Tiende la PGJDF un cerco para atrapar a El Chucky

Humberto Ortiz Moreno Ť La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) señaló que Alfonso González Sánchez, El Chucky, no escapará a la acción de la justicia, pues esa dependencia montó un operativo de seguimiento y vigilancia en torno del asaltante y sus cómplices para consignarlos, si no por homicidio calificado, cuando menos por robo con agravantes y asociación delictuosa.

La víspera de que el Ministerio Público acuda a la audiencia de vista en la sala 12 del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) a fin de exponer los agravios que le provocó la resolución de la juez 49 de lo penal, María Claudia Campuzano Caballero, los investigadores de la Procuraduría capitalina dicen contar con todo un expediente delictivo de la banda de El Chucky, y en todos sus atracos resalta, de manera inequívoca, el mismo modus operandi que utilizó para robar y finalmente matar de un balazo en el tórax al empresario estadunidense Peter John Zárate, el pasado 15 de diciembre, en la esquina de Presa El Azúcar y Cervantes Saavedra, colonia Irrigación.

Extrañada porque la titular del juzgado 49 no esperó ni siquiera al auto de término para la formal prisión (72 horas), dictó la libertad a la una de la mañana del sábado y puso en la calle a los malhechores tres horas después, cuenta con testimonios de un vecino del lugar de los hechos y de un chofer de microbús que oyeron dos disparos, el primero, y uno el trabajador del volante, lo que utilizó la juez María Claudia Campuzano Caballero para desestimar el testimonio como prueba.

Los peritos argumentan que fue en dos momentos diferentes que ambas personas oyeron los tiros. Incluso vieron cuando el taxi placas L14099 y el automóvil Chrysler LeBaron, placas 662-GYB, vehículos propiedad de los criminales, huían del lugar.

La juez --quien ayer declaró que poco le importa lo que haga la Procuraduría capitalina y es reconocida por su intransigencia en la letra de la ley y su incorruptibilidad, cuestionó que no haya habido prueba química a los indiciados. Pero cuatro días después del hecho, cuando fueron capturados los maleantes, ya es imposible que dé resultados positivos, dicen expertos.

A su vez, el magistrado Jorge Rodríguez y Rodríguez, presidente del TSJDF, aseveró ayer que la gravedad del caso relativo a la resolución de Campuzano Caballero y la liberación de los cinco delincuentes ``amerita expedites'', pero afirmó que la sola confesión no es prueba suficiente para dictar un auto de formal prisión.

Esta tesis no es compartida por la fiscalía capitalina, porque consta en autos que Víctor Hugo Meza, chofer del taxi ecológico, acusó a El Chucky de haber disparado a Zárate y de ahí lo siguieron sus tres cómplices, hasta llegar a la confesión del jefe de la banda. Pero a juicio de algunos miembros del Poder Judicial de la ciudad, hay que definir si esta admisión de culpabilidad fue ``espontánea y sin coacción'', como lo marca el Código Penal.

Pese a todo, si la sala 12 del TSJDF confirmara o revocara el auto de libertad dictado por Campuzano, el organismo no puede suplir las deficiencias contenidas en el pliego de consignación y entonces El Chucky y compinches seguirían libres ``bajo las reservas de ley''.

Pero de entrada, en el pliego consignatorio --funcionarios de la PGJDF consultados admiten que fue insuficiente e incompleto-- hay vacíos que pesarían en la determinación de los funcionarios judiciales que analizan el expediente de 460 fojas.

Rodríguez aseguró que no hay presión política de fuera ni de nadie para resolver el fallo de la juez, cuya resolución, si resulta con alguna irregularidad, le puede costar hasta la libertad que concedió a los hampones.

El último recurso para la Procuraduría sería interponer una queja ante el Consejo de la Judicatura, pero esperan los investigadores que con el cerco tendido a El Chucky, allá por el rumbo de la colonia Pensil, no sea necesario

Las reacciones sobre la liberación de los cinco autores confesos del asesinato del estadunidense Peter John Zárate retomaron el ámbito diplomático, mientras diputados locales de la Asamblea Legislativa dividieron sus posiciones respecto a la juez, Claudia Campuzano, entre la reprobación, su defensa ``contra quienes la han satanizado'' y la cautela ante la falta de información.

En Washington, Estados Unidos, el portavoz del Departamento de Estado informó a la prensa de su país que ``nuestra embajada en México envió una nota diplomática al gobierno mexicano, pidiéndole una explicación formal por la decisión de la juez de liberar a los cinco hombres que confesaron haber asesinado a Peter John Zárate. Estamos esperando una respuesta''.

Mientras en la ciudad de México, el hecho se ha politizado y las opiniones varían según el color del partido en que se milite. El diputado local perredista, Javier Hidalgo, miembro de la Comisión de Gobierno de la ALDF, señaló: ``exigimos que la juez sea removida en términos de lo que marca la ley y consignarla a las autoridades correspondientes como servidora pública. Ella tuvo tiempo de sobra para complementar la averiguación y no lo hizo; al contrario, los liberó con dos días de anticipación. Es alguien que no tiene criterio para desempeñarse como juez''.

Por su parte, el panista Armando Salinas Torre, presidente de la Comisión de Seguridad Publica expresó: ``creo que han cometido una falta de responsabilidad importante quienes han satanizado la labor de un juez, no puede medirse ni con un solo calificativo juzgar la labor de un juez en la ciudad de México (...) Se requiere saber por qué el Ministerio Público en el momento en que consigna, lo hizo de manera tan triunfalista diciendo que tenía un asesino confeso (...) Ahí tenía que sostener una acusación y no lo hizo aparentemente bien''.

A su vez, Miguel Ortiz Haro, diputado local priísta dijo: ``no hemos tenido acceso a la información. Tenemos la misma información que ustedes (los reporteros) y nos parece inaceptable que se haya liberado a estas personas, no sólo porque fueron identificadas como los presuntos responsables del asesinato, sino que ellos confesaron haber cometido el asesinato y tal parece que ello no es suficiente para la juez. Es inaceptable y rechazamos la posición de la juez''. (AFP/ Juan Antonio Zúñiga y Raúl Llanos)