Cuando la nueva secretaria de Relaciones Exteriores Rosario Green dice que la masacre de Acteal no dañó la imagen del gobierno, ¿alguien le cree? Cuando por enésima ocasión una denuncia del Ejército mexicano busca involucrar al obispo Samuel Ruiz, ¿alguien le cree? Cuando el secretario de Gobernación Francisco Labastida señala que el clima de enfrentamiento en Chiapas ``ya culminó'', ¿alguien le cree?

Con los muertos de Acteal se enterraron también los últimos vestigios de credibilidad que conservaba el discurso gubernamental hacia Chiapas. Si las palabras oficiales rara vez correspondieron a sus acciones, la distancia que existe hoy entre ambas es abismal. El gobierno ha sido incapaz de articular una versión verosímil de la matanza. Sigue, a más de tres semanas de los asesinatos, sentado en el banquillo de los acusados, tratando, inútilmente, de mostrar su inocencia.

Lejos de crear un clima de confianza y certidumbre, las declaraciones del nuevo secretario de Gobernación han profundizado la confusión. Francisco Labastida no sólo ha mostrado un grave desconocimiento del conflicto chiapaneco, sino que ha dedicado parte significativa de sus intervenciones a desmentir a su comisionado para la Paz, al jefe de la VII Región Militar en Chiapas y, con bastante frecuencia, a sí mismo. Por su voz habla la balcanización del Estado mexicano.

Irresponsablemente ha hecho afirmaciones que faltan a la verdad y enturbian aún más el clima político nacional. En la entrevista que le hizo Ricardo Rocha en su programa Detrás de la Noticia, el domingo 11 de enero, el titular de Gobernación afirmó que el Ejército mexicano no había avanzado sobre comunidades zapatistas, que según la Ley del Diálogo los rebeldes podían estar armados dentro de sus comunidades, que la Iniciativa de Ley de la Cocopa sobre Derechos y Cultura Indígena plantea la colectivización de las tierras de las comunidades indias, y que los comentarios a la Iniciativa de la Cocopa del 20 de diciembre de 1996 habían sido elaborados por la Secretaría de Gobernación.

Nada de esto es cierto. El Ejército mexicano ha centrado el grueso de sus operaciones en comunidades zapatistas, y los paramilitares siguen libres y protegidos por la autoridad. En la Ley para el Diálogo se habla de la cuestión de las armas en un solo artículo, el Sexto, donde se establece: ``En los espacios de negociación, determinados de común acuerdo, no se permitirá la portación de ningún tipo de armas''. Es falso que en la Iniciativa de Ley de la Cocopa se trate de colectivizar las tierras de las comunidades indígenas. Si se plantea que es un derecho el ``acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios, entendidas éstas como la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas usan u ocupan, salvo aquéllos cuyo dominio directo corresponde a la nación''. La interpretación que da el secretario de Gobernación a la redacción del texto sólo es explicable a partir de la desinformación o de la mala fe que han sostenido comentaristas como Sergio Sarmiento, pero son inadmisibles en el responsable de la política interior del país. Finalmente, los comentarios a la Iniciativa de la Cocopa del 20 de diciembre, no fueron hechos por la Secretaría de Gobernación sino por el jefe del Ejecutivo. Que Labastida Ochoa quiera quitarle la responsabilidad de los hechos a la Presidencia de la República es explicable, pero sólo puede hacerlo faltando a la verdad.

Las declaraciones sobre Chiapas de los encargados de despachos del Ejecutivo tienen dos objetivos básicos. El primero es tratar de diluir la responsabilidad gubernamental en la matanza de Acteal. La segunda es ganar tiempo.

El gobierno federal no tiene más estrategia para Chiapas que la que ha aplicado hasta ahora. El cambio de funcionarios no ha significado un cambio de políticas. En lo esencial consiste en apretar militarmente a los zapatistas, paramilitarizar el conflicto (véase, si no, la operación para limpiar la imagen de Paz y Justicia en los medios), tratar de desgastar a los rebeldes socialmente y apostar al olvido. No ofrecen la paz sino el desarme del EZLN. No están dispuestos a negociar sus demandas sino apenas su reinserción en la vida civil. Si las cosas se complican aún más, enviarán la iniciativa de Ley de la Cocopa para que una coalición PRI-PAN modifique sus términos. Para ello necesitan ganar tiempo. Su política se topa empero con un grave problema: ¿alguien le cree?