen a las partes altas de la sierra y algunos incluso se integran a sus comunidades ubicadas por esos rumbos. Gavilleros de otras partes operan con esos encapuchados, pero de raza blanca, ni siquiera se toman la molestia de esconder su rostro.

Desde hace varios años, por lo menos desde 1993, los habitantes han denunciado la existencia de esos gavilleros, los cuales utilizan desde armas cortas hasta rifles AK-47, conocidos como cuernos de chivo.

Esto ha propiciado asesinatos, asaltos, violaciones, fusilamientos y allanamientos de viviendas por parte de los delincuentes comunes, mientras que las autoridades no actúan a fondo.

Fricción entre campesinos, otro factor que propicia la inseguridad

Otro factor que se suma al clima de inseguridad, es la fricción que han tenido los campesinos afiliados a la Confederación Nacional Campesina, organización que la Unión de Pueblos Indígenas de la Sierra de Manantlán identifica con los caciques de la zona. La CNC, afiliada al Partido Revolucionario Institucional, tiene en su poder los cuadros directivos del ejido Ayotitlán, pero su presidente fue asesinado el 27 de febrero del año pasado y ahora el suplente, según los indígenas, es ``manipulado'' por las autoridades municipales.

Desde que a finales de los ochenta se conformó la Unión de Pueblos Indígenas de la Sierra de Manantlán, la cual oficializó su existencia en 1992, la CNC vio en ella un peligro a sus intereses porque siempre han manejado al ejido de acuerdo con intereses propios.

En el proceso de organización de las comunidades indígenas, un factor importante lo fue el sacerdote Tomás Bobadilla, quien atendía toda la zona nahua y siempre impulsó los trabajos para rescatar sus tradiciones. Posteriormente se unió a este trabajo Juan José Pelayo, también sacerdote, pero finalmente ambos tuvieron que abandonar esa parroquia ante las constantes amenazas de muerte que recibieron.

La Academia Jalisciense de Derechos Humanos (AJDH), presente en las comunidades nahuas desde la década pasada, impulsó los trabajos de organización de los indígenas e incluso realizó un trabajo de investigación que permitió presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, instancia que emitió una recomendación en septiembre de 1995 para preservar los derechos de los habitantes de esa zona.

Más recientemente, la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara empezó a trabajar a mediados de 1994 en la conformación de los comités de derechos humanos en todas las poblaciones nahuas y a la fecha pasan de 30.

La presencia de las organizaciones no gubernamentales no ha impedido que sigan los abusos y asesinatos.

Una muestra de la complicidad que el presidente municipal de Cuautitlán tiene con la ola de violencia, fue hecha pública el pasado 26 de diciembre cuando elementos de la policía preventiva encontraron a una niña de 11 años, completamente desnuda, atada a un árbol, donde la había dejado su secuestrador, que fue identificado como Víctor Loera Zúñiga, de 20 años de edad.

Cuando los policías acudieron a detener al secuestrador, encontraron al padre de éste, Manuel Loera, quien portaba una pistola calibre .22 marca Arminius. Para tratar de evadir responsabilidad, el padre del secuestrador presentó un oficio a los policías en el cual aparece la firma del presidente municipal de Cuautitlán y donde lo designa como ``policía auxiliar'' y lo autoriza a portar armas.

Los elementos entregaron el documento firmado por el presidente Guadalupe Orta Ochoa a las autoridades judiciales, junto con el detenido Manuel Loera y el arma y cartuchos asegurados. El secuestrador sigue prófugo.

La CNDH y su recomendación

Por el trabajo de investigación que durante más de cuatro años realizó la Academia Jalisciense de Derechos Humanos, fue posible que a mediados de 1991 se presentara una queja ante la CNDH, ``por presuntas y graves violaciones'' en agravio de las comunidades nahuas de la Sierra Manantlán.

Enfocado principalmente al problema de la indefinición de límites territoriales entre Jalisco y Colima, el trabajo de la AJDH no dejó de lado 25 homicidios por los cuales las autoridades jalisciense nunca iniciaron averiguaciones previas.

El 27 de septiembre de 1995, la CNDH emitió una recomendación a los gobernadores de Jalisco y Colima, así como al titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, para que dieran solución a las violaciones cometidas en contra de los indígenas.

Para los gobernadores, la CNDH recomendó que se establecieran acuerdos definitivos respecto a los límites territoriales y en caso de no lograr lo anterior, se acudiera ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dirimir la controversia. Al no haber acuerdos, Jalisco presentó ya su controversia ante la SCJ para reclamar alrededor de 15 mil hectáreas que supone le pertenecen a su territorio.

La CNDH también recomendó a los gobernadores que establecieran acuerdos de coordinación sobre la prestación de los servicios públicos, fundamentalmente en lo que se refiere a seguridad pública en el Rancho Las Pesadas, para garantizar la integridad física y patrimonial de los pobladaores. La Academia Jalisciense consideró, a dos años de la recomendación, que esto nunca se cumplió por parte de ninguno de los gobernadores.

Un documento evaluatorio de las recomendaciones, elaborado por la AJDH en octubre del 97, hace notar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que hay muestras evidentes de que la ``subcultura de la violencia sigue floreciente en la Sierra Manantlán''.

La AJDH resalta que ya empieza a escasear el agua, fenómeno que afecta gravemente el ecosistema y la nutrición de un centenar de familias que moran alrededor la empresa Peña Colorada.

``La causa es simple y la encontramos en buena medida en el dispendio que desde hace 35 años realiza el consorcio Peña Colorada, al utilizar sin control la suma de 2.5 millones de litros al día para transportar a Manzanillo el mineral extraído'', cita el documento.

Pese a recorridos que ha realizado personal de la Comisión Nacional del Agua, durante los cuales se detectó severa contaminación y afectación en las poblaciones próximas a Peña Colorada, las anomalías no han sido controladas y la empresa tampoco ha sido mencionada.