INFUNDIOS QUE AMENAZAN LA PAZ

Los señalamientos a-cusatorios formulados por el comandante de la Séptima Región Militar, general José Gómez Salazar, en contra del obispo de San Cristóbal las Casas, Samuel Ruiz García, en el sentido de que el religioso estaría directamente vinculado con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), revelan, por el contrario, graves infracciones por parte del mando militar a preceptos constitucionales y a leyes de la República.

Por principio de cuentas, la acusación de Gómez Salazar, que es una mera repetición de los infundios contra el obispo generados y divulgados por diversas fuentes castrenses desde hace varios años -incluso desde antes del primero de enero de 1994-, se presenta, ahora, ``documentada'' en textos presuntamente zapatistas, capturados por el Ejército Mexicano en operativos manifiestamente contrarios a la Ley para la Conciliación, el Diálogo y la Paz Digna en Chiapas, en la que se establece que los indígenas rebeldes de esa entidad no deben ser sujetos a pesquisa judicial alguna en tanto no se dé por terminado el diálogo entre el EZLN y el gobierno federal. En este sentido, es por demás procedente la exhortación formulada ayer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el senador Carlos Payán, integrante de la Cocopa, a fin de que ese organismo intervenga para detener los allanamientos, los cateos, las detenciones y los interrogatorios que efectivos de las Fuerzas Armadas han venido realizando en comunidades zapatistas, de manera por demás ilegal y violatoria de los derechos humanos y de las garantías individuales.

Pero, aun si no existiera la ley de 1995 para el diálogo y la pacificación, no sería a los militares, sino a la Procuraduría General de la República -de la que el Ejército es, oficialmente, coadyuvante- a la que correspondería realizar las imputaciones correspondientes. En esta lógica, los mandos de la Séptima Región Militar no sólo violan la ley de pacificación de 1995 sino que se atribuyen facultades institucionales y legales que no les corresponden.

Otra implicación igualmente grave de este proceder de la jefatura militar en Chiapas es que, en la delicadísima circunstancia presente por la que atraviesa ese estado, adquiere el carácter de una anticonstitucional toma de posición política por parte de mandos castrenses en activo. Para colmo, en el caso específico de las incriminaciones contra Ruiz García, presidente de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), se trata de un alineamiento de los militares con los más recalcitrantes grupos oligárquicos de la entidad, como los ganaderos y los ``auténticos coletos'', en contra de la labor social y de mediación desarrollada por la diócesis de San Cristóbal las Casas. En este sentido, resulta significativo que las declaraciones del jefe de la Séptima Región Militar hayan sido hechas justo en los momentos en que el obispo se encontraba reunido con el nuevo gobernador, Roberto Albores Guillén, para analizar los pasos a seguir a fin de pacificar el estado.

Finalmente, las imputaciones de Gómez Salazar contra Ruiz García podrían representar una inadmisible insubordinación castrense ante el poder civil, el cual, por boca del secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, señaló ayer mismo la importancia del obispo de San Cristóbal y de la Conai como factor de paz y de distensión para Chiapas. En esta perspectiva, el gobierno federal no debe permitir que los mandos militares actúen de manera autónoma o pretendan erigirse en autoridades políticas o en instancias de procuración de justicia paralelas a las civiles, pues ello, más temprano que tarde, pondría al país en la antesala de un gravísimo trastocamiento de los ámbitos de acción institucional y del orden civil y republicano establecido en la Constitución.