La matanza de Acteal no sólo ha levantado un clamor general en nuestra nación. Gobiernos, organizaciones internacionales, centenares de intelectuales de primer nivel en todos los países, decenas de organismos sociales, grupos de mujeres, congregaciones religiosas de todo tipo y cientos de ONG, centrales sindicales y los principales diarios del mundo, cualquiera sea su orientación, están reclamando la desmilitarización de Chiapas, el desarme de los grupos paramilitares, el respeto a los derechos humanos de los indígenas, una ayuda urgente a los desplazados y el establecimiento urgente de negociaciones serias de paz. Lo más representativo de la opinión pública internacional se ha hecho eco, en suma, de la exigencia de la sociedad mexicana de atender y resolver, de una vez por todas, el cada vez más peligroso e inadmisible conflicto chiapaneco, en cuyo contexto puede generarse, si no se le busca soluciones urgentes, una situación semejante a la que padecieron hasta hace poco los pueblos de Centroamérica, y que mereció la justa condena y la preocupación del Estado mexicano.

La imagen mundial de nuestro país se está deteriorando rápidamente y las primeras explicaciones que intentaron dar a la opinión pública los diplomáticos mexicanos fueron pronto desmentidas y resultaron, por lo tanto, contraproducentes, pues la mundialización permite a todos informarse directamente e incluso en fuentes alternativas, que ganan creciente credibilidad ante las señales contradictorias que provienen de diferentes fuerzas y organismos estatales y ante el retardo en impartir justicia y en dar cumplimiento a los acuerdos de San Andrés, firmados por el gobierno federal y por la dirigencia de los rebeldes indígenas.

No es posible soslayar que Chiapas ha ido transformándose en un símbolo mundial, como lo fue Guernica, y también en fuente de movilización constante no sólo de los indígenas de toda América sino también de vastos sectores de la opinión pública nacional e internacional que hoy, lunes 12, realizarán, coordinadamente, importantes marchas de protesta y otras acciones en nuestro continente y en Europa.

Con todo, Chiapas es sólo un rincón no demasiado poblado de nuestra República y, por ende, sería posible dar una solución a las demandas de los indígenas y campesinos de esa región. A pesar de eso el costo material y político de la militarización y de la represión, éstas siguen incrementándose a ojos vistas y se corre el riesgo de que lleguen a límites insoportables, pues la reducción del Ejército a una función policial violatoria de su estatuto y de la Constitución misma, así como la inestabilidad de las instituciones centrales y locales (reflejada, por ejemplo, en los cambios constantes de los principales responsables) muestran un peligroso proceso de distorsión del funcionamiento del Estado y de disolución acelerada de sus bases de consenso.

La aparición del EZLN, en enero de 1994, no desencadenó las tendencias represivas y la cerrazón política en Chiapas. Simplemente las exacerbó y las apresuró. Por el contrario, la existencia del zapatismo en armas es, en realidad, resultado de una situación social y política insoportable que en estos últimos tiempos ha ido empeorando. La opinión pública internacional y nacional lo comprende y con gran conciencia se moviliza fundamentalmente por la paz, por el desarrollo social de los grupos indígenas, por el respeto a las decisiones internacionales, al artículo 169 de la OIT, a los derechos humanos que figuran en las resoluciones de Naciones Unidas firmadas por el gobierno mexicano, a la firma a los Acuerdos de San Andrés. No hay ya ni espacio ni tiempo para las tergiversaciones. Si se quiere la paz hay que preparar la paz, no la guerra. Y se debe escuchar el clamor que viene de Polhó, de las zonas indígenas de todo México y de las más diversas regiones del mundo.