Aunque otros importantes asuntos reclaman atención, es tan grave lo que está ocurriendo en Chiapas que no es posible sustraerse de este tema, en el cual destaca, junto al sufrimiento de miles de chiapanecos, una increíble insensibilidad del gobierno federal.

Cualquier persona que lea las crónicas de Hermann Bellinghausen o vea los reportajes televisivos de Ricardo Rocha, forzosamente llega a la conclusión de que es necesario, con necesidad de urgencia, hacerles llegar apoyo inmediato a los desplazados y adoptar, también de inmediato, las medidas que conduzcan a la pacificación de esa entidad --entre ellas el cese de todo acto castrense de provocación-- y a la generación de condiciones que propicien la reducción de sus enormes y añosos rezagos.

A la vista de esas crónicas y esos reportajes --ambos con un vasto público--, cualquiera se conmueve y se persuade de la urgencia de ayudar y trabajar por la paz y el desarrollo de Chiapas. Cualquiera, menos quienes desde el gobierno tienen injerencia directa en ése y aquélla, incluido el Presidente de la República, que es a quien le compete la mayor responsabilidad en esos rubros, pero en vez de asumirla intenta disminuir las dimensiones de la conflictiva y compleja situación de ese estado.

Así, al presentar al nuevo secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, y pese a la eminente y evidente prioridad de la cuestión chiapaneca, el mandatario la relega al tercer lugar entre las tareas que le encomienda a la dependencia de Bucareli. Pareciera como si omitir o minimizar la cuestión chiapaneca pudiera desaparecerla o reducirla en la realidad.

Por ese camino se prohíjan acciones como las del grupo de jóvenes militantes del Frente Zapatista de Liberación Nacional que ocuparon dos radioemisoras capitalinas. Son acciones que, censurables, ilegales, impolíticas y todo, revelan sin embargo rasgos desesperados ante la inacción gubernamental por la paz. Algún asesor debería decirle al Presidente que grandes porciones de la sociedad mexicana --en la ciudad de México y en los estados-- está angustiada e indignada por los penares que están padeciendo miles de chiapanecos y por las provocadoras incursiones castrenses en zonas zapatistas, mientras en Los Pinos se convoca al tiempo como aliado antizapatista y se lo dilapida en la práctica de una renovación por entregas del gabinete.

Grupos de activistas motivados por Chiapas han efectuado múltiples y diversas protestas, pero éstas no hallan eco en el gobierno, que también prefiere ignorarlas. ¿Qué se quiere entonces? ¿Que la protesta se radicalice, que los indios se despeñen por alguna barranca?

Se dirá que, en su antigobiernismo a ultranza, muchos indios chiapanecos rechazan la ayuda gubernamental y expulsan de sus comunidades a los soldados. Pero cómo no van a hacerlo si saben el peligro que la tropa representa para ellos y no sólo porque maten a sus peces o les roben 5 mil o 90 mil pesos y sus machetes1 --sólo teniendo presentes sus carencias se puede entender hasta qué punto son dolorosas e indignantes esas acciones--, sino porque no pueden olvidar que en el ejido Morelia --ahí donde rechazaron a los militares el sábado 3-- fueron torturados en enero de 1994 muchos de sus pobladores, tres de los cuales fueron secuestrados y sus huesos hallados semanas después en las cercanías del camino blanco que conduce de Altamirano a ese ejido. Los tres habían sido asesinados por los militares y luego devorados por animales depredadores.

¿Verdad que resulta explicable el repudio a todo lo que tenga origen castrense? En todo caso, si los pobladores no le aceptan ayuda a la tropa, es preciso hallar conductos más idóneos para entregarla.

Lo que resulta inadmisible es la inacción gubernamental por la paz en Chiapas. Es una inacción que puede conducir a una tragedia tan grave o peor que la de Acteal. Y como aquélla, también está siendo anunciada.

Los programas para combatir el delito, sean federales o locales, pueden contener los mejores objetivos y las mejores intenciones, pero ¿cómo ejecutarlos, con quiénes, si el personal disponible está en gran parte inmerso en la corrupción o la ineficiencia, o en ambas? Por ello los primeros peldaños de cualquier proyecto policial han de situarse en la depuración de las corporaciones y en la preparación de nuevas generaciones policiales, sin olvidar que una y otra no pueden darse de la noche a la mañana.

1. Hermann Bellinghausen, La Jornada, 5 y 6 de enero de 1998, pp. 1 y 6.