Es difícil no hacer un paralelismo entre indígenas e indocumentados. Exodo, migración, desplazamientos, todos estos son movimientos llevados a cabo por hombres y mujeres que así responden ante ataques del exterior que les impiden llevar una vida digna. Indígenas e indocumentados sufren el terrible dolor de tener que dejar sus tierras, sus escasas pertenencias, y viven penalidades sin fin: enfermedades, frío, lluvia y hasta la muerte. A ambos grupos los acosa el peligro de encontrarse con la frontera, que se erige como un muro de contención que los enfrenta a todos los peligros, a unos por las acciones de la Patrulla Fronteriza y a los otros por los paramilitares y las guardias blancas. ¡Qué paradoja! Ambos grupos sufren la violencia, pero los indígenas en su propia tierra y a manos de connacionales.

Ante los últimos acontecimientos, entre los que debe destacarse la masacre de Acteal, es urgente que el gobierno mexicano reflexione muy seriamente acerca de su posición de rechazo al cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. Los grupos de poder enturbian y desdibujan lo que son reclamos justos de una población marginada y los hacen aparecer, ante la opinión pública, como producto de un grupo de subversivos que pretende destruir la unidad nacional y poner en jaque la estabilidad social: ``balcanización'' (sic), J. Madrazo, ``desarme'', Labastida.

Es falso afirmar que las comunidades desaparecen con el desarrollo del capitalismo. Canadá, país altamente industrializado, es un ejemplo fehaciente de la importancia que le otorga a sus comunidades. Esta figura tiene cabida en la economía y la política de ese país. En el caso de conflictos, éstos siempre se han dirimido a partir de la negociación, cuyos consensos se han ido plasmando en la Constitución, afirmándola como un cuerpo jurídico vivo que responde a las exigencias de sus habitantes.

Lo que se propone en los Acuerdos de San Andrés y que el gobierno aceptó, pero se niega a cumplir, va en este sentido: que las comunidades indígenas sean reconocidas como sujetos de derecho público y no de interés público, lo que implica iniciar un proceso de discusión entre comunidades y gobiernos estatales y federales para concretar los mecanismos a partir de los cuales los indígenas logren sus objetivos económicos, políticos y sociales articulados al proyecto nacional.

La comunidad no ha sido una estrategia de sobrevivencia frente a la marginación, como lo afirmó hace tiempo José Blanco. Por el contrario, la consecuencia más grave derivada del profundo nivel de pobreza ha sido la salida de los habitantes de la comunidad, a partir de desplazamientos masivos, y con ello la erosión y destrucción del tejido social que ha puesto en peligro su permanencia. Tenemos ejemplos dramáticos de migraciones indígenas, que en los últimos años se han visto incrementadas: San Quintín, Baja California, o San Diego, California.

Pero el comportamiento migratorio de los indígenas de Chiapas es distinto al del resto del país, justamente lo que les ha permitido configurar una convergencia cultural lo suficientemente sólida para presentar un proyecto de nación en el que la recuperación de la comunidad es el paso para enfrentar la marginación y recuperar parte del patrimonio cultural perdido como consecuencia de la migración.

Este es el marco en el que debe explicarse la demanda de autonomía: como la posibilidad de decidir sobre las formas de inserción productiva en el proyecto nacional que permita el arraigo de sus pobladores. Indígenas e indocumentados pueden frenar su éxodo. ¿Se puede seguir rechazando la propuesta de autonomía, con las consecuencias de muerte y dolor que esto ha generado hasta ahora?.