El relevo en Gobernación, si quiere sobrevivir políticamente, deberá mostrar en muy poco tiempo que no es sólo un cambio de nombres, sino que sus acciones estarán animadas por una concepción política distinta. Sin duda Chiapas es el tema en que tendrá que actuar con más urgencia, y donde de manera más destacada tendrá que mudar de óptica. La herencia que dejó su antecesor ciertamente no es la mejor.

Pareciera que la opción que se tomó en Chiapas fue congelarlo como problema, confiar en que habría un cambio de circunstancias que haría desaparecer el componente social. En consecuencia, las acciones de las autoridades se guiaron por una concepción del conflicto que lo hacía aparecer más como un complot que como un problema social. Las consecuencias las hemos padecido todos. Hoy mismo la guerra de comunicados y desmentidos, los rumores y las informaciones incompletas acreditan una situación enrarecida. Restaurar mínimamente un clima de confianza será la tarea inmediata del nuevo titular de Gobernación.

Pero de fondo pareciera que la misión es reconceptualizar el conflicto. La apuesta anterior estaba fundada en que el tiempo y nuevas condiciones económicas, políticas y sociales harían posible una nueva correlación de fuerzas en la que fuera posible la restauración de un tejido social dañado en Chiapas. Sin embargo, al hacer un balance de los resultados de esa apuesta, no queda sino advertir que no sólo no han cambiado las circunstancias que dieron origen al conflicto, sino que se han agravado; el tejido no se ha restaurado mágicamente sino que se ha degradado. Hoy hay más actores e intereses en conflicto que hace cuatro años.

Y las respuestas que han dado las autoridades a la masacre de Acteal hasta ahora no parecen ir en el camino correcto. Primero fue intentar todo un alegato de inocencia que no se hacía cargo de la responsabilidad que les cabría en la escalada del conflicto; ahora se ensayan medidas como el desarme, que serían más una consecuencia de arreglos hasta hoy inexistentes, que requisitos para reiniciar el diálogo. Por supuesto que es necesaria la aplicación de la ley, pero justamente la falta de capacidad para aplicar la ley parece una de las razones más claras del origen del problema. Finalmente, si se tiene la convicción de responsabilidades penales en la escalada, que se actúe, pero me parece que no asumir los orígenes sociales del conflicto es no querer ver nada. Si la ruta legal no es acompañada de una recomposición de la política, se habrá desprestigiado el derecho y la ausencia de la política seguirá produciendo conflictos cada vez más serios.

Es en ese sentido que una de las primeras tareas que deberá atender el nuevo titular de Gobernación es la de reconstruir canales de diálogo, reconstrucción que en buena medida pasa por una revisión de la conceptualización de la naturaleza y alcances del conflicto. Si se insiste en que el tiempo borrará el problema, y no se asume el papel de la política, habrá de manera intermitente nuevas balaceras, aparecerán nuevos grupos armados y cada día que pase será más difícil hablar siquiera de reconciliación. Hoy las nuevas autoridades tienen la palabra, ojalá pronto la usen en una mesa de diálogo.