Es un principio del Derecho Procesal Civil que quien afirma tiene que probar. En asuntos judiciales en los que se enfrentan intereses de dos particulares, y en los que el juez debe ser imparcial y atenerse al impulso procesal de las partes, esta regla es indudable, pero la misma no puede ser trasladada, así nomás, a las cuestiones de orden público, a la persecución de los delitos, especialmente cuando están de por medio asesinatos masivos y acciones de amedrentamiento generales como sucedió en Chiapas.

Por tal motivo, me parece injustificado que mis compañeros legisladores del PRI, en un desplegado a plana entera publicado el lunes pasado, descalifiquen sin más, como ``chismes'', las declaraciones del obispo coadjutor de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Raúl Vera.

Lo que dijo el obispo es lo que se sabe en Chiapas, lo que se ha dicho reiteradamente en los medios nacionales de comunicación, lo que han repetido grupos civiles comprometidos en la búsqueda de la paz digna en el estado y, podría agregarse, que es una de esas verdades que conoce todo mundo pero que no está al alcance de cualquiera probar a satisfacción de un árbitro, en especial si éste es parcial e interesado.

Suponiendo que los priístas, y entre ellos los diputados de ese partido en Chiapas, no tuvieran nada que ver con los grupos armados que asuelan el norte del estado, como Paz y Justicia, Los Degolladores, los Chinchulines o Máscara Roja, los pobladores del estado y la sociedad civil, los comunicadores y los grupos más adentrados en el conocimiento de los problemas de la zona, piensan lo contrario, y en política esa especie de plebiscito condenatorio pesa demasiado y no puede ser echado abajo con un desplegado por muy comedido y bien estructurado que esté.

No hay que olvidar que en medio del torbellino de la Revolución Francesa, Mirabeau decía con la lucidez de dirigente natural que siempre tuvo que ``cuando todos se equivocan todos tienen razón''.

Hasta en los juicios civiles se admite la prueba llamada ``fama pública'', que no es otra cosa que la convicción o creencia generalizada en la verdad de un hecho.

Pero hay algo más que decir al respecto. ¿Quién puede y debe probar la relación entre políticos y grupos armados?: los simples ciudadanos, aun cuando como en el caso del señor Vera tengan el carácter de eclesiásticos o las autoridades.

No hay que olvidar que el Ministerio Público tiene en México el monopolio de la acción penal; son por tanto sus agentes, del procurador general de la Repúbica hacia abajo, quienes deben de probar la liga entre los asesinos materiales y quienes les proporcionaron armas, los solaparon, los financiaron y los entrenaron. Es el procurador con sus investigadores, peritos, expertos y abogados especializados, quien tiene la posibilidad y la responsabilidad de hacerlo; es él y su equipo, como en otros casos importantes, quienes tienen la carga de la prueba.

Los ciudadanos no pueden interrogar, ni investigar ni hacer cateos, ni ordenar desahogo de pruebas o formulación de cargos, ni siquiera los que, como el señor obispo, cuentan con una gran autoridad moral en la entidad. El, en su calidad de dirigente religioso, seguramente escucha a muchos ciudadanos que son además sus feligreses, pero con seguridad no quiere ni debe exponerlos, ni a ellos ni a sus familias, revelando los nombres o dando datos que los mismos informadores no le autoricen; su papel es señalar como vocero de la comunidad lo que todos piensan y opinan.

Los policías y fiscales, en cambio, sí pueden ir al fondo de las cosas, actuar como se debe esperar de ellos y encontrar a los verdaderos culpables. No podemos, como hacen los diputados priístas en su desplegado, pedirle a un sacerdote que tuvo el valor civil de expresar su punto de vista, que supla a la Procuraduría de la República y sea él quien aporte las pruebas de lo que pasa en Chiapas.

Si los diputados priístas autores del desplegado quieren de verdad, como afirman estar con ``quien levante la voz en defensa de los indígenas de Chiapas'', deberían apoyar a los que denuncian con valor y no recriminarlos porque carecen de las pruebas a las que sólo pueden tener acceso las autoridades.