La Jornada 8 de enero de 1998

Instaló el Ejército Mexicano otros tres retenes en la Costa Grande

Maribel Gutiérrez, corresponsal, Acapulco, Gro., 7 de enero Ť El Ejército Mexicano instaló tres nuevos retenes en la carretera federal de la Costa Grande, al iniciar una campaña de despistolización promovida por los gobiernos federal y estatal, con el fin de detener las acciones de violencia, principalmente en esa región, lo que incluye el combate a grupos civiles armados, paramilitares y el Ejército Popular Revolucionario.

Uno de los retenes se estableció ayer en Bajos del Ejido, comunidad situada al pie de la sierra en el municipio de Coyuca de Benítez, y dos en el municipio de Atoyac, en la comunidad de Alcholoa y la Y, en la entrada a la cabecera municipal.

En tanto, esta mañana concluyó el ayuno que empezaron ayer 30 campesinos desplazados de las comunidades de Agua Fría y El Cucuyachi, y dos dirigentes del Partido de la Revolución Democrática, quienes demandan la salida de los grupos paramilitares de sus comunidades.

Los manifestantes levantaron el ayuno para trasladarse a la sierra a dialogar con el gobernador, Angel Aguirre Rivero, quien acudió este mediodía a El Cucuyachi a fin de entrevistarse con campesinos priístas y perredistas para buscar que se detenga la violencia.

Aguirre Rivero se reunió con los pobladores de las dos comunidades, y dijo que su objetivo es ``buscar los caminos para la concordia y la paz''.

En El Cucuyachi anunció que a partir de hoy estará en marcha la campaña de despistolización, ``caiga quien caiga'', sin importar de qué partido sean los grupos armados.

Asimismo, dejó en ese poblado (donde ya funciona una base de operaciones mixtas, con efectivos del Ejército) dos grupos de la Policía Judicial del estado, y al procurador de Justicia, Servando Alanís, para que comiencen las investigaciones de los asesinatos cometidos, principalmente en el último año, de los cuales cinco corresponden a miembros del PRI, de las familias Peñaloza y Caballero, que según los perredistas conforman un grupo paramilitar, y tres corresponden al dirigente del PRD, Silverio García, y dos militantes de ese partido.

Los perredistas, encabezados por el comisario Cornelio Barrientos, aceptaron la propuesta, y esperan que el resultado sea el desarme del grupo paramilitar conformado por priístas que encabezan los Peñaloza.

Además, propusieron que se integre una comisión de diálogo, integrada por siete personalidades, entre ellas el obispo Rafael Bello Ruiz, para atender las demandas de esa región, como la presentación de los campesinos Fredy Nava Ríos y Miguel Castro Monillo, que fueron detenidos por tropas militares y están desaparecidos desde hace más de siete meses.

En tanto, miembros de la familia Peñaloza manifestaron: ``somos disciplinados con el gobierno'', y expresaron que si el gobierno decide que deben salir de la comunidad, lo harán, ``para evitar conflictos''.

Tanto el comisario como los Peñaloza insistieron en reclamar justicia para sus muertos, y que se castigue a los responsables de la violencia en esta comunidad de la sierra.