Entre las secuelas de la matanza perpetrada el pasado 22 de diciembre en Acteal se encuentran la detención del ex presidente municipal de Chenalhó Jacinto Arias Cruz, por su presunta participación en el homicidio múltiple; la salida de Emilio Chuayffet -quien podría tener también responsabilidad en los hechos- de la Secretaría de Gobernación, y el reemplazo de Julio César Ruiz Ferro -cuya administración solapó y propició la organización de grupos paramilitares como el que perpetró el operativo de exterminio- por Roberto Albores Guillén al frente del gobierno chiapaneco.

La consignación de Arias Cruz podría significar un paso hacia la procuración de justicia, y la defenestración política de Chuayffet podría incidir en la generación de condiciones propicias para destrabar el proceso pacificador en Chiapas. Por lo que se refiere a la remoción de Ruiz Ferro, es inevitable señalar que se trató de una operación política poco pulcra, por decir lo menos, toda vez que la noticia de su ``decisión personal'' fue divulgada en la capital de la República por la Secretaría de Gobernación varias horas antes de que el Congreso chiapaneco conociera la solicitud de licencia respectiva; el reemplazo resulta, además, previsiblemente inútil, si de arreglar el convulsionado panorama estatal se trata, en la medida en que el nuevo gobernador interino es un destacado integrante del mismo grupo político-oligárquico al que pertenece su antecesor.

Así, el relevo en la gubernatura chiapaneca aparece como un intento por evitar medidas más profundas pero necesarias para enfrentar la crisis política generada en Chiapas y en el país por la matanza en Acteal; concretamente, la desaparición de poderes en esa entidad, una determinación que el Senado de la República habría debido tomar ante las múltiples confirmaciones de que en territorio chiapaneco no existen instituciones capaces de salvaguardar la seguridad y la vida de los ciudadanos, de hacer justicia y mucho menos de afrontar y resolver las hondas infamias sociales que produjeron el levantamiento zapatista del 1o. de enero de 1994.

Por otra parte, mientras que en las altas esferas gubernamentales se apuesta a calmar los ánimos mediante cambios de funcionarios, la precaria paz armada en la entidad del sureste se ve seriamente amenazada por los inopinados y provocadores movimientos de tropas y desplazamientos que realizan efectivos del Ejército Mexicano en o alrededor de comunidades reconocidamente zapatistas. Lo más grave es que en el curso de tales operaciones se han cometido atropellos contra la población y se han llevado a cabo detenciones que violan la Ley Federal para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, como lo denuncia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en un comunicado difundido ayer.

Ello ocurre en el marco de un discurso oficial -también contrario a la ley mencionada- que insiste en homologar a los indígenas rebeldes con los grupos paramilitares financiados y entrenados por las oligarquías locales y, probablemente, por estamentos del gobierno federal, para, con base en ese falso paralelismo, demandar el desarme simultáneo de unos y otros.

Respecto a Chuayffet y a Ruiz Ferro, y sus colaboradores, es claro que las renuncias no pueden ofrecerse como sucedáneos de un esclarecimiento de responsabilidades que, si se comprueban, deben ser llevadas incluso al ámbito penal; y, en lo referente al conflicto chiapaneco, siguen pendientes el pleno esclarecimiento de lo ocurrido en Acteal el 22 de diciembre y el castigo conforme a derecho de todos los implicados, así como la reactivación del proceso pacificador, el cual pasa necesariamente por el traslado a la legislación nacional de los acuerdos de San Andrés.

En suma, en tanto los recambios de funcionarios no vayan acompañados de un cambio simultáneo, profundo y consistente de las políticas gubernamentales seguidas hasta ahora ante el drama chiapaneco, serán meros ejercicios de poder en el vacío.