Luis Hernández Navarro
La guerra de las mentes y los corazones

¿Qué pretende el Ejército Mexicano al avanzar sobre los Aguascalientes zapatistas? ¿Realmente cree que va a desarmar al EZLN? ¿Hasta dónde va a llegar en esta ofensiva?

Los últimos acontecimientos en Chiapas muestran que la matanza de Acteal no fue una acción descontrolada de grupos paramilitares sino la primera parte de un libreto planificado desde el poder. Fue una acción enmarcada en una estrategia de guerra, que buscó justificar ante la opinión pública una acción militar de gran envergadura para incrementar el número de efectivos militares en la entidad, establecer nuevos campamentos y crear una cobertura para romper la ley del 11 de marzo. Pero algo falló en el primer movimiento de esta ofensiva: los desplazados de Acteal, en lugar de responder a la agresión armada con la violencia, se pusieron a rezar. Todos los muertos fueron de un solo bando. El gobierno no pudo presentar los hechos como resultado de un enfrentamiento.

Sin embargo, el libreto del poder siguió adelante como si no hubiera pasado nada. El procurador Jorge Madrazo, investido en el papel de Antonio Lozano Gracia, pasó a repetir el guión elaborado de antemano: la masacre, según su interpretación, se debió a conflictos interfamiliares e intercomunitarios. Armado teóricamente con un marco conceptual digno de la ciencia política ficción señaló que detrás de los asesinos se encuentran cafetaleros --finqueros, diría después-- a pesar de que en Chenalhó los productores de café tienen parcelas que en promedio no exceden las dos hectáreas y no hay finqueros. Asimismo, afirmó que hace aproximadamente un año seis jóvenes priístas fueron asesinados en el municipio y aventados a una caverna, cuando los asesinados eran todos hijos de simpatizantes zapatistas. Desafortunadamente para él, los muertos de Acteal son todos parte del grupo ``Las Abejas'': su explicación carece del más elemental sentido común, tan inverosímil como tratar de justificar que a Luis Donaldo Colosio lo mató, solamente, Aburto.

En el tercer acto de esta tragedia --que la impericia del poder convirtió en una especie de ópera bufa-- el coro comenzó a exclamar: ¡Desármenlos! ¡Todos son iguales! Para tratar de ocultar la acción gubernamental, la consigna fue: igualar la culpa, responsabilizar a las víctimas, recordar la pobreza ancestral del estado. Se trataba de justificar la acción del ejército en contra de los zapatistas y la violación de la ley del 11 de marzo de 1997.

El cambio de secretario de Gobernación no modificó el guión. Las primeras declaraciones de Francisco Labastida llamando a desarmar a todo mundo en la entidad son, en los hechos, una declaración de guerra en contra del EZLN y una violación a la ley de Concordia y Pacificación, al protocolo de San Miguel y a los acuerdos de San Andrés, donde se establece, con toda claridad, que el desarme de los zapatistas será el punto de llegada de la negociación y no el arranque de ésta. La siembra de armas en Altamirano y el avance de tropas federales hacia los Aguascalientes de La Realidad, Oventic y Morelia muestran que con nuevos personajes, el libreto inicial se mantiene.

La nueva estrategia del gobierno federal pretende contener y revertir la expansión zapatista y la influencia de los municipios autónomos. El fracaso del intento por achicar y chiapanequizar el conflicto se hizo evidente tanto con la aparición de un nuevo corredor zapatista en las regiones sierra y parte de la costa, como con la reunificación de la ARIC-Independiente y la ARIC-Oficial bajo una orientación progresista y la expulsión de los asesores progubernamentales. Roto el antiguo ``equilibrio'' de fuerzas y ante la incapacidad de los paramilitares de frenar el crecimiento del EZLN, el gobierno decidió dar un ``manotazo en la mesa'' y reposicionar sus tropas para hacer sentir su fuerza. Se trata de una nueva guerra: la de las mentes y los corazones, para amedrentar a la población civil, y asfixiar el funcionamiento de los municipios autónomos. Se busca obligar a los zapatistas a regresar a la mesa de negociaciones en condiciones de debilidad, sin cumplir con los requerimientos mínimos establecidos por ellos.

Cualquier acción militar que trate de desarmar al EZLN romperá la ley del 11 de marzo, dejando el proceso de paz sin marco legal. Constituirá una violación unilateral de la normatividad existente por parte del Ejecutivo. En lugar de crear las condiciones para sentar a los zapatistas a la mesa de negociaciones las alejará aún más. Pero además, tendrá muy pocas posibilidades de tener éxito. Como lo sabe cualquier analista medianamente informado, poner por delante, en procesos de paz, la cuestión del desarme, es colocar la carreta delante de los bueyes. Los hombres y mujeres que forman el EZLN ganaron su alma hace mucho tiempo, no la perderán por la fuerza de las amenazas.

Hace ya varios años que en Chiapas se libró la guerra de las mentes y los corazones. En esa guerra triunfaron los rebeldes, la ofensiva militar no va a modificar este hecho. Tampoco va a provocar que se olvide quiénes son los responsables de la matanza de Acteal.