La carencia de financiamiento para asuntos relacionados con la educación superior y el desarrollo científico se hace cada vez más evidente, y desde luego más crítica. A pesar de las constantes demandas, exigencias y hasta súplicas para que el Estado otorgue mayor presupuesto a esas cruciales actividades nacionales, no se ve que el gobierno tenga muchas intenciones de cambiar esa situación.

En vista de lo anterior, dentro del mejor principio neoliberal me permito hacer dos propuestas que pudiesen generar apoyos sustanciales a dichas actividades. La primera va dirigida al rector Francisco Barnés, pero desde luego pudiera ser recogida por autoridades de varias universidades públicas. El doctor Barnés tiene algún tiempo mencionando que la UNAM requiere más presupuesto y se han sugerido varios mecanismos, como solicitar aportaciones de egresados, cobrar colegiaturas, pedirle más dinero al gobierno, etc. Mi propuesta (que de hecho debo acreditar a mi amigo Carlos Imaz) es que se cobre una cuota de inscripción de 15 mil pesos, una sola vez, a todo aquel estudiante que pase del sistema de educación privada al de educación pública.

Hagamos cuentas: supongamos que entren a las prepas y a profesional 50 mil estudiantes cada año en números redondos, y que de 10 por ciento provenga de escuelas particulares. Si cada uno de dichos alumnos pagara 15 mil pesos de inscripción, eso le daría un ingreso de 150 millones de pesos anuales adicionales a la UNAM. La idea no es descabellada, puesto que todo estudiante que realiza sus estudios en escuelas privadas tiene que pagar cada semestre una cuota de inscripción que, al término de su carrera, seguramente es incluso inferior a ese monto de 15 mil pesos.

Desde luego, los estudiantes becados en escuelas particulares por razones socioeconómicas podrían ser eximidos de esos pagos. Pero éstos son detalles del procedimiento. Si bien está claro que 150 millones no le resuelven el problema global de presupuesto a la UNAM, ciertamente sería un apoyo para ciertos programas si ese dinero se etiquetara a algunos de ellos que tienen asignados exiguos recursos.

La segunda propuesta va dirigida a los legisladores, y quizás en particular a las comisiones de Ciencia y Tecnología. La idea aquí es que se trabajara para generar una decisión sobre la base de que se aplique un impuesto de 1 por ciento al tabaco y al alcohol, etiquetado para Ciencia y Desarrollo, y que tal vez todo ese dinero podría destinarse al Conacyt, el cual tendría mucha mayor capacidad financiera para apoyar los diversos programas que tiene y quizás crear otros nuevos.

Estas dos propuestas tienen varias ventajas: no son onerosas para el Estado, hacen que la sociedad o parte de ella participe en el apoyo al desarrollo científico y tecnológico del país y permitirían mejorar la calidad de varios programas de educación superior.