Eduardo Montes
Táctica oficial irresponsable

La responsabilidad política y moral del gobierno federal por la indignante masacre del 22 de diciembre en Chenalhó no puede ser eludida. Nadie puede acusar al Ejecutivo de ordenar ese crimen imperdonable, pero su táctica, en los dos últimos años, ha consistido sólo en administrar el conflicto en Chiapas, meter en una vía muerta las negociaciones con el EZLN, aplazar cualquier solución política de fondo, torpedear los acuerdos de San Andrés, así como mantener al Ejército federal en una actitud de permanente cerco y amago a las fuerzas zapatistas, además de dar vía libre a todo tipo de acciones, incluída la formación de bandas paramilitares encaminadas a golpear al EZLN y a su base social en el estado. Los resultados de esa táctica están a la vista. Uno de ellos es el cobarde asesinato de 45 niños, mujeres y hombres en Acteal, a manos de los numerosos grupos paramilitares patrocinados por los caciques, que actúan con el conocimiento y complicidad de dirigencias locales priístas y autoridades.

La responsabilidad del último gobierno de aquel estado es de otra índole; para algunos de sus funcionarios es incluso penal. El hasta hace cuatro días gobernador, Julio César Ruiz Ferro, según informaciones de prensa sabía de los riesgos de violencia y de las amenazas de muerte contra los desplazados instalados en Acteal. No hizo nada para protegerlos e impedir la agresión.

El secretario de gobierno Homero Tovilla Cristiani, por información del vicario de la diócesis de San Cristóbal, Gonzalo Ituarte, supo al mediodía del 22 de diciembre que los desplazados en Acteal estaban siendo atacados. Tampoco movió un dedo para detener la agresión, aunque fuerzas de Seguridad Pública del estado se encontraban muy cerca del lugar. Y Uriel Jarquín, el subsecretario siempre comisionado a trabajos sucios, también de acuerdo con informaciones periodísticas fue a Acteal la noche del 22 de diciembre para borrar huellas, desaparecer cadáveres y cambiar el escenario de los hechos. No pudo realizar sus propósitos porque se lo impidió la presencia de los hombres de la Cruz Roja.

La conclusión es inequívoca: los tres ex funcionarios mencionados son sospechosos de complicidad en la comisión de ese estremecedor acto de salvajismo y crueldad. Sólo el empeño del gobierno federal en su misma política y la coartada de que lo ocurrido en Acteal es la expresión de confrontaciones intercomunitarias e interfamiliares, como afirma el procurador Jorge Madrazo, puede salvar a esas personas de un juicio penal. El político ya lo hace la opinión pública.

Pero más allá de responsabilidades políticas o penales, el gobierno federal parece no entender las enseñanzas de las últimas dos semanas. Hace concesiones formales, como el cambio del secretario de Gobernación y la sustitución del gobernador de Chiapas, pero hasta el momento no muestra disposición real a renunciar a su táctica de administrar el conflicto y apostar al desgaste y aislamiento del EZLN, táctica que ya ha fracasado. Los zapatistas no abandonan, ni lo harán en el futuro, sus justas demandas pues subsisten las causas que dieron origen a su alzamiento y sus bases de apoyo no van a ceder, como lo han demostrado de manera ejemplar, en su determinación de alcanzar la justicia, el respeto y la paz pero con dignidad. El zapatismo, además, no está aislado. Cuenta con amplia solidaridad nacional e internacional.

La conducta gubernamental, debe subrayarse, sólo ha tenido como resultado el aplazamiento de las soluciones políticas, el florecimiento de grupos paramilitares, muertes, temor y desconfianza entre la población, conversión del Ejército en una institución cada día más policiaca y desprestigiada, pues no da honores el aterrorizar a valientes mujeres y niños indígenas como se está haciendo en estos días en Los Altos y las Cañadas de Chiapas con el pretexto de aplicar la Ley de Armas y Explosivos. De aferrarse el gobierno a su táctica, el conflicto seguirá en un callejón sin salida y crecerán todos los días los riesgos de violencia y las tentaciones de aplastar militarmente al EZLN. El país se asomaría nuevamente al abismo.

Es evidente que, como en otros momentos, sólo la sociedad movilizada, la presión de la opinión pública, la exigencia de los partidos políticos, de los sindicatos y de otras organizaciones sociales podrá orillar al gobierno a rectificar sus enfoque sobre el conflicto en Chiapas y asumir plenamente su responsabilidad de buscar soluciones políticas.