DobleJornada, lunes 5 de enero de 1998

Por primera vez en la historia moderna de México es sancionada positivamente una ley que emana de la sociedad civil: la Ley de Violencia Intrafamiliar, propuesta por el Grupo Plural Pro-Víctimas, recientemente aprobada por el Congreso de la Unión y la Cámara de Senadores.

Esta ley, que modifica los códigos civiles y penales, así como los códigos de procedimentos tanto para el Distrito Federal en materia común, como para toda la República en material federal, tiene como objetivo prevenir y sancionar la violencia que se ejerza entre los miembros de una familia.

Hace tres años que el Grupo Plural Pro-Víctimas inició los trabajos para estructurar una ley que previniera y sancionara la violencia intrafamiliar; lograr los consensos que se vieron reflejados en las votaciones de ambas cámaras legislativas no fue fácil: tuvieron que pasar mil 77 días y 25 mil 848 horas de trabajo.

Sin embargo, para la mayoría de los medios de comunicación la ley surge en el momento de la firma del Ejecutivo, el 6 de noviembre del año pasado, fecha en que también las diputadas y senadoras de todos los partidos políticos se comprometen a impulsar la discusión dentro de sus recintos legislativos y llevarla a buen fin.

Lo que se olvidó mencionar es que la propuesta durante nueve meses estuvo esperando la firma del Presidente de la República, para ser presentada en la Cámara de Diputados. El mismo día en que el presidente Zedillo firmó la propuesta, fue presentada al Congreso de la Unión. Lograr que el pleno diera su primera discusión al respecto fue un trabajo arduo de las diputadas de todas las fracciones parlamentarias, coronándose el 27 de noviembre pasado, cuando el pleno vota en lo general a favor de la propuesta.

Pero la batalla aún no estaba ganada; la prueba de fuego sería la discusión pormenorizada de la ley. El 2 de diciembre, después de una gran polémica desatada por el artículo 265 bis del Código Penal que reconoce y penaliza la violación entre cónyuges, es aprobada en lo particular con 254 votos a favor, 90 en contra y seis abstenciones. Con esta misma fecha es enviada a la Cámara de Senadores para su dictamen.

Entre la discusión de la miscelánea fiscal y el IVA, el 13 de diciembre pasado, las y los senadores de la LVII legislatura aprueban la ley en lo general con 112 votos a favor, en lo particular: 22 votos panistas en contra de los artículos 261 y 265 bis --el primero sobre abuso sexual a menores, y el segundo sobre violación entre cónyuges; el argumento blanquiazul es la baja penalidad para el delito de abuso sexual y la excesiva penalidad en la violación entre cónyuges--, y 90 votos a favor de ellos.

La suma de esfuerzos

En un mes como éste, pero de 1995, se realiza la primera reunión de trabajo del Grupo Plural Pro-Víctimas, y arranca la carrera para concretar una ley que tipificara penalmente la violencia intrafamiliar y que impactara no sólo el ámbito local sino el fuero federal.

A la par de este trabajo surge una iniciativa que abre brecha: la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar, impulsada por la en ese entonces asambleísta Martha de la Lama, elaborada por Bárbara Yllán, y acompañada por el Grupo Plural Pro-Víctimas. Su aprobación se logra el 26 de abril de 1996 y entra en vigor el 8 de agosto de ese mismo año, casi 12 meses después de su elaboración.

A este mosaico de apoyos se suma la Encuesta de Opinión Pública sobre la Incidencia de Violencia Familiar realizada por la Asociación Mexicana contra la Violencia hacia las mujeres (Covac) en octubre de 1995 en nueve ciudades de la República y el DF.

Los resultados de esta encuesta permitieron darle un sustento a la entonces propuesta de Ley del Grupo Plural, según explica Carolina O'Farril, diputada independiente e integrante de dicho grupo.

Otra iniciativa legislativa sobre violencia intrafamiliar, gestada también en 1995, fue la de la Sociedad Mexicana de Criminología, en la cual participaron la entonces diputada María de la Luz Lima y la abogada Carmen Lugo.

A lo largo de 1996 se llevaron a cabo más de diez reuniones con el propósito de consensar la propuesta y sensibilizar a las y los diputados de la LVI legislatura.

Ante el avance de la propuesta de ley del Grupo Plural se decide enfocar la atención en los estados, para sensibilizar a las autoridades sobre la importancia de legislar en el tema, y así se realiza, en noviembre de 1996, el Foro Internacional sobre Violencia Doméstica en Guadalajara, Jalisco.

