DobleJornada, lunes 5 de enero de 1998

Hoy habrán transcurrido mil cien días desde el 1o. de enero de 1994, y en tanto no se respeten los acuerdos de San Andrés y se restablezca el diálogo entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, habrá una mujer violada cada tercer día; seguirá la división interna en las comunidades; el aislamiento; las expulsiones; las invasiones, el desplazamiento de miles de indígenas, y los atentados.

Chiapas es hoy tierra de violencia, injusticia e impunidad; sitio en donde, como afirma Marta Lamas, ``un muerto será llorado y convertido en mártir o héroe, y una mujer violada es el testimonio viviente del atentado contra la identidad étnica, comunitaria o nacional''.

Cientos de mujeres violadas han sido utilizadas como escarmiento y venganza hacia los otros; algunas denuncias tienen nombre y se han hecho públicas; las más se quedan en el silencio por el temor a las represalias. En las cárceles de la entidad no hay un solo consignado por estos crímenes de guerra. Este es el recuento de los oprobios y el testimonio de una justicia pendiente.

Violación sexual, arma contrainsurgente

A tres meses del levantamiento zapatista se documentó el caso de tres hermanas tzeltales violadas. Sara Lovera, coordinadora de este suplemento, constató 30 días después de ocurrido el ataque sexual cómo asomaban en el rostro y el cuerpo de las indígenas las muestras de la agresión. María Teresa, la mayor de las tres, relató que los militares violadores les advirtieron: ``si se quedan una noche, se salvan''. El ``interrogatorio'' lo realizaron ``el sargento'' y otros militares. En el retén había cerca de 30, algunos se quedaron en sus puestos, otros hicieron bolita; algunos más veían de lejos y un grupo como de diez se quedó con ellas. Luego de discutir, cerraron la puerta del cuarto y ``se nos echaron encima''. Ellas no supieron cuánto tiempo transcurrió, sólo que entre seis y siete militares las violaron; el resto ``dejó hacer''. En su comunidad ``muchos no creyeron. Hubo chismes, tuvimos que salir de donde vivíamos porque dicen que van a venir a buscarnos'', remató María Teresa.

El 4 de octubre de 1995, en San Cristobalito, a 50 kilómetros de la cabecera municipal de San Andrés Larráinzar, tres enfermeras de la Secretaría de Salud fueron atacadas sexualmente por 25 hombres embozados. Ellas regresaban de una jornada de trabajo junto con cuatro compañeras más y tres varones, quienes integraban una brigada de vacunación en la entidad.

En el mismo mes, pero 22 días más tarde, Cecilia Rodríguez fue violada por tres hombres armados en las Lagunas de Montebello. Rodríguez es coordinadora de la Comisión Nacional por la Democracia en México que opera en Estados Unidos, y se encarga de difundir las acciones del EZLN en la prensa norteamericana. Los tres hombres que la violaron, contó Rodríguez, cubrían su rostro con pasamontañas; ``aunque no voy a decir que mis agresores eran militares o miembros de guardias blancas, siento que no fue casual, sabían lo que hacían. Eran profesionales de la violación. Soy víctima de una guerra de baja intensidad y de un estado de deterioro social; mi sufrimiento debe servir para reflexionar lo que hoy padece el pueblo chiapaneco''.

Julieta Flores, integrante de la Unión Campesina Popular Francisco Villa, del municipio de Angel Albino Corzo, denunció que el 15 de diciembre de 1995, después de una serie de tomas de tierra y de movilizaciones que demandaban la instalación de un gobierno municipal plural, policías judiciales acompañados de la policía pública local, la detuvieron junto con otros campesinos de la organización. La llevaron a la base militar más cercana, donde fue torturada y violada en diversas ocasiones. Posteriormente fue liberada, sin que se presentara ningún cargo en su contra y sin que exista registro alguno de su detención.

