La presencia de la Procuraduría General de la República (PGR) en Chiapas, y en lo particular de su titular el procurador, garantizan la mediocridad de las investigaciones en el horrendo caso de la matanza en Acteal. Descendiente directo de una estirpe de funcionarios que fundó, encauzó y dio fraternal protección el mal recordado, caprichoso y muy bien pagado actual embajador Carpizo (París), el doctor Madrazo va revelando, con malhadada consistencia, los límites ciertos de sus dotes conceptuales, el acrítico apego a la versión oficial y su altisonante locuacidad.

El doctor Madrazo concibe su acción como un conjunto de llamados a que declaren los vecinos, las víctimas o los testigos de los hechos, junto con algunos funcionarios menores del gobierno local. Se han tomado declaraciones ministeriales a cien o doscientas personas, nos dice. Se han enviado a 40 policías y otros tantos agentes y directores. Con ello, afirma con engolada voz, el proceso va por el camino correcto pues se han detenido a 60 personas implicadas, y de ellas, se consignaron a 40. Aunque también se sabe que sólo dos de ellos pudieron ser los autores de los balazos puesto que son los únicos que dieron positivo en la prueba de rodizonato (los demás tuvieron que matar a machetazos). Se han asentado varios niveles de complicidad: instigadores y autores intelectuales (dos o tres personas). Nada se dice de pruebas adicionales a las endebles confesiones o las identificaciones visuales hechas por algunos testigos.

En la noche de todas las vaguedades van quedando ocultos ciertos datos básicos que requieren de variadas técnicas de investigación para establecerlos de tal manera indisputable, que puedan ser usados como elementos probatorios en los tribunales y de pasada sacien la indignación de los mexicanos y las expectativas y exigencias de los múltiples y conspicuos peticionarios externos.

Los lugares precisos de las muertes no podrán ya ser parte del proceso probatorio puesto que los cadáveres fueron movidos por manos misteriosas. La PGR llegó justo a tiempo para no poder situar la escena del crimen como tal. Las tristemente famosas ocho horas iniciales donde desaparecieron las pruebas de asesinato de Colosio y cuyo encargado fue otro insigne carpiziano (el incauto Valadez) acuden a la mente de los ciudadanos.

Nada se ha dicho, por sólo citar algunos ejemplos, y sobre los cuales, espero, no se me exijan presentar pruebas de las pesquisas para localizar el sitio donde se adquirieron los uniformes usados por los asesinos a pesar de la facilidad con la que la ruta puede ser trazada e identificados los compradores. Tampoco se han situado los caminos usados en el operativo, sus choferes, la ruta o la propiedad de los mismos. Las armas no han sido localizadas y será difícil ubicar cuál de ellas se usó para victimar a cada caído ese 22 de diciembre. Pero las famosas líneas de investigación parece que se agotan, según el procurador, en los enfrentamientos intercomunitarios o intergrupales con sus matices raciales, religiosos, partidistas o de intereses (gravera) que, de manera coincidente, sostienen, con la vehemencia de los ecos, el oficialismo y sus columnistas afines. Nunca se han mencionado, ni siquiera como una lejana posibilidad, a pesar de las denuncias y el esfuerzo de la crítica, el reportero y la difusión de documentos comprometedores (Proceso), las supuestas conexiones entre una factible estrategia gubernamental de contención y los denunciados e ilocalizados grupos armados, con el Ejército, la seguridad de Chiapas o la Segob. ¿Cómo explicar la subsiguiente como vasta batida en búsqueda de armas ocultas y en donde se iguala al EZLN con los paramilitares al tiempo que se transgrede la ley de amnistía?

Todavía ignoramos si la PGR inició sendas y detalladas auditorías al uso o desuso de los recursos puestos a disposición de un munícipe criminal como el de Chenalhó (pero no constreñidas a él solamente) por el gobierno local y por la federación (Sedeso), que suman muchos millones de pesos. Según el nuevo secretario de Gobernación (FLO), en Chiapas se han invertido cerca de 52 mil millones de pesos (en tres años) sin que hasta ahora se noten. El licenciado Labastida sugiere que ellos no relumbran al sol porque mucho se ha ido en mano de obra para caminos, para levantar escuelas y clínicas, pagar salarios de maestros o para impulsar programas de desarrollo. Si esto fuera así, entonces deberían, por el contrario, ser por completo notables. Los tinglados, locales y federales, para contener a los zapatistas y a sus supuestos aliados de la diócesis de San Cristóbal, son tan rudimentarios, mal pensados y peor ejecutados, que no haría falta un Scotland Yard para desenrollarlos en poco tiempo. Si no se hace tal tarea es porque forma parte de toda una política militarista de enorme, como trágica, ineficiencia