Antonio García de León
Chiapas: la minoría de edad

A la memoria de don Belisario Domínguez, último diputado chiapaneco

El nombramiento desde la Presidencia de la República del nuevo ``gobernador'' de Chiapas, ha venido a demostrar una vez más que el estado sureño está fuera del pacto federal y del Estado de derecho que supuestamente rige en todo el país. Pone en claro la grotesca naturaleza de las decisiones centralistas que se instrumentan desde el Ejecutivo. Sin duda alguna, hoy es más claro que nunca que la única solución a la crisis política actual depende de una profunda y auténtica reforma del Estado, la que deberá incluir una nueva Constitución y el establecimiento de una república federal, algo que va mucho más allá de una simple reforma electoral. Mucho de la crisis que hoy se ha instalado en el seno del aparato del poder --y que no se limita a Chiapas--, deriva de los esfuerzos del antiguo régimen por evitar a toda costa la transición a un sistema democrático pleno. El nombramiento en Chiapas de un ``gobernador sustituto del interino, del sustituto, etcétera'' (según el acta de toma de posesión en el Congreso local), sin cuidar para ello las mínimas normas legales, políticas y morales, forman parte de una generalizada y brutal abolición del estado de derecho.

A estas alturas resulta patético y vergonzoso el trato que se le sigue dando al estado sureño por parte del Ejecutivo federal, usando para ello los viejos mecanismos de servidumbre voluntaria que caracterizan al partido de Estado. Y es que Chiapas es apenas un estado de la federación recién nacido. Un estado que según el general José Rubén Rivas Peña, del cuartel de Rancho Nuevo (véase el reportaje de Carlos Marín en el más reciente número de Proceso, sobre el Plan de Campaña Chiapas 94 de la Sedena), es ``un Chiapas infante'' que apenas empieza a dar sus primeros pasos y que en la sublevación de hace cuatro años sufrió, según el militar, ``la caída dolorosa de su primer diente''. Según esta lógica centralista, el nombramiento desde México de un nuevo ``gobernador'' sería la continuación de la condición de menores de edad, como son considerados desde siempre no sólo los indios, sino todos los chiapanecos: despojados de sus derechos civiles desde hace muchos años, y cuya única salida posible ha sido levantarse en armas para convertirse en ciudadanos. Y así, mientras no ocurra una reforma del Estado, mientras a Chiapas se le considere inferior dentro del pacto federal, mientras los chiapanecos sigan impedidos de elegir a un gobernador, mientras no exista allí un verdadero Congreso estatal, y mientras se le considere un coto de impunidad de propiedad exclusiva del PRI y de sus organizaciones afines, no habrá solución a ningún conflicto.

Roberto Albores Guillén es el quinto ``gobernador'' desde el inicio de la crisis de 94, de una larga lista de 162 desde que Chiapas se adhirió al pacto federal en 1824: y en la cual 66 por ciento de ellos han sido nombrados desde la ciudad de México. La perpetua minoría de edad de los chiapanecos le ha sido, a lo largo de esta historia, recalcada por los gobiernos más centralistas, autoritarios o débiles: Antonio López de Santa Anna, que la convirtió en un ``departamento'' de su república; Porfirio Díaz que le designó un gobernador perpetuo (Emilio Rabasa); Venustiano Carranza, que la convirtió en un cuartel de su famosa División 21 (y que en un sexenio le nombró varios gobernadores militares); los regímenes de la Revolución que le construyeron mecanismos de intervención directa en el nombramiento de electos, interinos y sustitutos, y, por último, los regímenes de la ``posrevolución neoliberal'', que, desde Miguel de la Madrid a Ernesto Zedillo se han empeñado en gobernarla a través de regentes tutelados, activos promotores de la ingobernabilidad, la represión militar y policiaca, el crimen organizado y la impunidad.

``¡Pobre Chiapas!'', clamaba impotente un diputado local panista ayer, cuando el Congreso local era el último en enterarse de la decisión presidencial. Y no era para menos en una situación en donde se duda si la salida sería la desaparición de poderes o, más bien, la urgente aparición de ellos. Y es que después de su designación, el ``gobernador'' ha hecho las declaraciones más incoherentes y absurdas, que demuestran la ignorancia de alguien que no ha vivido allí los últimos 20 años, que desconoce los problemas locales: la decisión de su nombramiento transparenta la presencia masiva del Ejército, que es el verdadero gobernador en ejercicio. Y es que decretar la desaparición de poderes hubiera abierto el paso a una nueva correlación de fuerzas en donde el PRI ya no es mayoría. Si hubiera elecciones libres y el Ejército dejara de imponer su presencia intimidatoria y el control que ejerce sobre todos los aspectos de la vida local, el proyecto central autoritario se derrumbaría estrepitosamente.

Y si los mexicanos ahora nos consternamos de la política de exterminio que ha redoblado sus víctimas, igualmente deberíamos avergonzarnos de la ausencia, a esas alturas del siglo, de la inexistencia absoluta de cauces democráticos en Chiapas.