``La violación de Julieta fue un ataque a su padre y a todos los hombres de su organización. Al igual que los soldados serbios, los judiciales mexicanos se apropian de las mujeres simultáneamente como objetos de violencia sexual y como símbolos de una lucha contra sus enemigos hombres'', escribió la investigadora Rosa Aída Hernández Castillo en este suplemento el 3 de marzo de 1997.

Hasta el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, diversas organizaciones de mujeres de la entidad, entre ellas el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, denunciaron que tenían conocimiento de más de 300 mujeres violadas desde que comenzó el conflicto armado.

Guadalupe Hidalgo, Edith López G., Juana Robledo López y Rubicela Rodríguez Gutiérrez fueron violadas el 8 de febrero de 1996 por Ponciano Villatoro, Arturo Barrio Rodas y Roberto Ocampo de Masarit, caciques del municipio de Ciudad Hidalgo. Pese a haberse iniciado la averiguación previa, no se ha detenido a los culpables.

En la marcha que realizaron las organizaciones de mujeres campesinas y no gubernamentales, demandando el alto a la guerra y la violencia contra las mujeres, también dieron cuenta del caso de las niñas Minerva Guadalupe Pérez Torres y Rebeca Pérez Pérez, de 13 y 15 años respectivamente, secuestradas por integrantes del grupo de guardias blancas autodenominado Paz y Justicia, en agosto de 1996. Las niñas fueron retenidas durante diez días en la comunidad Miguel Alemán, municipio de Tila, donde las torturaron y abusaron sexualmente de ellas, para finalmente asesinarlas.

Un considerable número de casos de violaciones sexuales no se denuncia formalmente por temor, aseguraron las integrantes de las organizaciones de mujeres, como la violación multitudinaria que sufrieron tres indígenas que estuvieron durante el desalojo del predio Tierra Prometida, en el municipio de Ocosingo, efectuado el 12 de octubre de 1996.

No sólo la violencia sexual se hace evidente en las comunidades de Chiapas; también está la que se vive cuando una comunidad es desplazada. La ONU reconoce que en todo conflicto armado el grupo de desplazados está constituido mayoritariamente por mujeres, niños y niñas.

Georgina Rangel, integrante de la Misión Civil Nacional e Internacional de Observación para la Paz en Chiapas, que viajó del 26 de noviembre al 4 de diciembre, aseguró que la situación de los mil 200 indígenas desplazados está en ``alerta roja''.

``María Emilia tiene 26 años, duerme sobre hojas de plátano, se cubre de la lluvia y el frío con más hojas. Come una o dos tortillas diarias; regla por periodos de 12 días; toma agua de los pequeños pocitos que se forman en la tierra con el agua de lluvia y... tiene gripe''. Ella es una de las desplazadas, dijo Rangel, quien recuerda que María Emilia le pidió ayuda a ``tus hermanas'' para que la guerra no mate a sus hijos.

Rangel reconstruye el viaje al municipio de Chenalhó, ante cuyo panorama desolador se decía a sí misma ``esto no puede ser México''. Se acercó a las mujeres de los precarios campamentos, quienes ``experimentan una forma más cruda de entrar a la guerra, sufren de otra manera. Su vida está totalmente violentada y aunque en la misión no se nos reportaron casos de violación, sí los desplazados nos pidieron ayuda para las mujeres que se quedaron atrapadas en la comunidad de Poquila, dominada por los priístas''. Y es que, ``cuando escucharon los balazos, hubo algunas familias de perredistas que no alcanzaron a salir. Muchos de los desplazados nos aseguraban que las mujeres que se quedaron atrapadas eran obligadas a `echar tortilla', lavar la ropa y las estaban violando. Fuimos y no pudimos constatarlo, pero sí nos dimos cuenta que 20 familias vivían atemorizadas. Pedimos, por tanto, medidas cautelares a la Comisión estatal de Derechos Humanos, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al gobierno chiapaneco''.

Es cierto que han pasado mil cien días. Si hoy empezáramos a compensar las vejaciones, la miseria y la violencia descrita, ojalá otros mil días nos sean suficientes para difuminar del rostro de las mujeres las huellas del dolor y resarcir tantos oprobios.