La conciencia de la sociedad despierta otra vez conmovida e indignada por Chiapas, y éste puede ser el impulso político inicial para avanzar con seriedad y profundidad en la reforma del Estado.

Ni Aguas Blancas ni las matanzas en Chiapas deben volver a ocurrir nunca más. No debe terminar todo apenas en el encarcelamiento de los asesinos materiales e intelectuales de pérfidos crímenes como los ocurridos en Acteal, aunque debe llegarse hasta el fondo en el castigo de estas muertes cometidas por mentes desquiciadas. Tampoco el asunto puede quedar en la atención de necesidades básicas urgentes surgida de manera coyuntural por la conmoción de la sociedad frente a las dantescas condiciones en que están muriendo indígenas chiapanecos. Mucho más allá, es tiempo de avanzar en la creación cierta y sólida de un estado de derecho que dé efectivas condiciones de protección y posibilidades de desarrollo a todos los mexicanos, especialmente a las comunidades más débiles.

El Estado es la sociedad organizada en su máximo nivel. Como hemos insistido en este espacio, no hay duda de que, como en todas partes, en México existen enormes problemas para la conformación de las representaciones políticas de la diversidad social y, por tanto, para una conformación política cabalmente legítima del poder del Estado, vale insistir, del poder organizado de la sociedad.

La reforma del Estado nos exige construir nuestra propia versión de una democracia liberal, acorde con la real heterogeneidad social existente, expresión y producto de la desigualdad y de la exclusión histórica (en grados diversos) de distintos grupos y segmentos de la sociedad mexicana, con las comunidades indígenas en el fondo.

Si el Estado representa el pacto social, este pacto no es algo que en México pueda darse entre iguales, porque no existe tal igualdad más que en las abstracciones jurídicas del liberalismo.

El simplismo extremo del liberalismo de reducir a todos los individuos a la calidad de ciudadanos, es absolutamente impropia para el caso de México. Sólo un piso mínimo de desarrollo e igualdad reales económico-sociales pueden regirse por esa abstracción de ``todos iguales frente a la ley'' respecto a los derechos políticos. El Congreso debe actuar ya, sin perder de vista la heterogeneidad social real al dar forma de ley a las reformas del Estado.

Es ineludible fundar las representaciones políticas a partir de esa heterogeneidad, a fin de crear las vías que conduzcan a un abatimiento gradual y verificable de la desigualdad. Creer que se pueden formar ciudadanos por decreto es un total despropósito.

De ahí la necesidad, entre muchas otras, de instituir, para el caso de las comunidades indígenas, formas de representación y participación en la conformación del poder del Estado, que permitan su efectiva protección y desarrollo, como las autonomías demandadas por esas comunidades. A ello debería agregarse una cuota en la representación nacional para esas mismas comunidades, conformada a través de los partidos políticos.

El Estado mexicano, como ocurre ahora nuevamente en todas partes, no puede atenerse más al fetiche del mercado autorregulado. La imperiosa necesidad del abatimiento de la desigualdad exige someter a control social el actual orden económico, especialmente en lo que hace a la forma por necesidad excluyente en la que el mercado distribuye: la concentración de la propiedad y del ingreso y la profundización de la desigualdad hoy avanzan en la inmensa mayoría de los países desarrollados y subdesarrollados. La libertad de mercado es necesaria pero no puede ser irrestricta. Su límite debe terminar necesariamente donde empieza la injusticia social. La línea de demarcación, es claro, no puede ser sino una construcción política y jurídica.

Nichos jurídicos especiales deben proteger a las comunidades de los excesos de la economía de la sociedad global. Y deben hacerlo también con sus costumbres y culturas, permitiéndoles el ritmo de transformación que las propias comunidades decidan. Este sería, en nuestro caso, un real régimen de libertades.