La Jornada jueves 8 de enero de 1998

Rodolfo Stavenhagen
Otra vez el espantajo

Ante los ominosos signos de la guerra civil y el reclamo generalizado para que el gobierno muestre por fin su intención de hacer algo efectivamente por la paz en Chiapas, vuelve a insistirse (la Cocopa se lo dijo claramente al flamante secretario de Gobernación) en que el único documento legal que puede servir de base para retomar la negociación entre el gobierno y el EZLN, es el Acuerdo de San Andrés sobre Cultura y Derechos Indígenas firmado hace más de un año por las partes contrincantes, que el gobierno ha incumplido hasta ahora.

Curiosamente, vuelven a surgir las voces de conocidos comentaristas y analistas cuestionando la validez legal de estos acuerdos (es decir, negando por lo tanto legitimidad a las negociaciones, o poniendo en evidencia la falta de buena fe gubernamental), descalificando puntos ya negociados durante muchos meses entre las dos partes, y levantando nuevamente fantasmagóricos espantajos sobre horrendos futuros que le esperarían al país y a los pueblos indígenas en particular en caso de que se cumplieran. Tal pareciera que a los mencionados comentaristas el problema de la guerra o la paz les tiene sin cuidado.

Pero mientras no se cumpla lo acordado y se proceda con la negociación para la paz, el peligro de la guerra aumenta día con día (ya conocimos un horrendo presagio en Acteal). Lo que se ha negociado hasta ahora, y tendrá que negociarse en el futuro, son desde luego puntos de vista diferentes, en que cada una de las partes cede algo para lograr en cambio lo que a todos conviene.

Quienes quieren negar lo ya negociado, pretenden hacer marcha atrás a principios del '95. Olvidan que del otro lado están los pueblos indígenas, quienes sí pusieron su esperanza en la negociación y en sus resultados eventuales. Olvidan una vez más las causas profundas del levantamiento indígena de Chiapas, e ignoran que el propio gobierno organizó una vasta consulta nacional cuyos resultados favorables a los puntos negociados fueron dados a conocer públicamente por el Presidente de la República en mayo de 1996. De seguir así, no habrá paz en el país, y sí en cambio aumenta el peligro de la guerra.

Tal vez haya personas de buena fe que crean realmente que lo de la ``autonomía'' (reclamada por muchas organizaciones indígenas, puesta en práctica ya por numerosas comunidades y municipios, acordada en los acuerdos de San Andrés) hará peligrar la unidad nacional y el bienestar auténtico de todos los mexicanos. A estas brillantes plumas enriquecidas con una profunda confusión mental las invito a que estudien objetivamente las diversas experiencias autonómicas que se dan en el mundo antes de rechazarlas, y a acercarse a conocer a los pueblos indígenas antes de descalificar sin más sus planteamientos. Contrariamente a lo que nos dicen sus detractores, para muchos otros autonomía significa mayor libertad, mayor democracia y libre determinación. ¿No son estos valores y objetivos que compartimos todos los ciudadanos?

No cabe duda que la aplicación de un régimen de autonomía (a diferencia del principio de la autonomía) conlleva numerosos y complejos problemas, que será preciso resolver sobre la marcha, en lo jurídico, en lo técnico, en lo práctico. Pero si lo que buscamos es realmente la paz en nuestro país (lo cual significa también respetar al contrincante), entonces no hay más camino que retomar (en serio, esta vez) los aacuerdos ya firmados de San Andrés, e ir construyendo la paz y la reconciliación a partir de allí.