A más de un año del estancamiento del proceso de pacificación para Chiapas, y a dos semanas de la bárbara matanza perpetrada en Acteal por un grupo paramilitar tolerado o patrocinado, según todos los elementos de juicio, por estamentos de los poderes públicos, amplios sectores de la sociedad perciben insuficiencia, inacción o incluso indolencia en las acciones gubernamentales, tanto frente a la creciente descomposición del escenario político y social chiapaneco, como ante la exigencia de justicia y castigo a los responsables materiales, intelectuales y políticos del operativo de exterminio del 22 de diciembre.

A pesar del relevo en la Secretaría de Gobernación y de la captura de decenas de presuntos implicados materiales en la matanza de Acteal, el gobernador de Chiapas y su secretario general de gobierno --el cual admitió, en declaración ministerial, que fue avisado de la matanza cuando ésta apenas se iniciaba-- continúan en sus puestos, y no hay indicios de una intención oficial de esclarecer las responsabilidades en que pudieron haber incurrido --por acción o por omisión--, tanto estos funcionarios, como Emilio Chuayffet, en cuya gestión como secretario de Gobernación se organizaron y actuaron, hasta el extremo de la barbarie, las bandas armadas de Paz y Justicia, Los Chinchulines, Máscara Roja y otras. Asimismo, a pesar de la cada vez más explosiva situación chiapaneca, el gobierno sigue sin dar muestras, en los hechos, de voluntad para cumplir con los Acuerdos de San Andrés.

A los datos mencionados se agrega, como factor de irritación e incertidumbre, la carencia, por parte de las autoridades, de una política informativa clara y satisfactoria sobre los sucesos en Chiapas; tal carencia fue puesta de manifiesto por las informaciones sobre la realización de operativos militares del Ejército Mexicano en La Realidad y otras localidades de población predominantemente zapatista, y con los boletines y declaraciones oficiales que, en lugar de aportar las precisiones necesarias, y tras negar que tales movilizaciones hubieran tenido lugar, acusaron a la Conai y otras instancias de la sociedad civil de inventar los informes correspondientes.

En este contexto exasperante, grupos de simpatizantes de los rebeldes chiapanecos tomaron ayer, en esta capital, las instalaciones de las estaciones de radio Pulsar FM y Radioactivo, y obligaron al personal de las emisoras a difundir un comunicado del Frente Zapatista de Liberación Nacional. Es claro que esas acciones son contrarias a derecho, violatorias de la libertad de expresión y políticamente equívocas, toda vez que dan argumentos a los partidarios de la represión, la cerrazón y la cancelación o el acotamiento de las libertades individuales. Las medidas de presión o coerción a un medio informativo para que divulgue o calle un material determinado son, por esas razones y por principio, condenables, y resulta imprescindible apelar a la mínima responsabilidad cívica de todas las organizaciones políticas, sociales o religiosas, sean del signo que sean, para que se abstengan de realizar tales acciones.

Pero también resulta imprescindible que las autoridades federales asuman que, en tanto no cambie la actitud con la que se ha querido manejar el conflicto chiapaneco, será inevitable el crecimiento de la irritación y la desesperación sociales que empiezan a expresarse en acciones como las tomas de emisoras.

Este episodio debe ser tomado como un signo de alerta sobre la urgencia de hacer frente a la circunstancia de Chiapas y emprender acciones perentorias e inequívocas en todos los ámbitos que se requiere --el político, penal, jurídico, económico, social, el de asistencia--, poner fin a los peligrosos movimientos de tropas, presentar a la sociedad una investigación creíble y profunda de lo ocurrido en Acteal el 22 de diciembre, reactivar el proceso pacificador y avanzar, de una vez por todas, en la solución de la conflictiva social de la entidad.