Hoy, como cada 6 de enero, el Presidente de la República deberá estar en Veracruz en la conmemoración de la ley agraria del 6 de enero de 1915, promulgada por Venustiano Carranza, cuyo objetivo central fue combatir en el terreno político e ideológico a Emiliano Zapata. Una ley controvertida si las hubo.

Por semanas el Presidente ha mantenido un silencio inquietante sobre los hechos de Chiapas. ¿Qué pasa? ¿Por qué el primer mandatario no ha explicado nada a sus gobernados? ¿Por qué frente a la ola de protestas y denuncias Chiapas sigue militarizándose y paramilitarizándose? ¿Nada hay que explicar a la nación? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la verdad real de las diversas informaciones contradictorias? ¿Cómo comparar un dato que dice: ``incursión militar por 12 o 16 horas en La Realidad'' (fuentes indígenas), contra otro que dice: ``no hubo toma militar de La Realidad'' (Ejército)?

En la ocasión que conmemora el punto de partida de las leyes agrarias emanadas de la Revolución, el Presidente debería explicar a satisfacción de todos el proceder gubernamental, la relación de este proceder con la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, y las razones precisas del incremento de la presencia militar en ese estado.

El acto conmemorativo veracruzano y el cambio de titular en la Secretaría de Gobernación pueden ser también ocasión para comenzar a cubrir una falta evidente en la comunicación del gobierno con la sociedad: las exactas prevenciones gubernamentales respecto a la ``traducción'' a ley de los acuerdos de San Andrés que en su momento realizara la primera Cocopa. Los lectores de prensa sólo hemos registrado que en contra del proyecto de ley de aquella Cocopa, ``hay problemas de técnica jurídica relacionados con la soberanía y la integridad territorial''. En este espacio, en su momento, me pareció indispensable la necesidad de otorgar el beneficio de la duda a los recelos del gobierno (que entonces se expresaron como certidumbres incontrovertibles). Pero esa prevención genérica debió sustanciarse detallada, profunda y profusamente, y debió asimismo explicarse a la sociedad hasta persuadirla de sus argumentos, si éstos existían. Pero al día de hoy, no ha habido tal. Continuamos a ciegas, sin conocer los argumentos sobre un asunto que tiene en vilo a la sociedad.

José Mancisidor registra este diálogo entre Emiliano Zapata y Francisco I. Madero: ``Lo que a nosotros nos interesa -dijo Zapata- es que, desde luego, sean devueltas las tierras a los pueblos y que se cumplan las promesas que hizo la Revolución'' (artículo 3¼ del Plan de San Luis). ``Todo eso se hará -dijo Madero-; pero en debido orden y deben resolverse por las autoridades del Estado. Lo que conviene de pronto es proceder al licenciamiento de las fuerzas revolucionarias, porque habiendo llegado el triunfo ya no hay razón de que sigamos sobre las armas''.

Zapata esperó, pero no mucho: hubo de expedir el Plan de Ayala, en el que declaró a Madero traidor, porque las promesas no se cumplieron. Como lo escribiera el historiador George McCutchen: una vez que se hizo ``la promesa de que el pueblo poseería la tierra, la Revolución se convirtió en algo más que una perturbación política ordinaria. Conmovió a la población rural profundamente y despertó a los hambrientos peones y los empujó a luchar contra los amos.'' La expectativa

encendió el corazón campesino. A su modo eso hicieron los acuerdos de San Andrés. Por elemental justicia y por necesidad política es indispensable y urgente su solución definitiva.

Los comunidades chiapanecas, que nunca tuvieron relación alguna con la ley agraria de 1915, ni con las disposiciones constitucionales agrarias de 1917, no están en posibilidad de ganar nada por las armas. Pero una gran parte de la sociedad demanda justicia y paz ya para esas comunidades. Es obligación del gobierno atender las demandas de las comunidades y de la sociedad que las apoya.

El viejo Silva Herzog un día escribió respecto a las disposiciones de la ley del 6 de enero de 1915: ``la trascendencia y el interés (de esas disposiciones) estriban no sólo en la justificación del movimiento revolucionario, sino en el criterio que sustentan respecto a que todos los pueblos sin tierrasn hayan tenido o no ejidos, tienen derecho a tenerlas para satisfacer sus necesidades''. El conflicto chiapaneco no podrá ser resuelto en el sentido de la ley que hoy conmemora la República, si el gobierno no asume que es indispensable desarticular la oligarquía terrateniente chiapaneca con todo y sus alianzas políticas y sus grupos paramilitares.