Los senderos del consenso

Para lograr la ahora ley de violencia intrafamiliar, el Grupo Plural se reunió durante más de dos años con subprocuradores, ministerios públicos y autoridades del DIF. Un apoyo fundamental -coinciden Patricia Olamendi y Carolina O'Farril-- fue el ex procurador José Antonio Fernández González.

Con el humor que caracteriza a O'Farril, señala que Fernández González al conocer el proyecto de ley ``las manda con las fieras'': los subprocuradores de averiguaciones previas, control de procesos y derechos humanos, con quienes analizan, discuten y consensan cada uno de los artículos del proyecto. Una segunda instancia para seguir enriqueciendo y consensando la propuesta fue el DIF.

A este trabajo se unieron la embajadora Aída González y Guadalupe Espinosa, representante de Unifem en México, quienes apoyaron la realización del Encuentro Continental sobre Violencia Intrafamiliar en noviembre de 1996. Dicho foro, recuerda Olamendi, logra empujar la ratificación de la Convención regional Belem do Pará, la cual obliga a los gobiernos signatarios a crear los instrumentos necesarios para erradicar y sancionar la violencia doméstica.

Logrados diversos consensos y ratificados los instrumentos internacionales, deciden acudir a la LVI legislatura para presentar la propuesta al pleno; sin embargo, apunta Olamendi, en esos momentos no existían las necesarias condiciones. Es así que el Grupo Plural recurre nuevamente a José Antonio Fernández, quien les sugiere enviar la propuesta al Ejecutivo federal como parte del paquete de la Procuraduría, puesto que ya había un consenso dentro de la institución sobre la iniciativa, explica O'Farril.

La primera reunión con el Ejecutivo, señala Olamendi, se da en el marco del 8 de marzo de 1997; en medio de los saludos al Presidente le informan que su despacho jurídico cuenta ya con la iniciativa para legislar sobre violencia doméstica. A partir de aquí y durante nueve meses el Grupo Plural se reunió con los abogados de Presidencia y Gobernación para convencerlos de la sustentación que tenía la propuesta. A la par se realizan diversas reuniones con diputadas y senadoras de las distintas fracciones parlamentarias, a fin de lograr el consenso de quienes podrían impulsarla y defenderla en los plenos camarales.

En el inter se realiza en Costa Rica la reunión de seguimiento de los acuerdos de Tuxtla II, en los cuales el tema de la violencia intrafamiliar es prioritario; ahí se hace evidente que el único país integrante que no ha realizado ninguna acción legislativa para erradicar la violencia intrafamiliar es México, señala Olamendi. Después de ires y venires, logran que el 6 de noviembre sea firmada la propuesta de ley por el Ejecutivo federal, fecha con la cual es enviada a la Cámara de Diputados para su discusión.

Ecos del Bronx

La polémica sobre la propuesta comenzó después de la lectura del dictamen de la Comisión de Justicia, ya que no existía el consenso de toda la comisión en relación al artículo 265 bis, según arguyó el panista Américo Ramírez Rodríguez. Dicho artículo reconoce y penaliza la violación entre cónyuges.

Un elemento detonador para la lluvia de intervenciones desde las curules y el estrado, que extendió la discusión del punto por más de cinco horas, fue el comentario del diputado Américo, quien señaló que en esta ocasión se estaba legislando ``sobre las rodillas''.

Entre las y los legisladores que intervinieron a favor estuvieron: Carolina O'Farril, diputada independiente; Pablo Gómez, Partido de la Revolución Democrática (PRD); Angel Sergio Guerrero Mier, Partido Revolucionario Institucional (PRI); Francisco Loyo Ramos (PRI); Lenia Batres Guadarrama (PRD); Jorge López Vergara, Partido Accción Nacional (PAN); Patricia Espinosa (PAN); María Beatriz Zavala Peniche (PAN) y Víctor Montalvo (PRI).

Entre los diputados que hicieron uso de la palabra en contra están: Américo Ramírez Rodríguez (PAN); Abelardo Perales Meléndez (PAN); Rubén Mendoza Ayala (PAN); Jorge Torres de León (PAN); Jorge Humberto Zamarripa Díaz (PAN); Emilio González Márquez (PAN) y Rafel Sánchez Pérez (PAN).

