El tortuoso proceso de la paz en Chiapas está en peligro. Dos barreras entrelazadas le cierran el paso: las acciones violentas de los grupos paramilitares, armados por la reacción política y económica y tolerados o promovidos por el poder político, de las que la masacre de Acteal es el más ominoso ejemplo; y la política del gobierno federal, que incumple los Acuerdos de San Andrés Larráinzar que firmó y violenta la Ley de Concordia y Pacificación al utilizar ese monstruoso acto de barbarie como justificación para hostigar y cercar a quienes fueron sus víctimas, los indígenas desplazados, oprimidos y explotados.

Pero la paz no está en juego sólo en Chiapas; lo está en todo México. En las zonas campesinas e indígenas del sur y el centro del país, donde los reclamos por la misma miseria, generada por las mismas políticas, son considerados sospechosos y combatidos con las mismas equivocadas armas: la violencia de los caciques y sus bandas de guaruras y sicarios, y la vigilancia y hostigamiento de los aparatos armados del Estado. En el norte, donde los indocumentados que huyen de la violencia y la pobreza mexicanas, son esquilmados por los mercaderes de hombres, los polleros, y padecen la represión racista de la Border Patrol o las inclemencias naturales; y dominan las mafias del narcotráfico, su lucro con la salud de la gente y su violencia, amparadas por la corrupción de muchos ``agentes del orden y la ley''. En las grandes ciudades, incluida la capital, donde la violencia cotidiana de la delincuencia individual u organizada germina en la pobreza y se alimenta con la sed de riqueza y la impunidad.

Las barreras a la paz duradera con justicia y dignidad en todo México, se construyen sobre un sistema económico en el que domina la ley del más fuerte, la violencia del gran capital, la pobreza de la mayoría como fuente de riqueza de la minoría; y un sistema político autoritario, antidemocrático, en el que la lógica del mercado es la razón del Estado, para el que las demandas de la mayoría son sospechosas, la corrupción es un arma para la conservación del poder, los compromisos y firmas son desechables a conveniencia y las instituciones son herramientas de la perpetuación de estos dos sistemas fundidos. La violencia es una manifestación de la crisis de la economía, del Estado y de la sociedad, que no puede ser ocultada por un auge económico pasajero y que beneficia sólo a unos cuantos.

La ciudad de México, históricamente concentradora y centralista, es el corazón de los dos sistemas y asiento de sus poderes; puede y debe ser también el centro de la reivindicación de su reforma por la vía de la democracia económica y política real, condición necesaria para lograr una paz duradera basada en la justicia social, incompatible con la miseria de la mayoría y el autoritarismo. Hoy, la prioridad es la lucha contra la escalada militar, por el desarme de los paramilitares, el respeto a la Ley de Concordia y Pacificación, el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, la aprobación de las leyes derivadas de ellos y la continuación de la negociación de paz en Chiapas; es también la reivindicación de los derechos económicos, políticos y culturales de los indígenas de todo el país, incluidos los que habitan en la capital, por ser los grupos más explotados, oprimidos y vejados, los más hundidos en la miseria, y porque son la raíz y símbolo de la identidad de México como nación.

Las mujeres chiapanecas, hundidas en la miseria por cinco siglos de expoliación, armadas sólo con su inconmensurable dignidad y coraje, y sus hijos, oponiéndose al aparato militar dotado de toda la tecnología guerrera, nos muestran el camino para lograr la paz que necesita México para su desarrollo verdadero. La sociedad capitalina toda, con los instrumentos pacíficos de la democracia, debe demandar a los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y militar federales, una política radicalmente distinta a la actual para alcanzar la paz justa en Chiapas y en todo el país. La voluntad de cambio demostrada en las elecciones pasadas en el Distrito Federal y los municipios conurbados, y los gobiernos democráticos elegidos en ellas, deben ser factores fundamentales en esta cruzada pacífica por la paz, por el cambio económico y político en México.