Paulina Fernández
Del 12 de enero al 22 de diciembre

Desde la Presidencia de la República se continúa haciendo el mayor esfuerzo por convencer a quien se pueda de que el gobierno federal no tiene responsabilidad alguna de la situación predominante en Chiapas.

Hace unos días Ernesto Zedillo -molesto por el fracaso que significaba el rechazo de los desplazados a su ``ayuda humanitaria''-, insinuó que esos grupos eran los responsables de sus propias desgracias, pues, según el Presidente, deliberada y sistemáticamente obstaculizan la presencia de las instituciones gubernamentales ``para luego culparlas tanto de la falta de atención a la población más necesitada como de omisión en tragedias como la de Acteal'' (10/01/98).

Lo que Zedillo pretende ignorar es que las condiciones en las que actualmente se encuentran los pueblos indígenas de Chiapas son consecuencia de su política hacia el EZLN. Por ello, más que el 12 de enero de 1994, lo que hoy recuerdan los acontecimientos del 22 de diciembre de 1997 es la traición del 9 de febrero de 1995, y los interminables conflictos que le han sucedido hasta la fecha.

Desde los primeros comunicados del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General difundidos después de la ofensiva militar de ese febrero, el Ejército Zapatista denunciaba que el gobierno de Ernesto Zedillo estaba matando niños, golpeando y violando mujeres (11/02/95). Días después el EZLN informaba que, conforme el Ejército federal avanzaba, se iba encontrando poblaciones de- siertas, pues los civiles preferían huir a las montañas antes de ser víctimas de las arbitrariedades de los soldados (17/02/95). Más tarde, el CCRI-CG denunciaba que el Ejército Mexicano se estaba dedicando al saqueo de las pobres viviendas de los campesinos indígenas, al robo de sus tiendas cooperativas, a la destrucción de sus campos de cultivo, al pillaje de ganado de las comunidades. Pruebas de todo podían ser recabadas entre la población civil y en los ejidos La Garrucha, El Prado, San Juan, Sultana, Nueva Estrella, Las Tazas, La Unión, La Grandeza, Ibarra, Laguna Santa Elena, Guadalupe Tepeyac, Vicente Guerrero, Nuevo Momón y muchas otras, todas ellas comunidades de la selva Lacandona (23/02/95).

Aunque se sabía que las acciones de los soldados incluían casas destruidas, tiendas saqueadas, alimentos en grano envenenados con químicos, ametrallamiento de cafetales y milpas, salida constante de camiones del Ejército Mexicano cargados de ganado de las comunidades, la permanencia de los militares siempre se justificó oficialmente por la supuesta ``labor social'' que desarrollaba el Ejército y la necesaria vigilancia de la ``tranquilidad social'' en la selva Lacandona.

El Presidente de la República no puede considerarse ajeno a lo que ha ocurrido en Chiapas desde que él se hizo cargo del gobierno federal. La supuesta y muy reciente preocupación presidencial por hacer llegar servicios de salud y educación a los desplazados de Los Altos -aún en contra de la voluntad de éstos-, se explica como una respuesta política del gobierno federal que, ante la creciente indignación nacional y la presión internacional, procura deslindarse lo más posible de la responsabilidad que sobre la matanza de Acteal, en diversos países se le atribuye.

La preocupación del gobierno está donde la atención mundial lo está exigiendo hoy. Sólo de esta manera se puede entender -que no aceptar- el olvido en que se ha abandonado a desplazados de guerra de otras zonas del mismo estado de Chiapas. Tal es el caso de la totalidad de los habitantes de Guadalupe Tepeyac, que viven en el exilio desde que el Ejército Mexicano convirtió su pueblo en cuartel (y burdel) hace tres años, sin que Zedillo se acuerde del bienestar de esos expulsados.

La marcha de este 12 de enero, además de condenar la matanza del 22 de diciembre de 1997, servirá también para recordar que, mientras el presidente Zedillo hablaba de paz y diálogo, su gobierno preparaba una ofensiva militar contra el EZLN el 9 de febrero de 1995, y que desde entonces no ha cesado la guerra contra las comunidades indígenas en las distintas regiones de Chiapas.

A diferencia de la demanda principal de la sociedad civil en enero de 1994, hoy no es suficiente pedir sólo que haya paz en Chiapas, es necesario exigir el retorno del Ejército Mexicano a sus cuarteles, la desparamilitarización de las organizaciones priístas, y hechos concretos -no más declaraciones vacías- que sienten las bases para el cabal e inmediato cumplimiento de los acuerdos de San Andrés.