En el ámbito del gobierno federal se manifestaron, ayer, signos contradictorios en la política oficial hacia Chiapas. Unos son positivos y parecerían anunciar una reorientación de las acciones del gobierno federal en la entidad, otros mantienen la misma ruta seguida de escalar el conflicto tras la matanza de Acteal el pasado 22 de diciembre.

El presidente Ernesto Zedillo anunció acciones gubernamentales inmediatas de auxilio a los desplazados por la violencia de los grupos paramilitares que actúan en la entidad; el procurador Jorge Madrazo, por su parte, informó de acciones precisas para investigar las presuntas responsabilidades del ex gobernador Julio César Ruiz Ferro y varios integrantes de su equipo en torno a los hechos de Chenalhó, al tiempo que reconoció que las consecuencias de la masacre se han internacionalizado, y que el gobierno sufre de una falta de credibilidad sobre el tema; por su parte, el secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, hizo la precisión fundamental de que, en materia de desarme, el gobierno no busca homologar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional con los paramilitares.

Los propósitos anunciados por Zedillo, que sin duda deben traducirse en acciones urgentes, deben llevar al país a suprimir una vergonzosa e intolerable situación de sufrimiento humano que jamás debió ser permitida en el territorio nacional. Lo dicho por el procurador indica, por otra parte, que empiezan a darse pasos en el camino correcto para impartir justicia en torno a la matanza de Acteal e impedir que sus autores intelectuales y sus responsables políticos permanezcan en la impunidad. La precisión de Labastida Ochoa constituye un necesario acatamiento explícito por parte del gobierno a la Ley para la Conciliación, el Diálogo y la Paz Digna en Chiapas y contribuye a la distensión entre el gobierno federal y el EZLN.

De esta forma, se presentan señales auspiciosas, en lo social, en lo legal y en lo político, de una disposición a abandonar la inacción y el empecinamiento que han caracterizado la actitud del gobierno ante el conflicto chiapaneco durante todo el año pasado.

Sin embargo, estos gestos positivos contrastan con la persistencia de las movilizaciones del Ejército Mexicano en los alrededores o dentro de poblados zapatistas, su avance hacia las posiciones de montaña del EZLN, siguen introduciendo factores de tensión y provocación en el conflicto chiapaneco, y contradicen, en los hechos, las declaraciones del secretario de Gobernación. Ayer mismo, después de cinco días de intensos movimientos militares que han generado nuevos éxodos de población civil en Chiapas, la comandancia zapatista denunció que los uniformados incursionaron en nueve localidades de Ocosingo.

Ha de entenderse que tales acciones representan un riesgo de confrontación, exacerban los agravios contra la población indígena chiapaneca e impulsan a comunidades enteras a nuevos éxodos dolorosos, peligrosos e insalubres.

Es necesario, sin duda, atender a los desplazados actuales, pero también debe evitarse que otros grupos de población se ven obligados a abandonar sus comunidades. Por ello, a los signos de voluntad política emitidos ayer por el gobierno federal debe añadirse el cese inmediato de las incursiones y los patrullajes militares en las poblaciones zapatistas.