DobleJornada, lunes 5 de enero de 1998
Cimac - El Congreso del estado de Oaxaca aprobó reformas y adiciones a diversos artículos de las leyes estatales de Educación y de Salud, así como a los Códigos Civil y Penal de la entidad para penalizar la violencia intrafamiliar.
La propuesta, que derivó en un dictamen de 40 cuartillas, es resultado del trabajo de un grupo de mujeres oaxaqueñas encabezadas por Susana Pérez Guerrero, procuradora de la Defensa del Menor y la Familia, magistradas y la CEDEH, que presentaron la propuesta del pasado 29 de julio.
Para el Código Civil se aprobó derogar todas aquellas disposiciones que expresamente se basan en la idea de la inferioridad femenina; se reformaron algunas para otorgar a las mujeres igualdad de derechos y fundamentalmente dentro de las relaciones matrimoniales, reconociendo su capacidad para determinar cuestiones relativas a la educación de los hijos, para lo cual se requirió la modificación de 50 artículos, donde destacan aquéllos que garantizan el respeto a su derecho a vivir sin violencia dentro del matrimonio.
Se modificó la calificación de los hijos como `legítimos' e `ilegítimos' y se hicieron 25 modificaciones de Procedimientos Civiles favorables a la mujer y a los menores. Dentro del Código Penal se modificaron ``Abuso y hostigamiento sexual, estupro y violación'', quedando la definición del mismo en el artículo 241 como: ``acto erótico sexual realizado sin el propósito de llegar a la cópula con persona menor de 12 años de edad o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aplicando una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de 50 a 150 días de salario mínimo vigente''. La penalidad aumenta a siete años si se usa violencia.
También se incluyeron modificaciones en relación al acoso sexual, estableciéndose que se procederá por denuncia de la parte ofendida y que tendrá una penalidad de uno a tres años; si se trata de un servidor público será destituido.
La penalidad que establecen las nuevas modificaciones en relación con la violencia familiar es de seis meses a tres años de prisión.
En educación se busca lograr la equidad, mediante la puesta en marcha de programas que procuren que los padres de familia apoyen en igualdad de circunstancias los estudios de sus hijas e hijos, otorgando estímulos e incentivos.
En Salud Pública se pretende atender de manera prioritaria la promoción del bienestar familiar, y reducir los efectos negativos de la violencia al interior de la familia mediante la atención a menores y mujeres víctimas.
Otra modificación presentada por la Comisión de Administración de Justicia del Congreso que se recibió y aprobó por unanimidad, es el reconocimiento jurídico de la figura del concubinato como equivalente al matrimonio.