Las afirmaciones de Francisco Labastida Ochoa en torno de Chiapas, en su discurso de protesta como nuevo titular de la Secretaría de Gobernación, significan una virtual declaración de guerra contra el EZLN y una interpretación maniquea de la naturaleza del conflicto que se viene desarrollando en ese estado a partir de 1994.

De hecho, este discurso expone las líneas principales de provocación a las que está recurriendo el gobierno federal en su afán por destruir el movimiento zapatista a partir de coberturas ideológicas para manipular la opinión pública nacional e internacional.

Una de estas ``líneas'' es considerar que Chiapas puede ser explicado a partir de la ``violencia y las agresiones entre grupos'', hipótesis muy conveniente porque de esta manera el gobierno ya no es parte del conflicto y principal promotor de la violencia institucionalizada y paramilitar, sino que se presenta como una especie de árbitro de la confrontación armada entre grupos de diversa naturaleza religiosa o política, o de ``lucha por la tierra''.

Burda como es, esta especie puede ser convenientemente manipulada para expresar la siguiente línea de provocación: todos los grupos son equiparables y similares, los paramilitares y el EZLN son igualmente desarmables, ``la ley tiene que aplicarse a una y otra parte'', los victimarios y las víctimas son igualmente culpables y en esto coinciden desde el gobernador hasta el nuncio, pasando ahora por el flamante secretario.

Sin embargo, aquí se topan con la Ley para el Diálogo y la Paz Digna en Chiapas. Las estipulaciones de la misma y los procedimientos acordados entre las partes impiden al Ejército perseguir y agredir a las comunidades indígenas zapatistas mientras el diálogo no sea declarado roto por la Cocopa en consulta con la Conai.

En consecuencia, el Ejército con sus incursiones y posicionamientos se está colocando fuera de la ley, y lo que es peor, se está asumiendo como represor del pueblo y defensor de los intereses de un pequeño grupo de oligarcas. Asimismo, el Ejército deberá responder a las graves denuncias que se hacen desde las páginas de Proceso en el sentido de crear y apoyar a los grupos paramilitares y, por ende, ser responsable de actos de genocidio y etnocidio.

Por su parte, el Congreso de la Unión deberá obligar al gobierno a que esta Ley sea acatada en todos sus términos, deteniéndose inmediatamente el despliegue de tropas sobre las comunidades zapatistas; de no hacerlo, quedaremos a merced de la obsesión autoritaria del Ejecutivo y al desdoro de la representación popular y nacional que ostentan las Cámaras.

La matanza de Acteal no es el resultado de una ``lucha fratricida'', sino la instrumentación diabólica de una guerra de contrainsurgencia llevada a cabo desde las alturas del gobierno mexicano. El gobierno debería desmantelar y castigar penalmente a los paramilitares que operan en varias regiones de Chiapas, en lugar de enfrentarse a valerosas mujeres que defienden su dignidad y su autonomía.

Otra de las líneas de la provocación gubernamental es reducir el nivel de los Acuerdos de San Andrés al nivel de ``propósitos'', según el término utilizado en tres ocasiones por el secretario Labastida en su discurso para referirse a los documentos firmados entre el EZLN y el gobierno federal, y volver a la consabida cantaleta de la ``expresión jurídica'' de los ``propósitos'' y la ``división del país y de los mexicanos'', ``imposición de la forma de vida'', etcétera, para referirse -aunque no por su nombre- a las autonomías.

Obviamente, Labastida no hace mención de la propuesta de reformas constitucionales en materia indígena de la Cocopa ni, por cierto, se refiere en su texto a las instancias de coadyuvancia e intermediación, pues de hacerlo tendría que referirse, aunque sea de manera indirecta, a un conflicto y a un interlocutor innombrable: el EZLN.

De esta manera, parece que estamos ante una política no sólo de continuismo con respecto al anterior secretario, sino incluso de endurecimiento de las posiciones del gobierno con respecto a Chiapas. En la misma semana que se dio el cambio ministerial el Ejército avanzó en toda la línea y el mismo día de la toma de protesta el Ejército ingresó a La Realidad. El mensaje no podía ser más claro.

Con todo, a pesar de lo inconmensurable que resulta el poder del Estado, sobre todo cuando opta por la represión y el autoritarismo, no podemos caer en la pasividad y en el desaliento. Siempre hay opciones para resistir a la guerra y a la tiranía.