La designación de José Angel Gurría como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha sido interpretada -tanto por los analistas financieros como por diversos representantes del sector empresarial- como un signo de la continuidad del modelo económico vigente durante la gestión de Guillermo Ortiz, actual gobernador del Banco de México. El propio presidente Ernesto Zedillo, al dar posesión de su cargo a Gurría, señaló que la tarea del ex canciller al frente de la SHCP consistirá, primordialmente, en garantizar la disciplina fiscal.

Si bien es cierto que para importantes actores económicos, tanto nacionales como extranjeros -particularmente los inversionistas y las organizaciones empresariales y de banqueros-, la certidumbre en materia económica es un factor indispensable para la estabilidad del país, hoy resulta imperativo introducir una serie de modificaciones y ajustes en la estrategia económica que permitan atender los considerables rezagos que existen en el ámbito salarial, fiscal y de gasto social, emprender una efectiva redistribución de la riqueza, generar las fuentes de empleo que requiere y demanda la población y fomentar la actividad productiva, especialmente en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas.

Como lo han señalado múltiples voces en las instancias partidistas, empresariales y académicas, uno de los retos más importantes que deberá abordar el nuevo secretario de Hacienda es la realización de una reforma fiscal integral. Reducir y racionalizar la carga impositiva que deben afrontar tanto las empresas como los individuos, hacer proporcionales las tasas a los niveles de ingresos de la población, reducir la evasión y ampliar la base de contribuyentes, propiciar un mayor dinamismo en la economía y permitir que el Estado cuente con los recursos suficientes para atender las demandas sociales, entre otras consideraciones, constituyen las premisas medulares que deberán tenerse en cuenta en la urgente reforma tributaria que requiere el país. Del mismo modo, ha de cuidarse que los recursos fiscales, cuyo destino primordial debe ser el desarrollo nacional, no sean utilizados para proteger los intereses de los grandes grupos privados, como sucedió en los casos del rescate bancario y de las autopistas concesionadas.

Por otra parte, debe robustecerse y ampliarse el diálogo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo sobre la definición de las estrategias y criterios de política económica. Como pudo constatarse en el áspero proceso de análisis y aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Ingresos para 1998 que tuvo lugar en el Congreso a finales del año pasado, hoy es indispensable que las decisiones en materia fiscal y de gasto sean validadas por el consenso de las diversas fracciones parlamentarias, con el fin de prevenir rupturas y crisis que no benefician al país y que, por el contrario, pueden introducir factores de inestabilidad e incertidumbre.

En esa perspectiva, debe tenerse en cuenta que los legisladores, antes que proteger intereses privados o de grupo o defender a ultranza posiciones ideológicas o políticas, deben privilegiar el interés de la sociedad y atender los legítimos reclamos de sus electores. Por ello, el secretario de Hacienda deberá mantener un estrecho contacto con todos los grupos parlamentarios para que la política económica, tributaria y de gasto social se defina de forma democrática y se traduzca en acciones concretas de beneficio general.

Por último, cabe reiterar que en la medida en que la política económica recoja y atienda las demandas de todos los sectores sociales, especialmente las de aquellos que más han resentido el impacto de la crisis -los obreros, los campesinos, los profesionistas y los pequeños empresarios-, el país podrá gozar de una mayor estabilidad y emprender un desarrollo económico y social más justo y duradero.