Héctor Aguilar Camín
Chiapas: al Congreso

El conflicto plantado en Chiapas por la rebelión del EZLN en enero de 1994, no ha producido hasta ahora la justicia y el cambio queridos. Ha producido violencia, ilegalidad, muertos y desplazados. Lo siguiente peor que produce es intransigencia y maniqueísmo, tanto en los actores como en los observadores. Cada quien ve lo que quiere ver y lo que cada quien quiere ver es la paja en el ojo ajeno.

Antes de la injustificable y aberrante masacre perpetrada contra ``bases zapatistas'' en Acteal, entre el 15 de octubre y el 5 de diciembre de 1997, habían sido asesinados en la zona quince ``priístas'' y dos ``zapatistas'', sin que en ningún caso se hubiera castigado a los culpables. En la zona norte de Chiapas, donde se propaga una disputa política de mayor intensidad que en Chenalhó, los ``zapatistas'' han matado a 66 ``priístas'' y éstos a poco menos de treinta ``zapatistas''. Las matanzas están lejos de ser obra de un solo bando, pero los actores cuentan y reclaman nada más los muertos de su bando, ocultando, diluyendo o incluso justificando como autodefensa sus propios homicidios.

Algo semejante ocurre con los observadores e intermediarios del conflicto: tienen su bando tomado. Los observadores, en su mayoría favorables a la causa zapatista, tienden a poner el acento en las culpas y omisiones del gobierno, y tienen mucha tela donde cortar. De los observadores corren hacia el arcón de la causa indígena lo mismo genuinos sentimientos de solidaridad y análisis lúcidos, que ríos de lugares comunes, intolerancias bienpensantes y sentimentalismos de baja ley -algunos de ellos, ``poéticos''.

El caso de los intermediarios es también notable. Nadie habla de conciliación en Chiapas, señaló, con justa voz de alarma la comisión legislativa para la Concordia y la Pacificación (Cocopa). Nadie habla tampoco de soluciones. El sábado 10 de enero, en un programa televisivo se reunieron a hablar de Chiapas catorce conocedores e involucrados, entre ellos algunos miembros de la Cocopa. Los oí polemizar durante hora y media, cambiando acusaciones y dicterios, sin que pudieran poner nunca sobre la mesa la discusión de alguna vía para arreglar el problema, algún indicio práctico de a dónde dirigirse.

Lo cierto es que el gobierno de la República ha empezado a corregir su pecado capital de omisión en el caso chiapaneco. Ha cambiado al secretario de Gobernación y al gobernador de Chiapas, funcionarios clave del proceso. Con ello ha destrabado el impasse en que se hallaban las cosas. El contacto político, que estaba interrumpido, ha empezado a darse. Tanto el nuevo gobernador como el nuevo secretario de Gobernación han convocado al diálogo a la Iglesia católica y, en particular, a la diócesis de San Cristóbal, parte visible del conflicto, sin cuyo concurso no habrá solución negociada al mismo.

El gobierno federal procedió también con celeridad, aunque no sé si con pulcritud jurídica, a detener y procesar a los autores materiales e intelectuales de la masacre de Acteal, y mantiene abiertas las investigaciones hacia arriba. Me temo que en sus averiguaciones topará tarde o temprano con la responsabilidad del Ejército en el estímulo a grupos paramilitares, y ésa será su piedra dura de roer.

Pese a todo, las negociaciones formales por la paz no se han reanudado. El encono político en la región no afloja, al punto de que los desplazados ``zapatistas'' de Chenalhó prefieren ver enfermar y morir a sus hijos que recibir la ayuda ``priísta'' del gobierno. Para acabar de poner su parte, el gobierno debe dar pasos claros en el sentido de honrar los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, que firmó. Es el reclamo básico de la otra parte, y tiene razón.

Los acuerdos obligan al gobierno a llevar al Congreso una reforma constitucional en materia de derechos indígenas. La Cocopa redactó un proyecto de reforma que el Poder Ejecutivo Federal encontró débil en varios puntos, y al que le hizo diversas observaciones. Ahí se detuvo el proceso. El Poder Ejecutivo Federal debería seguir ese proceso donde se quedó, enviar al Congreso el proyecto de ley con sus observaciones y dejar que la representación nacional decida en la materia.

Hecho esto, el siguiente paso hacia la negociación y la paz tendría que venir de sus interlocutores.