Luis Villoro
La responsabilidad del gobierno

Recordemos tres verdades elementales:
1. Todos los teóricos de la política, de derecha o de izquierda, desde Maquiavelo y Hobbes, han sostenido que la primera justificación del poder político es su capacidad de suprimir la ``guerra de todos contra todos'' y de garantizar la seguridad y la paz pública. Sólo si un gobierno cumple esa función es legítimo.

El gobierno anterior de Chiapas no cumplió con esa función. Era, por lo tanto, ilegítimo. Y también lo será el actual, si no demuestra su capacidad de suprimir la guerra y ofrecer seguridad, protección y justicia a todas las comunidades del estado. Si no lo hace, su repudio será una obligación ciudadana.

2. La segunda justificación del poder político, en un gobierno republicano, es la de asegurar la libertad de los ciudadanos. Por lo tanto, la obligación de mantener la paz debe acompañarse de un mínimo de represión y un máximo de concertación. El Congreso de la Unión cumplió con esa obligación al promulgar la ``Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas'', en marzo de 1995, que establecía la paz con los zapatistas y prohibía su represión, mientras no se concluyera oficialmente la negociación. El Poder Ejecutivo también cumplió con esa obligación, al negociar y firmar los Acuerdos de San Andrés.

Los movimientos de tropas acosando a los zapatistas transgreden la Ley del 95; la parálisis del gobierno para implementar lo acordado en San Andrés detiene la posibilidad de una concertación sin represión. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo son responsables, por lo tanto, de no cumplir con su obligación de promover la paz, respetando la libertad.

3. Lo firmado en San Andrés no son ``propósitos'' sino --como se asienta expresamente en el texto-- ``compromisos del gobierno federal con los pueblos indígenas''. Tiene razón el gobierno en sostener que esos compromisos deben ser traducidos debidamente en el lenguaje jurídico pertinente. La Cocopa ya realizó esa tarea en la legislatura pasada. Si se juzga que debe perfeccionarse su propuesta, precisando sus términos, ello no puede hacerse en un nuevo diálogo entre el gobierno y el EZLN, sin que se haya cumplido lo acordado. La competencia de esa tarea corresponde al Poder Legislativo, único facultado para dictar normas jurídicas a nivel federal. Para ello, el Legislativo puede dialogar con el Ejecutivo. La responsabilidad es exclusiva de ellos.

También es razonable la preocupación de no ``balcanizar'' el Estado nacional. Pero en ese propósito coinciden todos los pueblos indígenas, incluyendo los zapatistas. Nada, ni una sola proposición, en los Acuerdos de San Andrés, contradice esa idea. ``Autonomía'' no quiere decir ``soberanía'', ni separación del Estado nacional. El texto habla incluso de ``un marco constitucional de autonomía'' que ``asegure la unidad nacional''. ``Autonomía'' es sólo facultad de las comunidades de nombrar sus autoridades según sus propios usos y costumbres, y de controlar efectivamente su cultura y sus planes de desarrollo. Es una forma de ejercer una democracia real. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo son responsables, por lo tanto, de no consignar en normas legales, que promuevan la paz y la democracia, los acuerdos ya firmados.