Jaime Martínez Veloz
Hacia una ofensiva por la paz

Los trágicos acontecimientos del pasado diciembre agravaron la tensión en Chiapas, misma que se extendió a todo el país. Contra los pronósticos de los reduccionistas, Acteal sí es la nación.

Más allá de las acusaciones, desmentidos, sospechas, excusas y rumores, hay problemas reales que es urgente resolver. Sin ánimo de agotar el temario, enlisto algunos de los más graves: la masacre en Acteal; la suspensión del diálogo con el EZLN; la existencia de grupos civiles armados; la grave situación de desamparo que enfrentan los desplazados; la tensión que viven comunidades enteras por la presencia no deseada del Ejército Mexicano y la amenaza constante de los llamados grupos paramilitares; la ingobernabilidad en el estado y la debilidad que por diferentes causas enfrentan las instancias de mediación y coadyuvancia. Sobre estos graves problemas, cada uno de los actores involucrados presenta diferentes diagnósticos. Y si los diagnósticos sobre lo que ocurre en Chiapas no son coincidentes, mucho menos los caminos para salvar los obstáculos.

Por encima de estas diferencias, todos los actores involucrados deben reconocer que es necesario construir algunos acuerdos básicos. Hacia el futuro inmediato, es decir, en los próximos días y semanas, será necesario cambiar el ambiente que se ha creado en el último año. Este clima de confusión y provocación está afectando negativamente la capacidad de encontrar soluciones viables, y empuja al EZLN y al gobierno federal a la posibilidad de una confrontación en la que el primero perdería en lo militar y el segundo perdería en la Historia. Toda la nación perdería y se abriría una herida que difícilmente podría ser curada en décadas.

La desconfianza ha aumentado a tal grado, y la parálisis de las instancias de mediación es tan aguda, que estamos a un pequeño tramo de requerir la intermediación de los organismos internacionales.

En este contexto todos los actores, de manera principal el gobierno federal y el EZLN, pero también los gobiernos estatal y municipales, así como los partidos, organizaciones no gubernamentales, instituciones privadas y los poderes Judicial y Legislativo, deben hacer un gran esfuerzo en favor de la paz.

Hay cuatro ejes que en lo inmediato pueden impulsarse: el primero de ellos es el restablecimiento del diálogo gobierno federal-EZLN, a partir de hechos contundentes y verificables. Uno de los cuales es suspender todo acto que pueda ser interpretado como provocador o intimidatorio. Se debe respetar el espacio que brinda la Ley para el Diálogo y el estatus que en ella se da a los zapatistas. En este mismo camino, recuperar el diálogo significa necesariamente cumplir los Acuerdos de San Andrés y, por lo tanto, enviar al Congreso de la Unión la propuesta hecha por la anterior Cocopa, para que el Poder Legislativo sea el escenario en el que se discuta, consense y apruebe dicha iniciativa.

En paralelo a lo anterior, hay que reconocer que la ingobernabilidad que existe en el estado ha llegado a límites peligrosos y funciona en los hechos como un factor negativo sobre cualquier posibilidad de resolver los conflictos. El recambio del gobernador debe ser un paso transitorio a la construcción de una gobernabilidad democrática en un plazo razonable, y de ninguna manera debe significar la entronización de los mismos vicios, pero con otros nombres.

Un tercer eje lo constituye la urgente redefinición del papel que están jugando las dependencias del Ejecutivo federal. En este campo hay que recordar que la función esencial del Ejército Mexicano no es repartir despensas y al mismo tiempo imponer una presencia que, dígase lo que se diga, es interpretada como intimidatoria. La función social, en todo caso, debe ser asumida por otras dependencias que pueden apoyarse en la extensa red de organizaciones sociales que existen.

Por último, la procuración de justicia pasa hoy no sólo por el esclarecimiento de los sucesos de Acteal, sino por todos los hechos de sangre de los últimos años, caiga quien cayere. Al mismo tiempo, debe llegar hasta el desarme de los grupos denominados paramilitares que operan en la entidad, y el castigo a quienes los armaron, entrenaron y protegieron.

Los actores que hoy tienen entre sus manos el futuro de México deben asumir que ceder a la causa de la paz no es de ninguna manera perder.

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