En resumen, hubo dos argumentos fundamentales en contra: que atentaba contra la reproducción de la especie y que fomentaba la desintegración familiar.

Ejemplo de ello es la intervención de Américo Rodríguez: ``Nosotros estamos aquí para evitar la violencia familiar, no para incurrir en el abuso de derecho. No es posible que por una parte exista la conducta permisiva del Estado de prohibir cualquier condición contraria a la perpetuación de la especie o la ayuda mutua que se deben los cónyuges y que, por otra parte, la cópula entre cónyuges se pueda tipificar como violación''.

Otro fue el panista Abelardo Perales: ``Yo me pregunto si bastaría la acusación de la mujer hacia su esposo para que se considerara prueba palpable y evidente y demostrara el tipo penal y la presunta responsabilidad del ilícito. Esto nos puede llevar a extremos graves [...] que incluso puedan llevar a la desintegración familiar''.

De los argumentos a favor están los vertidos por la diputada panista María Beatriz Zavala: ``La violación no puede ser, no debe ser una forma de reproducción humana aceptada por ninguna sociedad y mucho menos una forma de reproducción familiar. Es decir, lo que aquí se llama el acto cupular violento, no podemos aceptarlo como una forma de reproducción de la familia, y tipificarlo como delito es lo que está implícito en la argumentación''.

Y el perredista Víctor Montalvo Rojas: ``Nadie tiene derecho a disponer del cuerpo del otro, a vulnerar la libertad de la persona para satisfacer sus deseos sexuales, ni siquiere en el matrimonio o en el concubinato [...] No existe el débito carnal, no hay derecho a disponer del cuerpo de la cónyuge o concubina. El varón tiene una compañera, no una propiedad [...] ¿Por qué pedir tanto privilegio en la sanción, cuando llegamos a ser los victimarios de nuestra propia compañera, de la mujer que nos tiene confianza y espera comprensión y respeto de nuestra parte?''.

A diferencia de la discusión en la Cámara de Diputados, el Senado en una sola sesión aprobó en lo general y lo particular dicha Ley. En voz de la senadora priísta y presidenta de la comisión de Equidad y Género, Guadalupe Gómez Maganda, se dio a conocer el dictamen de las comisiones unidas de Justicia, Estudios Legislativos, primera sección y Equidad y Género.

Como argumento de la valoración de dicha ley, se señala que ``cuando la debilidad física de un ser es razón para el abuso, su humillación, su subordinación al capricho instintivo del más fuerte, es entonces cuando se hace necesaria la regulación social que disuada y castigue al agresor''.

En su intervención Gómez Maganda también explicó que la violencia familiar es un asunto que concierne a todos, porque trasciende al hogar y lesiona a la sociedad al debilitar los valores de la convivencia. Por su parte, la senadora perredista Amalia García calificó de histórica esta iniciativa.

La panista María Elena Alvarez Bernal reconoció la gravedad de dicho fenómeno, y puntualizó que éste se ha generado por una equivocada conducción económica que ha sumido a millones de mexicanos en la pobreza y en la pobreza extrema. Señaló que si bien las reformas no solucionarán totalmente el problema, sí serán un punto de partida para frenar su incremento y desalentar su comisión. Sin embargo, aclaró que su fracción como tal daría su voto a favor en lo general, y que en lo particular la votación unánime estaría en contra del artículo 261, por considerar que es muy baja la penalidad que se señala. En relación al artículo 265 bis apuntó que algunos de sus correligionarios votarían en contra, por considerar que la pena estipulada era elevada.

En entrevista aparte, Amalia García y Guadalupe Gómez Maganda señalaron que éste es un triunfo del consenso de las senadoras de todos los partidos políticos, de la sociedad civil y de los grupos de mujeres que durante años han realizado un trabajo extraordinario.

García puntualizó que éste, además, es un triunfo de las víctimas que se decidieron a denunciar.

Patricia Olamendi, impulsora de la propuesta, explicó que este hecho es muy importante para las mujeres, que resarce todo lo que se ha tenido que pasar, pero sobre todo, dijo, es el inicio de una nueva etapa legislativa.

Estados que cuentan con proyectos de ley sobre Violencia Intrafamiliar

Nuevo León, Chihuahua, San Luis Potosí. Estado de México, Jalisco, Baja California, Zacatecas, Coahuila, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Colima, Morelos, Sonora

(Información obtenida de la Primera Reunión Temática con Legisladoras sobre Violencia Intrafamiliar)