Interrogan a Ruiz Ferro; se deslinda de la masacre

Gustavo Castillo García Ť Julio César Ruiz Ferro se deslindó de cualquier responsabilidad respecto a lo ocurrido el 22 de diciembre en Acteal, Chiapas. Durante su declaración ministerial, rendida ante la PGR, aseguró que fue hasta el 23 de diciembre, alrededor de las 6:30 horas, cuando se enteró del número de personas muertas en esa comunidad.

Corroboró que el vicario de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Gonzalo Ituarte, sí llamó al secretario general de Gobierno y que esto fue a las 13:30 horas del 22 de diciembre, pero que el funcionario le informó que el reporte en Acteal ``era sin novedad''.

Según el funcionario, los primeros informes de los hechos ocurridos en Acteal los recibió alrededor de las 20 horas del 22 de diciembre, pero que la información que se estaba generando ``era muy confusa'', por lo que giró instrucciones a su secretario de Gobierno, Homero Tovilla Cristiani, para que permaneciera atento a los hechos y tomara las medidas que correspondieran.

El ex gobernador de Chiapas acudió a la delegación de la PGR en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y de las 19:35 a las 23:45 horas del pasado miércoles 7 de enero respondió a las preguntas del Ministerio Público Federal, asistido por Luis Felipe Cansino González.

Ruiz Ferro dijo además que los diputados federales César Lonche Castellanos y Jorge León Díaz mintieron en sus declaraciones hechas a la PGR en el sentido de que la noche del 21 de diciembre habían avisado a su secretario particular, Jaime Antonio Gómez Mandujano, de la situación que existía en Chenalhó.

Aseguró que fue hasta el día 22 por la mañana que Gómez Mandujano le comunicó ``que había un grupo de diputados federales del PRD que deseaba entrevistarse con el gobernador, que en ningún momento plantearon el tema a tratar'', por lo que instruyó para que les concediera la cita ese mismo día a las dos de la tarde, pero que los legisladores no acudieron.

Asimismo, Ruiz Ferro indicó que el general Jorge Gamboa Solís, responsable de Seguridad Pública estatal, le informó el día 22 de diciembre ``que el reporte era efectivamente sin novedad. No obstante, instruí a mis colaboradores para que permanecieran atentos ante cualquier eventualidad''.

En su declaración, dijo que fue hasta las 20 horas del día 22 cuando fue informado ``por el secretario de Gobierno de que al parecer había heridos en Chenalhó y que la información que se estaba generando era muy confusa'', ante lo cual reiteró sus instrucciones para que permaneciera atento, verificara la información ``y se tomaran las medidas que correspondieran''.

Ruiz Ferro dijo que aproximadamente a las 6:30 horas del 23 de diciembre Uriel Jarquín, subsecretario general de Gobierno, le informó desde Acteal que el número de muertos era de 36 y que 20 o 30 minutos después le dijo que la cifra era de 45 cadáveres, por lo que instruyó a Jarquín para que regresara a Tuxtla Gutiérrez y le rindiera un informe detallado.

Respecto a la situación previa a los hechos, el ex gobernador dijo que ``se habían venido presentando una serie de actos delictivos que se atribuían recíprocamente simpatizantes del ayuntamiento constitucional de Chenalhó y del concejo municipal autónomo de Polhó'', por lo que giró instrucciones para que se asignaran más elementos de seguridad pública en la zona ``bajo las estrategias que consideró la coordinación general de Seguridad Pública''.

Agregó que se iniciaron pláticas de conciliación para que los grupos antagónicos resolvieran sus diferencias por la vía del diálogo, que en dichas pláticas participó la Conai, las comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos y el Centro Fray Bartolomé de las Casas, pero que ``la última reunión no se llevó a cabo debido a la ausencia del grupo autónomo, rompiéndose con ello el diálogo'', ya que según él, dicho grupo demandaba entre otras cosas ``que no hubiera presencia de Seguridad Pública en la zona de su influencia''.

Asimismo, manifestó ``que en concepto hay diferentes factores que han intervenido de tiempo atrás en el origen del conflicto como son de tipo político, religioso e intercomunitario, y dentro de ellos pudiera encontrarse alguna respuesta a los problemas que se han suscitado en el municipio''.

Respecto a los grupos paramilitares, manifestó que ``en todo caso, si se presentaron ante la Procuraduría del estado denuncias de hechos relacionadas con estos grupos, las mismas debieron investigarse''.

Ruiz Ferro dijo que el 22 de diciembre, el secretario de Gobierno realizó por la noche una reunión de trabajo, en la que instruyó a Uriel Jarquín y a Jorge Enrique Hernández Aguilar para que se trasladaran al lugar.

Por otra parte, este jueves la PGR también tomo declaración a Gómez Mandujano, quien fungió como secretario particular de Ruiz Ferro, y supuestamente confirmó en términos generales la declaración del gobernador, y aclaró que nunca tuvo comunicación directa con los diputados Lonche Castellanos y León Díaz el 22 de diciembre, y que quien llamó para solicitar la entrevista fue Carmen Serrano, secretaria del diputado Antonio Prats.

La PGR informó que ha recibido casi 200 declaraciones, mismas que serán valoradas jurídicamente y revisadas con otras evidencias que ya obran en las averiguaciones previas, a fin de deslindar responsabilidades.