Gobernación cortó la señal durante el hecho; anuncia estrategia para proteger instalaciones

Jesusa Cervantes Ť La Asociación de Radiodifusores del Valle de México interpuso ayer una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) por violaciones a la legislación federal, y otra por despojo ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), por la toma de dos estaciones de radio. En tanto, el secretario de Gobernación, Francisco Labastida, acordó que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el gobierno capitalino y las autoridades estatales elaboren una estrategia de protección para evitar nuevas incursiones de este tipo.

Luego de efectuarse las tomas de las emisoras Radioactivo y Pulsar FM, Labastida Ochoa convocó de urgencia a los presidentes de diversos grupos radiofónicos, al encargado del Cisen, Carlos Tello Peón; al secretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Ruiz Sacristán, y al director general de Radio Televisión y Cinematografía (RTC) de Gobernación, Carlos Reta Martínez.

El arma de plástico

Asimismo, Labastida informó que hay un detenido que es interrogado por la PGR para determinar quién fue el autor intelectual del hecho, y aclaró que aún se desconoce si hubo alguna intención más allá de leer un comunicado del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN).

El funcionario calificó el acto como de ``alta irresponsabilidad'', ya que por tratarse de vía de comunicación del ámbito federal, se movilizó al Grupo de Respuesta Rápida ``y pudo ocurrir algo serio, porque se mandó a un grupo muy fuerte. Afortunadamente se conservó la calma y no (se) llegó a mayores''.

El titular de Gobernación explicó que la presencia del grupo especializado se debió a que una de las personas que tomaron las radiodifusoras traía consigo ``una réplica de un fusil de alta peligrosidad... era de plástico pero desde cierta distancia no podía distinguirse su material''.

Dijo que tanto la toma de las estaciones de radio en la ciudad de México como el descubrimiento de un presunto centro de información del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en Oaxaca y el derribamiento de dos torres de energía en Chiapas, serán analizados por el Cisen, instancia que ya se encuentra investigando los tres hechos para saber qué es lo que está ocurriendo.

Por su parte, Carlos Ruiz Sacristán, titular de la SCT, manifestó que las tomas de radiodifusoras son ``un atentado contra la libertad de expresión'' y que en la reunión matutina con el secretario de Gobernación se acordó presentar la querella ante las autoridades judiciales.

A su vez, Carlos Reta, director de RTC, precisó que durante la reunión no se habló de una posible protección inmediata del Ejército Mexicano en estaciones de radio de diversos estados del país, y comentó que probablemente será el Cisen el que elabore la estrategia de vigilancia.

Labastida Ochoa dijo que ``por lo que toca a inteligencia (de Gobernación), estarán muy atentos para detectar y reaccionar'' ante cualquier eventualidad, y que las fuerzas tanto del Ejército como de la PGR destacadas en cada localidad, atenderán cualquier problema que se presente contra las vías de comunicación. Se pedirán también el apoyo de los gobiernos estatales para que tomen medidas y protejan a las radiodifusoras, añadió.

Sobre el caso de la ciudad de México, Labastida Ochoa y el jefe de gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas, se reunieron para discutir la estrategia de apoyo, según comentó el propio titular de Gobernación.

Por lo que respecta a los radiodifusores, el presidente de esa asociación, Adrián Vargas Guajardo, detalló que a las 7:20 de la mañana llegó un grupo de 40 personas a las instalaciones de las emisoras Radioactivo y Pulsar; 17 de ellos entraron a una cabina, 10 a otra y el resto se distribuyó en áreas comunes de las instalaciones. ``El ingeniero de sonido al ver que ocurría algo anormal, optó por sacar las estaciones del aire, pero fuimos obligados a reiniciar nuestras transmisiones, que fue el espacio donde se dio a conocer el comunicado del FZLN; no vimos lo político, ya que tomaron presumiblemente armados nuestras instalaciones por la fuerza'', narró Vargas Guajardo.

Finalmente, continuó, de 9:50 a 10 de la mañana se les permitió leer su comunicado ``y luego se fueron pacíficamente sin robar nada del lugar''. En nombre de la asociación, Adrián Vargas protestó por ``este atentado contra la libertad de expresión'' y descalificó los ``actos de violencia ilegales''.

La ley indígena debe contar con el consenso del EZLN: Núñez

El líder de la fracción priísta en la Cámara de Diputados, Arturo Núñez, dijo que es posible que la Ley de Derechos y Cultura Indígenas se proponga ante los legisladores aun antes del reinicio del diálogo, sin embargo, consideró que lo deseable es que sea con el consenso del EZLN.

``Eso es lo deseable (que tenga el aval del EZLN) para que ayude al reinicio del diálogo, pero desde luego que las cámaras serían las que dirían la última palabra'', manifestó Núñez Jiménez al término de su entrevista con el secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa.

--¿Sería posible que la ley llegara al Congreso antes de reiniciar el diálogo?

--Es algo de lo que está previsto analizar entre la Cocopa y las partes, pero una de ellas se ha rehusado a recibir a la Comisión de Concordia, entonces hay que ver con qué iniciativa se puede destrabar.

Asimismo, el líder de la fracción priísta rechazó que el Poder Legislativo esté rebasado en el problema de Chiapas, y recordó que mientras una de las partes no esté dialogando ``se enrarece el ambiente''.

Consideró necesario volver a reivindicar la política como solución al problema e insistió en que su partido (el PRI) cuenta con toda la disposición para solucionar el conflicto.

Finalmente, Núñez Jiménez rechazó la versión del también priísta y ex miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación, Jaime Martínez Veloz, en el sentido de que fue la Secretaría de Gobernación la que obstruyó una solución en 1996.