La primera fase de la estrategia del gobierno federal para exterminar al EZLN fue la masacre de los paramilitares en Acteal, que muy pocos pueden ya negar que fue un operativo decidido desde Los Pinos, y la segunda es la nueva ofensiva militar, que hasta ahora ha llegado a Los Altos y a Las Cañadas provocando miles de desplazados, y con la que Ernesto Zedillo desafía a la comunidad internacional suponiendo que no tiene ningún costo político para él.
1. La cuestión que para muchos resulta incomprensible sin serlo es por qué sin razón el gobierno mexicano, inmerso por mandato de ley en un proceso de negociación de paz, respondió a la seriedad del EZLN rompiendo el diálogo y lanzándose de manera desbocada por la vía de la fuerza, que muy difícilmente podrá lograr los objetivos de aplastar a las bases de apoyo zapatistas y asesinar a Marcos.
2. Los hechos no pueden ya ocultarse y hoy es evidente que la matanza de Acteal fue el burdo pretexto utilizado por los tecnócratas para optar de manera abierta por la alternativa militar. Al asesinar a un grupo de campesinos disidentes desarmados buscaron provocar a los zapatistas y, al mismo tiempo, medir la fuerza de la sociedad civil, iniciando así una nueva etapa de la guerra.
3. El cerco y asedio militar a San Caralampio y Yaltchilptic (1 de enero), Morelia y La Realidad (3 de enero), Aldama y 10 de Abril (5 de enero) y Oventic (6 de enero), pretende a su vez, en la más obvia lógica militar, amedrentar a los campesinos indígenas y, por la vía de la amenaza, de los cateos y de la tortura, localizar a la comandancia del EZLN.
4. La estrategia oficial es muy clara, ya que los grupos paramilitares y el Ejército han sido los dos instrumentos del terrorismo de Estado: las dos caras de una misma moneda, que a menudo se confunden. En el crimen de Chenalhó actuaron paramilitares del PRI entrenados por militares, según un plan elaborado por el Ejército (Proceso 1105) y apoyados por la seguridad pública del estado. Y los operativos militares, como lo señala el comunicado del EZLN del 5 de enero, se hacen con el apoyo de los paramilitares priístas, a los que se supone que el Ejército está buscando, y que le sirven como guías y encabezan encapuchados los operativos. ¿A quién puede ya engañar el gobierno? En la colonia Buenos Aires de la capital, operaron Zorros disfrazados de militares y soldados vestidos como Zorros, y en Chiapas hay militares actuando como paramilitares y priístas armados confundidos con los soldados.
5. La estrategia de Acteal le permitió al gobierno la escalada militar, pero ésta les está fallando pues olvidaron en sus previsiones que están ante pueblos dotados de una capacidad de resistencia inigualable, que al defender su derecho a la vida tienen una evidente intuición de estrategas. Los militares no han sabido, ni aun con toda la violencia del Estado, quiénes son los responsables del zapatismo en las comunidades y no han encontrado una respuesta a su provocación. Las lecturas de San Tzu y de los manuales del Pentágono no les sirven de nada a los oficiales del muy desprestigiado Ejército Mexicano ante la inteligencia de los campesinos tzeltales y tzotziles.
6. Chiapas, como resulta evidente, no es Guerrero y la estrategia que desarrolló ahí en los setenta el general Enrique Cervantes, hoy titular de la Defensa, aquí va a fracasar, pues la situación es por completo diferente. Lo único que están logrando los tecnócratas, al decidir la escalada militarista, es hundir aún más al Ejército en el desprestigio y al gobierno en el descrédito por la comisión del delito de genocidio que implican los desplazamientos.
7. La estrategia política ha fracasado a su vez por obvia. Con la salida de Emilio Chuayffet de Gobernación (3 de enero), Zedillo creyó quitarse de encima a un subordinado incómodo, ofrecerle una concesión a Washington (que veta al hankismo), hacerle un guiño al PAN y al PRD (que pedían su cabeza) y encontrar a un ``chivo expiatorio'', pero erró al aceptar que se le impusiera como relevo a otro protegido de Joseph-Marie Cordoba: Francisco Labastida, quien como gobernador de Sinaloa fue acusado de instrumentar fraudes electorales y de solapar al narco. Y al dejar que el latifundista Roberto Albores llegara como nuevo gobernador, no hizo más que evidenciar una vez más que carece de la menor voluntad política de cambio.
8. La decisión ``política'', que responsabiliza a Chuayffet y a Ruiz Ferro de la matanza, deja además en el ridículo al procurador Madrazo, que en su celo por encubrir a Ernesto Zedillo, tras su investigación ``jurídica'' sólo ha acusado a un presidente municipal, y no ha detenido a los autores materiales de la matanza o a los paramilitares priístas ni mucho menos ha consignado a algún funcionario federal o local.
9. Los estilos personales de gobernar han cambiado mucho en México, sin duda. Gustavo Díaz Ordaz asumió personalmente su responsabilidad por el 68, pero ante Acteal, Ernesto Zedillo se escuda en las reglas del ``sistema'' y culpa a Chuayffet y a Ruiz Ferro, con lo que supone está salvando su destino político. Cómo si alguien pudiera ignorar que en México los funcionarios son simples subordinados del Ejecutivo, o que las políticas de Chiapas se deciden en Los Pinos.
10. La vía militar tiene a pesar de los tecnócratas un límite. El gobierno no puede seguir lanzando impunemente al Ejército contra las comunidades y, con el pretexto de encontrar armas o de saber quiénes son los zapatistas, violar masiva e impunemente los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Los operativos del Ejército son anticonstitucionales, violan la Ley para el Diálogo y, sobre todo, constituyen un nuevo crimen de Estado que desafía a la nación y a la comunidad internacional.