Descuido del MP en el caso Chucky, revela un análisis que pidió Cárdenas

Humberto Ortiz Moreno Ť Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano comisionó a abogados de su confianza para elaborar un análisis minucioso del expediente del caso Chucky y el resultado fue que hubo descuido del Ministerio Público en la integración de la averiguación previa.

De cualquier forma, la juez María Claudia Campuzano tiene antecedentes que advierten errores en sus decisiones. En 1990, le fue revocado un fallo por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal debido a que decretó formal prisión a tres personas inocentes, según los magistrados que analizaron el caso, entre ellos Abraham Polo Uscanga.

En tanto, de acuerdo con el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales, aún le quedan 55 de los 60 días a la representación social para aportar más elementos de prueba que permitan reaprehender por el mismo delito a los maleantes.

En caso contrario, se sobreseerá la causa penal. Sin embargo, bien ubicados los domicilios y rumbos por donde moran Alfonso González Sánchez, El Chucky, y sus cómplices, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) tiene por ahora cinco averiguaciones previas más, por lo menos, para detener la carrera criminal de la banda.

En tanto, el Consejo de la Judicatura y la Sala 12 del Tribunal Superior de Justicia del DF sesionan a marchas forzadas para resolver la apelación de la fiscalía capitalina contra el fallo de la juez María Claudia Campuzano Caballero, a más tardar el miércoles próximo, perfilándose la confirmación del auto de libertad decretado por la funcionaria, pero también la obligatoria reintegración de la averiguación previa del MP que subsane las fallas que pusieron en la calle a El Chucky y sus secuaces.

Este asunto ha evidenciado entre miembros del Poder Judicial capitalino y de las instituciones de justicia la disfuncionalidad provocada por las reformas que las últimas tres administraciones han aplicado a la Ley Orgánica de la PGJDF y su reglamento, produciendo mayor burocracia, negligencia y dolo en las actuaciones del Ministerio Público, como ya quedó demostrado con el caso Chucky. Ante ello, el jefe de gobierno del Distrito Federal ordenó a sus asesores jurídicos revisar el pliego consignatorio que el Ministerio Público presentó al juzgado 49 de lo penal para ejercer acción penal en contra de Alfonso González Sánchez y los cuatro coacusados.

El resultado fue revelador para Cárdenas, pues demostró inconsistencias y desatenciones en la integración de la averiguación previa que derivaron en la resolución liberatoria de la juez Campuzano Caballero en favor de los cinco presuntos delincuentes.

Hay contradicciones tales como el lugar en que fue asesinado Zarate Junghans. Según la autoridad, el empresario estadunidense recibió el tiro en el interior del taxi ecológico, pero los casquillos del arma calibre 38 especial (tres) aparecieron en el exterior del vehículo. Peritos de la Procuraduría General de Justicia del DF señalan que por el tipo de arma pudieron haber saltado hacia atrás y quedar fuera de la unidad. La juez confía en las instituciones para que confirmen el auto de libertad que dictó a favor de El Chucky y su banda.