La Jornada sábado 10 de enero de 1998

Miguel Concha
Necesidad de congruencia

Ultimamente hemos oído muchos reclamos oficiales y apremiantes a la reconciliación. No vemos, sin embargo, congruencia con los hechos. La reconciliación nunca puede edificarse sobre la base de la falta de consideración, respeto, verdad y justicia. Tiene razón el obispo coadjutor de San Cristóbal cuando en medio de la tragedia afirma, con conocimiento de causa, que no se puede contrarrestar la injusticia con la injusticia ni la opresión con la represión, y que es indispensable dar curso a los Acuerdos de San Andrés, desarmar efectivamente a los grupos paramilitares, y superar el racismo que todavía existe en muchas personas y en muchas de nuestras instituciones.

Llama la atención la airada reacción de algunos, calificando intolerantemente como chismes lo que es voz común en todo México y desde luego entre miles de los sacrificados en Chiapas. Sabemos que ello se inscribe en la desvalorización del indio, y no precisamente en su defensa, a quien por cierto todavía no se considera en los hechos como un ser consciente y libre, investido de dignidad y sujeto de derechos, sino como marioneta que puede seguir siendo manipulada por cualquier viento de marea. Lo que también se compagina con conocidos esquemas de contrainsurgencia, en los que entre otras cosas se descalifica por principio a todos los sectores cristianos comprometidos por su fe en la suerte histórica de sus pueblos.

Felizmente para éstos, la diócesis de San Cristóbal, consecuente con el evangelio y con el reciente magisterio eclesiástico, desde hace lustros se empeñó en un proceso pastoral, que busca hacer al indio, hombres y mujeres, sujetos de su propia historia, e incluso de su propia Iglesia, promoviendo a cabalidad el reconocimiento de sus derechos, tanto individuales como colectivos, sin imponerles a cambio ninguna filiación política y excluyendo expresamente el uso de la violencia.

En los precisos años en los que irresponsablemente se armaba a los grupos paramilitares, la diócesis en su conjunto se enfrascaba con renovado vigor en un tercer sínodo diocesano, uno de cuyos ejes es precisamente el de la mediación y la reconciliación. Tengo en mis manos algunas de sus conclusiones proféticas, ratificadas en Asamblea apenas en octubre pasado, y mi mente se acuerda con devoción de los mártires de Acteal: ``Unidos en la oración y en el ayuno, debemos cambiar nuestro corazón y nuestra manera de ser, encarnando la palabra de Dios en nuestra vida. Superar divisiones, olvidando odios y rencores; amarnos y perdonarnos como hermanos. Apoyar a los obispos, agentes de pastoral, servidores y a todos los que trabajan por la paz y la reconciliación''. Pero también: ``Buscar el diálogo con el gobierno y otras instancias convenientes, denunciando las injusticias y pidiendo que se escuche el clamor del pueblo; exigir al gobierno el cumplimiento de los acuerdos que hace con el pueblo, para lograr la paz''.

Es por ello igualmente afrentosa la intención de volver a incriminar a la diócesis, a sus agentes de pastoral e incluso a los miembros de la Conai como provocadores de la violencia, tal y como sucedía en los aciagos días de enero de 1994.

Por todo esto, el pueblo de México ha convocado una vez más a una multitudinaria movilización nacional e internacional para el próximo lunes 12 de enero, exigiendo entre otras cosas un alto a la guerra y al genocidio; el respeto y cumplimiento de la Ley de Concordia y Pacificación en Chiapas; el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés; el desmantelamiento de los grupos paramilitares, guardias blancas y escuadrones de la muerte, que están al servicio de caciques, finqueros, terratenientes y autoridades pertenecientes al partido oficial, así como el castigo a todos los autores materiales e intelectuales de las masacres en Chiapas.

Una vez más la paz en nuestro país se encuentra gravemente comprometida y no debemos permanecer con los brazos cruzados. Antes de que sea demasiado tarde, debemos volver a exigir el cumplimiento de las bases jurídicas y acuerdos con los que el gobierno se comprometió con el pueblo de México en un proceso civilizado de pacificación, así como el respeto a las instituciones en las que legal, política y moralmente se depositaron las tareas destinadas a facilitar y posibilitar los espacios de interlocución, diálogo y negociación. En medio de una violencia irresponsable, se ha anunciado un cambio de estrategia para solucionar la guerra en Chiapas. Exigimos congruencia, no solamente cambio de personas.