1998 empieza con toda la carga de un año que terminó en tragedia. El cambio del calendario y los buenos deseos de año nuevo se consumen rápidamente por las urgencias que carcomen al sistema político: guerra en Chiapas, asesinatos políticos sin resolver, clima enrarecido de violencia urbana y rural.

El gobierno de Zedillo se mueve con una lógica exacta en sus decisiones económicas, denota un proyecto con altos costos sociales, pero hay claridad. En cambio, en la ruta política no hay proyecto, se dice una cosa y se hace otra; las decisiones son lentas y llenas de inercias, los problemas se acumulan y se desbordan.

Se perfilan tres zonas para llenar la agenda política del año que inicia: la paz en el sureste, la reforma del Estado y los múltiples comicios estatales.

Es difícil describir la situación por la que atraviesa el país al iniciar 1998: hay una serie de problemas estratégicos sin resolver y que en cualquier momento suben de nivel y estallan en crisis.

El ejemplo más claro lo tuvimos en diciembre de 1997 con la matanza de Acteal, en Chiapas, que no sólo es una cuestión regional, sino la expresión de una guerra que afecta al conjunto del país y del sistema político.

Hay una sumatoria de diversas expresiones de violencia que producen un clima generalizado de inseguridad y predominio de mafias, ya sea del narcotráfico o de la delincuencia organizada, problema que se vive en muchas ciudades (Distrito Federal, Guadalajara, Ciudad Juárez y Tijuana, entre otras), o las manifestaciones caciquiles en el medio rural que desembocan en matanzas (Aguas Blancas, Acteal).

En esta parte del país, que puede denominarse, sin exagerar, salvaje y cruel, ha habido una incapacidad gubernamental alarmante. ¿Qué cálculo hizo el gobierno cuando se puso los moños para impulsar el paquete de reformas pacificadoras en Chiapas? ¿Resulta más conveniente la actual situación de guerra que hoy se vuelve a intensificar? ¿Qué intereses perversos están ganando la batalla de la pacificación?

En este contexto se da el cambio del secretario de Gobernación. Deja el cargo un operador que sale con varias cuentas chuecas. Emilio Chuayffet intentó boicotear la alianza opositora mayoritaria que instaló la Cámara de Diputados el 1¼ de septiembre pasado, obstaculizó el proceso de paz en Chiapas y mantuvo una línea dura que afectó el clima político de la región y del país.

¿Por qué Zedillo mantuvo tanto tiempo a un secretario de Gobernación con ese perfil? ¿Habrá sido por debilidad, incapacidad o quizá por acuerdo? Francisco Labastida es el tercer secretario de este sexenio y con él se da un reacomodo entre los grupos en el gabinete que necesariamente tendrá efectos en la sucesión del año 2000. Desafortunadamente, la paz en Chiapas estará cruzada de nuevo por las dinámicas que la misma lucha por el poder de la sucesión impone, se perdió tiempo muy valioso que no es recuperable.

Junto a la necesidad de lograr la paz en Chiapas vienen otras tareas políticas para 1998 y lo que resta del sexenio. Se trata de la reforma del Estado, de los cambios institucionales pendientes: modificaciones constitucionales sobre la competencia de los poderes, la reforma al Poder Judicial, una nueva ley laboral, un nuevo pacto entre las regiones y el centro, finalizar las transformaciones electorales y la revisión de algunas reformas realizadas durante el salinismo, son algunas temáticas de una intensa tarea legislativa, para la que tal vez no existan condiciones políticas entre las fuerzas de poder.

1998 será también un intenso año electoral, pues habrá comicios en casi la mitad del país: 14 procesos, diez de los cuales son gubernaturas. El mapa electoral que resulte al final de este año será definitivo rumbo al año 2000. A pesar de los avances logrados en términos de civilidad electoral, no se pueden descartar posibles conflictos y tensiones que impactarán la dinámica de negociación de las reformas legislativas.

Al término de 1997 la oposición gobierna a 54.5 por ciento de la población, 17 de las 31 capitales de estado, seis estados y el Distrito Federal, los cuales producen 47.38 del producto interno bruto del país (Reforma, 17/XI/97). De las diez gubernaturas sólo hay dos con un fuerte dominio del PRI (Tlaxcala y Zacatecas), otras cinco tienen una fuerte competencia bipartidista (Aguascalientes, Chihuahua y Puebla, entre PRI y PAN; y Oaxaca y Tamaulipas, entre PRI y PRD) y las otras tres tienen competencia importante de tres fuerzas (Sinaloa y Veracruz entre PRI, PAN y PRD; y Durango entre PRI, PAN y PT).

1998 tiene por delante una pesada agenda política, que se agrava por la falta de rumbo, de claridad y de resultados.